La presunta líder del fraude de las intoxicaciones admite que vendía datos de turistas a los ‘reclamadores’

La principal investigada en la trama de la presunta estafa a establecimientos hoteleros mediante reclamaciones falsas por intoxicaciones alimentarias admite que recopilaban los nombres y números de teléfono de turistas británicos que pasaban sus vacaciones en Mallorca y luego los vendían a empresas especializadas en reclamaciones y marketing de Reino Unido. Sin embargo, niega en el juzgado que ella o sus empleados fueran los que intentaran convencer a los viajeros para que pidieran indemnizaciones a los establecimientos inventándose enfermedades.

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Laura Cameron está acusada junto a otras seis personas de un delito de estafa continuada por inducir a turistas británicos a presentar reclamaciones contra los establecimientos hoteleros de la isla a través de bufetes de abogados de Reino Unido alegando que se habían intoxicado con la comida. La legislación del país apenas les pedía pruebas de la enfermedad, lo que sumado a los altos costes de los pleitos, llevaba a los touroperadores a abonar las compensaciones a los reclamantes. Los mayoristas repercutían posteriormente estos costes a los hoteles.

En la declaración efectuada ante el magistrado del juzgado de instrucción número 2 de Palma a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Cameron ha explicado que tenía una empresa de recogida de información, de nombres y números de teléfono de turistas británicos. Los datos, según la empresaria, se vendían a sociedades de marketing que compraban los nombres y números de los viajeros "por si les pasa alguna incidencia y dentro de ello se encuentran las intoxicaciones alimenticias". Son tres las empresas a las que ella a través de su sociedad vendía los datos, todas radicadas en Reino Unido y especializadas en marketing y reclamaciones.

Datos por dinero

La empresaria afirma que a finales de 2016 un conocido se puso en contacto con ella y le comentó la posibilidad de recoger números de teléfono y datos de los viajeros para conseguir dinero. En aquel momento lo vio como una oportunidad porque acaba de cerrar la discoteca que había gestionado durante años. El trabajo se hacía en la calle "hablando con los turistas" a los que, según ha subrayado, no se les preguntaba si habían tenido "un problema alimenticio". "Pagan por los datos, que son para muchas cosas distintas", ha señalado la empresaria, quien ha insistido en que a ella le abonaban las cantidades pactadas independientemente de si luego el turista reclamaba.

A lo largo de su declaración, Cameron ha insistido en que "para nada" ha inducido a los turistas a reclamar y ha querido dejar claro que ella obtenía beneficios por entregar los datos "y no por las intoxicaciones". Obtenía alrededor de 5.600 euros por entregar aproximadamente mil nombres y números de teléfono. Desarrolló esta actividad entre verano de 2016 y la primavera de 2017, cuando decidió fundar una empresa dedicada a la organización de eventos.

En septiembre de 2017 Cameron fue arrestada junto a otras seis personas acusadas de crear un entramado para estafar a varias cadenas hoteleras, que se han personado en la causa como acusación particular a través de abogados propios y de la Federación Hotelera de Mallorca. Según la investigación de la Policía Nacional que obra en el sumario, los despachos de abogados de Reino Unido llegaban a ofrecer hasta 18.000 euros de indemnización y un 98% de garantía de éxito. Hasta el momento los investigadores han identificado a 800 turistas que habrían reclamado mediante 77 bufetes diferentes. La Guardia Civil cifró inicialmente el fraude en unos 60 millones de euros desde 2014.

El escándalo llevó a Reino Unido a tomar medidas como iniciar los trámites para abaratar la vía judicial para los turoperadores mediante una reforma que limitara y estipulara de antemano las costas del proceso judicial. Además, esta semana la Asociación de Viajes ABTA anunció que el Ministerio de Justicia británico ha prohibido a los bufetes de abogados con sede en Reino Unido facturar honorarios "excepcionalmente elevados" por demandas por enfermedad en destinos extranjeros. Los abogados que gestionaban estos pleitos, según la Policía Nacional, obtenían un beneficio del 60% de la reclamación frente al 40% que se quedaba el cliente.