El fin del ‘timo de la gastroenteritis’

Hace dos años que estalló el escándalo del bautizado como el timo de la gastroenteritis. Una estafa que consistía en la presentación de reclamaciones fraudulentas por supuestas intoxicaciones alimentarias sufridas por turistas británicos durante sus vacaciones en España. Un montaje que ha causado un importante daño económico a las empresas del sector y un perjuicio potencial a miles de turistas honrados.

Hoy, a pesar de que más de un tercio de las demandas están pendientes de revisión por los tribunales británicos, las distintas acciones legales adoptadas para frenar este negocio han dado su fruto. Condenas civiles y penales por fraude, con penas incluso de cárcel a los veraneantes; sanciones a las sociedades que se dedicaban a captar turistas; mensajes contundentes de los colegios profesionales; o la decidida actitud de las autoridades, han normalizado la situación y apuntan a que no volverá a repetirse un timo masivo similar.

El Gobierno británico, consciente del impacto negativo que para la reputación de sus ciudadanos han tenido estos hechos, ha adoptado una serie de modificaciones regulatorias que ya se encuentran en vigor. Ahora, estas reclamaciones se incluyen en el sistema de costes legales fijos, una limitación con la que se pretende que los operadores turísticos puedan defenderse en juicio de las falsas demandas por intoxicación. Antes, estos gastos, que en Reino Unido deben pagarse al perjudicado siempre junto a la indemnización, superaban en muchos casos con creces su valor, por lo que resultaba más barato llegar a un acuerdo extrajudicial que litigar. Además, los abogados británicos ya no podrán cobrar honorarios desproporcionados por estas demandas.

Fue en el verano de 2016 cuando se detectó un incremento exponencial de reclamaciones por gastroenteritis contraídas por visitantes británicos en régimen de todo incluido en alojamientos de la costa española. En ese momento, hoteles, aseguradoras y turoperadores centraron sus esfuerzos en obtener pruebas del timo y combatirlo. Resultaba sospechoso que solo enfermaran los británicos. Además, el patrón se repetía. La dolencia era comunicada mucho después de haber finalizado las vacaciones, aprovechando que la ley de Reino Unido da un plazo de tres años para efectuar este tipo de reclamaciones. La única prueba que se presentaba para exigir la devolución del coste del viaje era el recibo de un antidiarreico adquirido en una farmacia.

No existen datos oficiales respecto del impacto económico global, pero en el marco de la investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma de Mallorca por un posible delito de estafa masiva, el Gobierno balear ha estimado que el timo ha podido suponer la pérdida de 50 millones de euros.

Para defenderse de las falsas denuncias, el sector hotelero tuvo que reaccionar con medidas extraordinarias y costosas. Los hoteles reforzaron sus protocolos, incrementaron el número de muestras analizadas e implementaron registros de control de las comidas y consumiciones de los huéspedes. Algunos de ellos contrataron detectives que colaboraron con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las autoridades judiciales en la obtención de pruebas para desenmascarar la trama.

Las reclamaciones llegaron a aumentar un 380% en 2016, señala Carlos Gómez Pascual, director del área corporativa y comercial global de la aseguradora Generali España. Para intentar reducir el alto coste de la gestión de estas demandas, la aseguradora siguió una doble línea de trabajo. Por un lado, llegar a acuerdos extrajudiciales. Por otro, recurrir a la justicia en aquellos casos en los que la reclamación presentaba indicios de ser fraudulenta.

Como afectados directos de las reclamaciones conforme a la ley de viajes combinados, los turoperadores han tenido un papel destacado en la lucha contra este fraude. Andrew Flintham, director general de TUI en Reino Unido e Irlanda, explica cómo, en estrecha colaboración con los hoteles, han trabajado para concienciar a los consumidores, informando y alertando a las "audiencias clave" (por ejemplo, a través de la prensa británica). También denunciando conductas irregulares a los distintos órganos reguladores de Reino Unido. Una intensa actividad que les ha llevado a investigar y defender muchas reclamaciones, "incluso ejercitando acciones penales". El objetivo común era proteger la industria y a los turistas, que podrían haber sufrido un incremento del precio de las vacaciones. "Es realmente decepcionante que hayamos tenido que llevar esto tan lejos para defender a turistas honestos", lamenta Flintham.

El rigor de los tribunales británicos para castigar hasta con la cárcel a quien se inventa una intoxicación ha mandado un claro mensaje: mentir no sale gratis. En septiembre de 2017, se dictó una de las primeras sentencias en Reino Unido condenando a un matrimonio a una pena de cárcel y al pago de los gastos legales del turoperador demandado. Pimentel advierte de que "quien comete un fraude o está dispuesto a cometerlo asume el riesgo de ser condenado a una pena de prisión". Los tribunales, explica, han elevado su exigencia en relación con las pruebas presentadas, señalando una serie de pistas para decidir sobre los casos abiertos. Y, aunque no le constan procedimientos contra los despachos de abogados implicados en la trama, las autoridades regulatorias han contribuido activamente a la normalización de esta situación, recordando a sus miembros sus distintas obligaciones legales y deontológicas e imponiendo sanciones por incumplimientos normativos.

La estrategia y colaboración estrecha entre hoteles, aseguradoras y turoperadores ha conseguido cercar a los estafadores, no obstante, los afectados recomiendan no bajar la guardia.