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Londres facilita la vía legal para poner coto a las falsas intoxicaciones de turistas en España

El Gobierno de May reforma normas para disuadir a los veraneantes de fingir enfermedades para lograr cuantiosas indemnizaciones

Turistas en la playa de Palma, Mallorca, el verano pasado.
Turistas en la playa de Palma, Mallorca, el verano pasado.

Este verano, el timo de las falsas intoxicaciones alimentarias denunciadas por turistas británicos en España para conseguir jugosas indemnizaciones, que sacudió la industria turística española con particular dureza en verano de 2016, va a ser más difícil. El Gobierno británico pondrá en marcha nuevas medidas, que anunció ya hace meses, para poner freno a estas falsas denuncias, alimentadas por tramposos despachos de abogados. Se fijarán límites a las costas legales que pueden reclamar los turistas, cerrando así el vericueto jurídico por el que se ha colado el aluvión de denuncias falsas.

En la actualidad, no existe un límite legal a las facturas de las compañías que gestionan las reclamaciones por incidentes que suceden en países extranjero. Por ello, muchos turoperadores, ante la perspectiva de verse obligados a pagar costes exorbitados, acaban prefiriendo llegar a acuerdos económicos con los demandantes antes del juicio, que es justo lo que persiguen los turbios despachos que gestionan las reclamaciones.

Al abaratar la vía judicial, a los turoperadores les compensará combatir en los tribunales las falsas reclamaciones. Hasta ahora, esta vía era tan costosa que estas empresas, tras recibir la denuncia, solían pactar una indemnización con el cliente fuera de los juzgados, que luego descontaban a los hoteles españoles.

Según una nota difundida ayer por la embajada británica en España, el Gobierno británico que dirige Theresa May pidió al Comité de Procedimiento Civil —encargado de fijar las normas sobre costes legales— que estudiase incluir este tipo de reclamaciones al "régimen de costes fijos recuperables". De este modo, los turoperadores que se enfrenten a estos casos sólo desembolsarán una tasa fija en función del importe de la reclamación y la duración del proceso. Es decir, sabrán de antemano los costes legales de un proceso. Según la nota, el comité ya ha decidido hacer esos cambios normativos que estarán vigentes antes del verano y que, en palabras del embajador británico, Simon Manley, "ayudarán a disuadir a los que se puedan sentir tentados" de reclamar falsamente. Según la Asociación de agentes de viaje británicos (ABTA, por sus siglas en inglés), de 2013 a 2016 las reclamaciones por intoxicaciones crecieron en un 500%, de 5.000 a 35.000, mientras bajaban en todo el mundo.

La propia nota oficial afirma que estos cambios "ayudarán a los turoperadores a impugnar por vía judicial las reclamaciones fraudulentas", algo que hasta ahora no hacían por lo elevado e incierto de los costes. Ante ese vacío legal, despachos de abogados y compañías de seguros animaban a los turistas británicos que visitaban España a hacer esas falsas reclamaciones, enviando incluso representantes —y hasta furgonetas-oficina— a los propios hoteles para captar veraneantes dispuestos a fingir una diarrea a cambio de unas vacaciones gratis e incluso un pellizco de dinero extra. Según una investigación judicial llevada a cabo en Palma, estos despachos de abogados garantizaban hasta 18.000 euros de compensación, de los que se quedaban el 60%. Así, habían estafado hasta 60 millones a hoteles españoles, según denunció la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), ya que los turoperadores que pagaban las compensaciones luego les trasladaban el importe a los hoteles donde se producían las falsas intoxicaciones.

Ramón Estalella, secretario general de CEHAT, valoró como “muy importantes” las medidas anunciadas por el Gobierno británico. “Si limitan los gastos máximos, los abogados mafiosos no tendrán dinero que ganar y no les interesará pleitear”, celebró. Además, añadió que también fue importante que a partir de finales del año pasado los jueces comenzaron a obligar al perdedor de estos pleitos a pagar las costas legales. Explicó que “antes, a un turoperador no le interesaba pleitear porque gastaba mucho en abogados y, aunque ganase, no le compensaba porque no había condenas en costas y no recuperaba ese gasto. Ahora sí, y entonces, estos bufetes se lo piensan más”. Entre ambas cosas, según Estalella, estos fraudes “van a ser residuales o a desaparecer” a partir de ahora. “No estamos en contra de las reclamaciones, damos la cara cuando son reales, pero no estamos dispuestos al chantaje de los mafiosos”, sentenció.

El aumento de estas reclamaciones falsas en los últimos tiempos, además de dañar la reputación de los turistas británicos, tenía el peligro de acabar elevando el precio de los paquetes de vacaciones que ofrecen los turoperadores a los turistas británicos que visitan España, 18,7 millones en 2017. La nota de la embajada también menciona el deterioro de imagen de los británicos en el mundo, y reproduce unas declaraciones del secretario de Estado de Justicia, Rory Stuart, en las que denuncia que el fraude de las intoxicaciones "perjudica al sector del turismo y expone a los turistas a una subida de precios", además de dañar "la reputación de los ciudadanos británicos en el extranjero".

La medida, informa el Gobierno británico, se enmarca en una lucha contra la "cultura de las indemnizaciones", por la que también recientemente se ha introducido "una ley de responsabilidad civil que incluye medidas para reducir el inaceptable número de reclamaciones por latigazo cervical y para permitir a los seguros rebajar las primas". Otras reformas contemplan la prohibición de las "llamadas en frío" para captar clientes por teléfono y una regulación más estricta de las empresas de gestión de reclamaciones.

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