10 claves para entender la trama corrupta de las tarjetas ‘black’

El caso del uso fraudulento de las tarjetas black se destapó en octubre de 2014. Mediante este modo de pago, consejeros y altos directivos de Caja Madrid y Bankia disfrutaron al menos diez años (entre 2003 y 2012) de tarjetas de crédito de empresa a las que cargaron gastos personales por valor de 15,5 millones de euros. Con ellas se abonaron gastos en ropa, comida, autopistas o compras en grandes almacenes.

La Audiencia Nacional emitió una sentencia por un delito de apropiación indebida para los 65 acusados que gastaron 12,5 millones de euros de una caja que tuvo que ser rescatada con 22.424 millones de euros de los contribuyentes. Blesa —que en julio de ese año se acabaría quitando la vida— fue condenado a seis años de prisión. Para Rato, la pena fue de cuatro años y medio. A los exconsejeros y exdirectivos se les impusieron penas de entre tres meses y seis años. Pero la última palabra quedó en manos del Tribunal Supremo.

Tan solo una semana después, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu imputó a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato y al exdirector general financiero Ildefonso Sánchez Barcoj. En el escrito, Anticorrupción sostenía que "según la información facilitada por Bankia, las tarjetas habrían sido utilizadas en algunos casos para fines no vinculados con la actividad de la entidad".

La persona que más se benefició de este sistema fue el director general financiero de la entidad, Sánchez Barcoj. Un total de 575.000 euros llegó a utilizar. 180.000 euros los retiró de los cajeros y otros 100.000 en gastos en un gran almacén, entre otros dispendios. Cobraba un sueldo de 2,43 millones. Otros nombres, como José Antonio Moral Santín (vicepresidente), Ricardo Morado (responsable de sistemas), el presidente (Miguel Blesa) o su número tres (Matías Amat), superaron la barrera de los 400.000 euros.

Días más tarde de conocerse que la entidad ocultó el sueldo real de sus ejecutivos, el juez Andreu responsabilizó a Miguel Blesa y Rodrigo Rato de todo el gasto de las tarjetas opacas y les impuso finanzas cuantiosas. En el caso de Rato, el también político argumentó que "no decidía nada" con respecto a las tarjetas, que "a él se las entregaron nada más llegar" y que pensó "que eran parte de la retribución salarial". El mismo día, Rato remitió una carta al PP en el que solicitaba su suspensión temporal.

El PP con Mariano Rajoy a la cabeza, el mismo que puso a Rodrigo Rato al mando de la cuarta entidad financiera del país, decidió dar de baja al que fuera vicepresidente del Gobierno con Aznar y a otros 12 militantes que usaron las tarjetas opacas. El partido dio así por terminado el expediente informativo que había abierto con anterioridad "al perder todos ellos la condición de militantes". El Santander también prescindió de las funciones del político tras ser acusado de gastar 100.000 euros con su Visa al margen de su salario.

El 36% de los pagos de consejeros y directivos entre 2004 y 2006 no estaba relacionado con la actividad de la entidad, según señaló la Agencia Tributaria. Los técnicos de Hacienda sostuvieron en sus actas de inspección que muchos de los gastos de las cuentas carecían de "relación directa e incontestable con la actividad de la sociedad". De esta forma, Caja Madrid pretendía pagar menos por el Impuesto de Sociedades.

Concluida la investigación y tras más de un año, el juez Andreu procesó a 66 personas por las tarjetas opacas tras apreciar delitos de administración desleal o de apropiación indebida. Un par de meses más tarde, el magistrado decretó la apertura de juicio oral contra todos ellos y la fiscalía pidió cuatro años y medio de prisión para Rato y seis para Blesa.

Dos años más tarde y con tan solo el 14% del dinero sustraído devuelto al contribuyente, comenzó el juicio al que se enfrentaron un total de 65 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia. Durante el proceso judicial, se debatió si los gastos en ropa, viajes de lujo o comidas en los más caros restaurantes formaba parte del salario de aquellos o era una retribución legal.

Nada más arrancar el juicio, el expresidente de la caja madrileña sostuvo ante el juez que los pagos eran legales y que los auditores tenían "pistas" para conocerlos. Además, Blesa afirmó que él no creó el sistema de las tarjetas opacas, sino su antecesor, Jaime Terceiro; y que "no se ocultaron a Hacienda, ni a los auditores o al Banco de España". Blesa argumentó que no se pedían "justificantes de gastos" porque eran "parte de la retribución". Todos los acusados pidieron anular como prueba los pagos de las tarjetas black.