La banca echa un pulso al Gobierno por la futura tasa

El pasado 9 de enero, Pedro Sánchez, entonces solo secretario general de los socialistas, anunció que si los españoles contribuyeron “con el sudor de su frente” al rescate de la banca, lo “justo” es que ahora sea la banca quien ayude a sostener el sistema de pensiones mediante un nuevo impuesto que recaude 1.000 millones.

Desde junio Sánchez es presidente de Gobierno, y ha ratificado su intención de implantar la nueva tasa, lo que ha provocado una contundente e inédita reacción de toda la banca. El sábado, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dijo que entiende las duras criticas del sector al Gobierno por este impuesto, pero el Ejecutivo mantiene el objetivo de ponerlo. “No estamos haciendo nada excepcional que no se haga en otros países de Europa”, dijo Ábalos en una entrevista publicada por El Economista.

Es cierto que el Reino Unido, Francia o Portugal tienen impuestos a la banca, pero están enfocados a reforzar los fondos de garantía ante posibles nuevas crisis financieras. También Austria, Letonia, Holanda, Suecia o Islandia crearon figuras impositivas, algunas temporales, pero ninguna con el objetivo de recuperar las pensiones.

A los bancos no solo les duele pagar esta tasa y ganar menos. Fuentes de la industria financiera, que piden el anonimato, coinciden en criticar al Gobierno por la manera en la que ha planteado el impuesto. “Después de la crisis se ha demostrado que es imprescindible tener un sector bancario solvente porque somos el sistema de pagos. No se entiende que el Ejecutivo cargue contra nosotros y nos enfrente a la sociedad al situarnos como culpables de todos los males, después de los miles de millones que han aportado nuestros accionistas para limpiar los balances de los activos tóxicos y las ayudas realizadas para que muchas empresas salgan adelante”.

La patronal bancaria (AEB) apunta más problemas. En declaraciones a EL PAÍS, José María Roldán, presidente de esta organización, explica: “Tenemos que ser muy cuidadosos con las distorsiones a la competencia que puede generar un nuevo impuesto o un incremento de la presión fiscal. Hay que evitar los incentivos erróneos, por ejemplo penalizando el empleo en el sector bancario, y evaluar con cuidado los efectos conjuntos que pueden tener sobre el sector todas las reformas que se están planteando”.

Una de las mayores incógnitas es si el impuesto elevará el precio de los productos bancarios. Para que no existan dudas, Carlos Torres, consejero delegado del BBVA, lo advirtió con claridad en junio pasado. “Un impuesto solo a un sector distorsionaría la competencia y encarecería el crédito”.

El presidente de la AEB apoya esta tesis, aunque con matices. “En teoría, un aumento de la presión fiscal puede conllevar una menor provisión de servicios a un mayor precio... en la práctica, todo depende de la elasticidad de las curvas de oferta y demanda”.

Impacto en los precios

Si la medida del Gobierno tiene que pasar por el Parlamento, no encontrará el apoyo de todos los grupos. El PP está en contra, al igual que Ciudadanos. Francisco de la Torre, portavoz de Economía de esta formación, coincide en el problema de los precios. “Si a todos los bancos se les suben los costes, lo más normal es que eleven los precios de sus servicios, incluso aunque haya mucha competencia”. Nuria Álvarez, analista bancaria de Renta 4, matiza esta opinión. Apunta que “si el impuesto grava los depósitos, como se ha comentado en el mercado, los bancos podrían fomentar los fondos de inversión sobre los que no tributarán y tienen relevantes comisiones de gestión”.

Miguel Otamendi, director general del banco Nomura, considera que si finalmente llega el impuesto “lo pagarán los clientes bancarios y puede que los accionistas, dependiendo del modelo de tasa que se imponga”.

Precisamente, ha sido la referencia a los accionistas lo que esgrimió José Antonio Álvarez, consejero delegado del Banco Santander, para oponerse frontalmente a la iniciativa del Gobierno. “Nuestros accionistas nos obligarían a buscar fórmulas para evitar la doble imposición de los dividendos; por eso haríamos cambios de las estructurales legales”.

Fuentes bancarias aseguran que el Santander no está pensando en llevarse la sede fuera de España. Los bancos temen que se ponga una tasa mínima en el impuesto de sociedades por debajo de la cual no se permitirá aplicar deducciones. Esto podría llevar a esa doble imposición ya que los dividendos pagan impuestos en los países de origen y podrían volver a tributar en España. Para evitarla, los bancos con filiales podrían cambiar su sistema y convertirlos en sucursales.

Los banqueros están preocupados porque esta incertidumbre está afectando a sus cotizaciones en Bolsa, coinciden Otamendi y Álvarez. Por eso, la banca pide que se conozca el impuesto cuanto antes: “La incertidumbre ahuyenta a los inversores y necesitamos capital para poder prestar”, dicen en el sector.

Según Roldán, que no niega contactos con el Gobierno, “al sector lo que se le debe exigir es que sea solvente y fuerte para poder seguir financiando el crecimiento económico. El impuesto no es razonable”.