Los bancos pagan un 28% menos por el impuesto sobre los depósitos
En 2016 se recaudaron 345,6 millones de euros por el gravamen que paga la banca
Las comunidades autónomas recaudaron 345,6 millones de euros por el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito que pagaron los bancos en 2016, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda. Esta cantidad es un 28% inferior a la que ingresaron el ejercicio precedente. Extremadura, Andalucía y Canarias recibieron otros 277 millones de euros por las compensaciones que el Estado les abona por haberles congelado esta tasa durante casi una década. Los bancos también pagaron menos en 2017, según las previsiones presupuestarias de las autonomías.
En pleno debate suscitado por el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de establecer un nuevo impuesto a la banca para ayudar a financiar las pensiones, el gravamen sobre depósitos de las entidades de créditos pierde fuelle. Este impuesto, que pagan los bancos por los ahorros que sus clientes mantienen en sus oficinas, aporta cada vez menos recursos a las arcas de las comunidades autónomas. Los 345,6 millones recaudados en 2016, supone un 28% menos que el ejercicio anterior. Este impuesto, que no lo pagan directamente los ciudadanos sino los bancos, se reparte entre las autonomías según el número de oficinas que hay en cada territorio y los ahorros depositados en ellas.
La historia de este impuesto refleja lo enrevesado del sistema tributario español y la complejidad de las relaciones entre las diferentes administraciones territoriales. El impuesto nació en 2001. Fue ideado por el expresidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien trató de aprobarlo con la idea de financiar determinados programas sociales. Ibarra creía que los bancos apenas dejaban rendimientos por la actividad en Extremadura porque tributaban en otros territorios.
Recursos judiciales
Pero la iniciativa del impuesto extremeño fue recurrida por el Ejecutivo de José María Aznar y quedó varado durante 10 años en los tribunales. En 2010, Andalucía también trató de sacarlo adelante, pero se encontró con el mismo obstáculo judicial. Esta vez frente al Ejecutivo socialista de Zapatero, que defendía que había que evitar la “segmentación y distorsión del mercado financiero”. Dos años más tarde, fue Canarias la que intentó aplicarlo. La historia se repitió.
Pero el 14 de noviembre de 2012 cambió el relato. El Tribunal Constitucional avaló finalmente, tras una década, el impuesto extremeño. Ibarra, ya retirado de la política, celebró sacó pecho: “Hoy todo el mundo tiene sus rencillas, sus cuitas y sus quejas respecto al sistema financiero. Es muy fácil apuntarse a la crítica a los bancos, pero entonces, en plena expansión económica, ellos eran los buenos y los gobernantes extremeños eramos los malditos, los ignorantes, los analfabetos, los rojos peligrosos, el bellotari..”.
En ese momento, algunas comunidades trataron de aprovechar el nuevo escenario jurídico. La crisis había dejado como un colador las arcas regionales y Cataluña o Asturias trataron de aprovechar esa oportunidad.
Pero el Ejecutivo popular levantó un nuevo muro. Para taponar la proliferación del impuesto y que cada comunidad tuviese una regulación diferente sobre el mismo hecho imponible, el Ministerio de Hacienda, que en aquella época dirigía Cristóbal Montoro (PP), trató de bloquearlo. Creó un tributo similar pero de carácter estatal, que anulaba los que tenían las comunidades autónomas. Además, fijaba un gravamen del 0% para proteger a los bancos de tributar.
La decisión provocó un gran revuelo entre las comunidades, que se quejaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) —el cónclave del ministerio de Hacienda y los consejeros del ramo— en 2013. Ante la presión de los barones autonómicos y las dudas legales, Montoro elevó el tipo impositivo del tributo al 0,03% sobre los depósitos bancarios a partir de 2015. El dinero recaudado se repartiría entre las comunidades. Ese año se recaudaron unos 478 millones. Además, Hacienda aportó otros 310 millones en compensaciones a las comunidades que habían establecido el impuesto originariamente (Extremadura, Andalucía y Canarias).
El año siguiente los bancos pagaron un 28% menos, unos 345,6 millones, según la ejecución presupuestaria de las cuentas autonómicas recopilada por Hacienda. El Estado además, abonó a Extremadura, Andalucía y Canarias otros 277 millones por las compensaciones. Los Presupuestos regionales de 2017 revelan que la cosecha de este tributo sigue empeorando ligeramente. Habrá que esperar a la liquidación definitiva para ver cuánto ha sido la recaudación real. Mientras tanto se aviva la polémica por el nuevo impuesto a la banca.
A la espera del nuevo tributo a las entidades financieras
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció hace unas semanas en el Congreso de los Diputados que aprobará un nuevo impuesto a las entidades de crédito para financiar las pensiones. El nuevo tributo tendría carácter finalista y su aportación iría a tapar exclusivamente el déficit de la Seguridad Social.
“El impuesto sobre el sector bancario se hará en línea con lo que se está trabajando en Europa”, dijo la ministra en la Cámara Baja. El Gobierno, no obstante, no tiene definido aún la estructura del impuesto. Montero explicó que el Ejecutivo sigue “explorando” diferentes alternativas para el impuesto a la banca“para que el sector haga una contribución efectiva en términos tributarios”.
Las últimas críticas de los principales bancos españoles han enfriado la medida. El Ejecutivo ha dejado de hablar de la medida después de que el banco más grande, el Santander, advirtiera de que si finalmente se aprueba el nuevo impuesto “cambiará sus estructuras legales”, aunque no baraja trasladar su sede fuera de España. Hacienda admite la dificultad técnica de establecer el nuevo impuesto.
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