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El Supremo empieza a revisar los recursos por tarjetas ‘black’

El alto tribunal decidirá si confirma las condenas de prisión de Rodrigo Rato y otros 63 exdirectivos y exconsejeros de Caja Madrid y Bankia

Rodrigo Rato llega a la Audiencia Nacional el 3 de marzo de 2017 para la vista de medidas cautelares tras conocer la sentencia de las tarjetas black.
Rodrigo Rato llega a la Audiencia Nacional el 3 de marzo de 2017 para la vista de medidas cautelares tras conocer la sentencia de las tarjetas black.

El Tribunal Supremo ha empezado a revisar este martes los recursos de casación presentados contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a 65 exdirectivos y altos cargos de Caja Madrid y Bankia por el uso fraudulento de las tarjetas black, entre ellos al expresidente de la entidad financiera, Rodrigo Rato. El tribunal, formado por cinco magistrados y presidido por Miguel Colmenero mantuvo ayer la primera reunión para revisar la sentencia. La deliberación continuará, siempre a puerta cerrada, en las próximas semanas, según han confirmado fuentes del alto tribunal.

Los magistrados tienen que revisar los recursos presentados contra la sentencia dictada el 23 de febrero de 2017 por la Audiencia Nacional, que consideró a los 65 acusados culpables del delito continuado de apropiación indebida por gastar más de 12,5 millones de euros entre los años 2003 y 2012 y utilizar las tarjetas para uso personal a sabiendas de que era una práctica ilegal y de que causaron un quebranto al patrimonio de la entidad financiera.

Las condenas más elevadas recayeron en el que fuera presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2009, el fallecido Miguel Blesa (seis años) y su sucesor en Bankia Rodrigo Rato (cuatro años y medio). Respecto a Blesa, el alto tribunal confirmó tras su muerte la resolución de la Audiencia Nacional y determinó que, aunque la responsabilidad penal quedaba extinta tras su fallecimiento, subsistía la acción civil contra sus herederos. La tercera condena más alta fue la del ex director general de Medios, Idelfonso Sánchez Barcoj, (condenado a dos años y medio de cárcel), a quien se le considera colaborador y cómplice de la operativa que contribuyó a mermar “el caudal de Caja Madrid”. A los tres se les absolvió del delito de administración desleal del que estaban acusados.

Los restantes acusados, exconsejeros y exdirectivos de la caja, fueron condenados como colaboradores y se les impusieron penas de entre tres meses y seis años, según lo gastado y si habían devuelto o no el dinero. En total, con las tarjetas black consejeros y directivos se gastaron 9,34 millones en la etapa de Blesa y 2,69 millones en la era Rato.

En su sentencia, la Audiencia consideró que con las tarjetas “se dilapidó el patrimonio” de la entidad y reprochó a los expresidentes haber antepuesto “los fines personales a los intereses sociales que eran los bancarios y no otros”. Ambos exdirectivos expusieron en sus recursos que no existía una prueba de cargo que acreditara su responsabilidad en el uso de este sistema de tarjetas que nació bajo un acuerdo del consejo de administración de Caja Madrid en 1988. También arremetieron contra la famosa hoja Excel que recogía todos los desgloses de los gastos tildándola de mera "recreación contable" que no podía ser entendida como elemento de prueba.

La resolución de la Audiencia explicaba cómo funcionó la trama. Para ello, se remontó a mayo de 1988, cuando Jaime Terceiro, entonces al frente de Caja Madrid, propuso en una reunión de la comisión ejecutiva completar las dietas de los consejeros con una tarjeta de crédito “para dignificar las retribuciones por asistencia a reuniones”. Era un complemento a las escasas dietas y se pedían justificantes de los gastos. Desde entonces, a los vocales del consejo y de la Comisión de Control, se les entregada una tarjeta. En 1995, Terceiro informó a los consejeros que solo podían usarse para gastos de representación. Entre quienes recibieron ese mensaje estaba Blesa y otros de los condenados, según los “hechos probados en la sentencia”.

Cuando Blesa se puso al frente, las tarjetas opacas se normalizaron para directivos y consejeros. Nadie justificaba los gastos de estas tarjetas y los mayores gastos, según destacaba la sentencia, coincidían con las vacaciones o las fiestas. Incluso consejeros siguieron usando la visa algunos meses después de cesar. Los jueces de la Audiencia consideraron que todo se hizo “contra el caudal de la entidad”, que acabó quebrando.