Consejeros de Caja Madrid gastaron 15,5 millones con tarjetas ‘fantasma’

Consejeros y altos directivos de Caja Madrid y de Bankia disfrutaron durante al menos diez años —entre 2003 y 2012— de tarjetas de crédito de empresa a las que supuestamente cargaron gastos personales por valor de 15,5 millones de euros. Estas tarjetas fueron otorgadas por la entidad crediticia a los directivos al margen de la cuenta habitual de gastos de representación y sirvieron para abonar, entre otros bienes, ropa, alimentación, compras en grandes superficies o viajes.

Con las tarjetas, los miembros del consejo de administración y del consejo ejecutivo de la caja, que tuvo que ser rescatada en marzo de 2011 con 4.465 millones de fondos públicos, también extrajeron dinero de cajeros automáticos: al menos 2,1 millones de euros. Entre los principales usuarios del dinero de plástico figuran el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, su sucesor en Bankia, Rodrigo Rato —que ha devuelto las cantidades— así como consejeros nombrados por PP, PSOE, IU y CC OO.

Todos estos datos figuran ahora en el sumario del caso Bankia que instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. El pasado 26 de junio, Bankia envió al director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Antonio Carrascosa, dos informes de auditoría interna en los que se alertaba de la entrega “fuera del circuito ordinario” de las tarjetas fantasma, de las que no había contabilidad precisa, y se informaba de la existencia de disposiciones millonarias sin justificar. En el caso de Caja Madrid se cargaron 15,25 millones de euros entre los ejercicios 2003 y 2012, mientras que en Bankia los directivos abonaron con este medio bienes y servicios por valor de 245.200 euros.

El responsable del FROB, entidad pública que ha gestionado los procesos de fusión y reflotamiento de las entidades de crédito, envió los informes a la Fiscalía Anticorrupción para que el ministerio público valorara su alcance penal. El pasado 2 de septiembre, el fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, abrió una investigación, cuyos resultados han sido remitidos al juez Fernando Andreu, que los ha incorporado al sumario del caso Bankia al apreciarse indicios de delito societario y de apropiación indebida. En este sumario se investigan las irregularidades en la gestión de Caja Madrid y del banco que resultó de su rescate en marzo de 2011 y que estuvo dirigido por Rodrigo Rato hasta mayo de 2012, cuando BFA, su accionista mayoritario, fue nacionalizado.

La Fiscalía Anticorrupción aprecia delitos societarios y de apropiación indebida

En su informe, la fiscalía destaca “la inexistencia conocida de soporte contractual (en el contrato de trabajo o mercantil” que dé soporte al otorgamiento de las tarjetas. En los estatutos de la entidad o en las actas de los órganos de gobierno tampoco figura acuerdo alguno sobre estos fondos, cuya existencia no pasaba hasta ahora de la mera sospecha. El uso personal de la tarjeta de crédito de empresa tiene también consecuencias fiscales. Al contrario que los gastos de representación reglados, que no están sujetos a tributación, estos fondos se consideran rendimientos del trabajo. Sin embargo, según la fiscalía, “no consta” que los titulares de las tarjetas “hayan declarado las sumas como percibidas”.

En el caso de Caja Madrid, las 65 personas que se han sentado en el consejo de administración y la Comisión de Control entre 2003 y 2012 realizaron cargos por 8,9 millones de euros con su tarjeta EMV (Europay Mastercard Visa) Business Plata. Entre los directivos, el que más gastó fue Ildefonso Sánchez Barcoj, con 484.200 euros, y entre los consejeros José Antonio Moral Santín, vicepresidente de la caja nombrado por Izquierda Unida, que supuestamente cargó 456.500 euros entre 2003 y 2012.

En el Consejo de Administración había miembros designados por los principales partidos políticos, sindicatos y organización empresariales. Así, por ejemplo, el exsecretario general del PP madrileño Ricardo Romero de Tejada abonó 212.000 euros con este medio de pago. El antiguo número dos del PSOE regional, Antonio Romero Lázaro, gastó 252.000 euros hasta 2010. El representante de Comisiones Obreras, Francisco Baquero, tiene una cuenta de gasto de 266.400 euros, según la documentación. Un total de 22 de estos 65 consejeros realizaron movimientos entre uno y ocho meses después de su cese.

Frente a ellos, los miembros del Consejo Ejecutivo, dirigido por Miguel Blesa, gozaban de una EMV Business Oro, al margen de la tarjeta de empresa a la que cargaban sus gastos de representación oficiales. Blesa cargó gastos opacos por 436.700 euros de 2003 a 2010. Ildefonso Sánchez Barcoj, su mano derecha, fue el encargado de conceder y gestionar las tarjetas fantasma.

El informe de Bankia sostiene que “la gestión de estas tarjetas se realizaba y gestionaba de forma separada al resto de tarjetas de empresa de la entidad”. También señala que “las disposiciones y gastos se registraban contablemente en una cuenta de gasto utilizada al efecto, cuyo título y conceptos no permiten identificar la naturaleza de los apuntes contabilizados”.

En el caso de Bankia, el grueso del gasto —197.500 euros en total— corresponde a cuatro consejeros ejecutivos: Rodrigo Rato (54.800 euros), José Manuel Fernández Norniella (9.700 euros), Sánchez Barcoj (90.900 euros) y Matías Amat. Tras pedírseles justificación de sus gastos para la investigación interna de Bankia, los cuatro devolvieron las cantidades mediante transferencia. Un tercio del dinero de estos directivos fueron disposiciones de efectivo. La cúpula de Caja Madrid cobraba de media más de 2,5 millones de euros anuales de salario oficial entre 2007 y 2010.

La tarjeta Visa a los consejeros de Caja Madrid es un premio cuyo origen no está en 2003, como refleja el informe del Frob, sino muchos años antes. Desde al menos 1999, Caja Madrid entregaba una tarjeta Visa a todos sus consejeros para gastos de representación con un límite 150.000 pesetas al mes (900 euros), 1,8 millones de pesetas al año (10.800 euros). Esta tarjeta de crédito gratuito beneficiaba a consejeros que, a su vez, eran alcaldes o concejales de los principales partidos políticos de Madrid. Caja Madrid no exigía que se justificasen los gastos ni entregasen facturas. Algunos de los alcaldes beneficiados llegaron a declarar entonces que usaban la tarjeta para comidas que celebraban con personas vinculadas con su cargo municipal y sin vinculación con sus cometidos en la entidad bancaria.