Por una entente cordial entre las VTC y el taxi

La imaginación siempre es ir más allá de la norma, y la innovación tecnológica es pura imaginación. Fue a partir de la imaginación de las plataformas digitales para alquilar vehículos con conductor que se configuró una nueva realidad que rompía las normas vigentes, lo que puso a los gobiernos del mundo ante un acertijo regulatorio. De este modo, la controversia que actualmente existe entre las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor, las VTC, y los taxis, es parte de ese jeroglífico cuya esencia reside en la confrontación de dos modelos. Por un lado, las VTC buscan liberarlo de normas para maximizar sus soluciones de movilidad sin atender los impactos negativos que generarían. Por otro, los taxistas pretenden preservar un modelo que reivindica su carácter de servicio público y, como tal, que permanezca regulado para garantizar unos estándares de seguridad, funcionamiento y rentabilidad.

En esa confrontación, los gobiernos han intervenido sin aún haber logrado una solución óptima, coherente y uniforme. El Gobierno de España, a través del Real Decreto Ley 13/2018 aprobado el pasado viernes en Consejos de Ministros, pretende por fin ofrecer una solución satisfactoria en la que prime la racionalidad, la convivencia, la innovación y el bienestar general para todos, esto es, para consumidores, para conductores y para la sociedad a través de un sistema de movilidad eficiente y sostenible.

Son las ciudades las que al final deben decidir sobre la política pública de transporte

La principal medida incorporada en el Decreto Ley es la de situar la regulación de las VTC que prestan servicios de ámbito urbano en el nivel autonómico y local. Para ello, se facultó a las autoridades locales de la potestad para regular su operatividad a nivel urbano, alterando las actuales condiciones de las VTC, quienes con su licencia actual pueden operar a nivel urbano e interurbano. Para compensar los perjuicios de esa nueva condicionalidad, el Gobierno establece un período transitorio de cuatro años durante el cual las VTC podrán seguir operando como en la actualidad, también a nivel urbano, con el fin de recuperar la inversión acometida en el pasado.

Ese cambio normativo dota de racionalidad a la solución del Gobierno por tres motivos: adecua la legislación a la realidad de la era digital; cumple con el principio de subsidiariedad que recomienda la UE; e integra la VTC al taxi y al resto de servicios de movilidad urbana, lo que permitirá que las autoridades locales puedan diseñar una estrategia de movilidad atendiendo a su realidad particular, procurando el modelo que estimen más eficiente y sostenible.

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Esta solución también atiende a una convivencia pacífica, pero competitiva, entre las VTC y los taxis. Desde el Gobierno estamos seguros de que en las grandes urbes hay espacio para todos. En Madrid y Barcelona, en torno al 33% y el 25% de los desplazamientos se producen en vehículos particulares, un sistema de transporte que es altamente ineficiente por su poca ocupación, su tasa de utilización, y que es lento en horas punta y altamente contaminante. Entre tanto, en esas ciudades el desplazamiento a través de taxi y VTC no llegan al 4% del total, lo que deja margen para una expansión de este tipo de servicios.

La tendencia de las políticas públicas es promocionar el transporte público masivo, el más eficiente. Sin embargo, aquellos individuos que precisen de un transporte en vehículos de turismo, tendrán como principal alternativa al taxi o la VTC.

La innovación es corolario de la convivencia competitiva bajo un marco normativo coherente establecido por las autoridades locales, lo que significará que todo este segmento tenderá a ser más moderno, eficiente y de vanguardia. La mejora del servicio se traducirá en un mayor bienestar y comodidad para el usuario. Pero ese tema del bienestar es mucho más complejo, y no se limita sólo al consumidor.

También nos preocupa el conductor y la sociedad, por lo que hay que extremar el cuidado respecto a las potenciales externalidades negativas que un mercado excesivamente liberalizado puede provocar: canibalizar el sector iría en detrimento de las propias compañías, de los conductores y de la eficiencia de la movilidad urbana. De las propias compañías, porque entran en una competencia ruinosa: se ha visto en mercados donde Uber se ha enfrentado al gigante chino del sector, Didi Chuxing; de los conductores de VTC y taxis, porque se terminan exprimiendo los márgenes y afecta a sus salarios y condiciones laborales. Véase el ejemplo de Nueva York: el aumento de coches de Uber y Lyft en la Gran Manzana hizo que sus conductores ganaran un 53% menos en 2017 de lo que lo hacían en 2013, según un estudio de JP Morgan. Y finalmente, de la propia ciudad: saturar sus calles de vehículos VTC deriva en congestión y contaminación.

Las nuevas creaciones imaginativas que aporta la tecnología ofrecen muchas soluciones flexibles y eficientes a la movilidad, pero siempre que esté enmarcado dentro de la política pública de transporte de cada ciudad. Por eso, son ellas, las ciudades, las que finalmente deben decidir.

Pedro Saura es secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda