Los acusados piden anular como prueba los pagos de las ‘tarjetas black’
Los abogados reclaman al tribunal que declare la prescripción del delito de apropiación indebida
El juicio de las tarjetas black de Caja Madrid se inició este lunes en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) con una avalancha de peticiones de nulidad de la principal prueba acusatoria: las hojas Excel en la que quedaron consignados los 15,5 millones de euros en gastos personales que los consejeros y directivos de la entidad cargaron entre 1999 y 2012 a las tarjetas, concebidas para gastos de representación. En la jornada de este lunes, dedicada a las cuestiones previas, los abogados de los 65 acusados se dividieron la tarea para anular la prueba y reclamar la prescripción de los delitos.
El vestíbulo del búnker que acoge la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) tenía este lunes por la mañana un aire de reunión de viejos amigos. Los 65 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid, acompañados por una legión de abogados, se enfrentaban, entre apretones de manos, sonrisas forzadas y palmadas en la espalda, al primer día del juicio del caso de corrupción que más escándalo ha generado en los últimos años en España: las tarjetas opacas de Caja Madrid. Los acusados fueron recibidos a las puertas del juzgado por una veintena de preferentistas, que les dedicaron insultos de todo tipo.
Los antiguos miembros del Consejo de Administración de la caja —propuestos por los principales partidos, sindicatos y organizaciones patronales— de la Comisión de Control y del Consejo de Dirección, se enfrentan a peticiones que oscilan entre uno y seis años de prisión por apropiación indebida. El fiscal les acusa de cargar gastos personales —muchas veces en viajes, tiendas de ropa o restaurantes de lujo— a las tarjetas de crédito opacas al fisco que les dio la caja y que supuestamente eran para gastos de representación.
Los acusados, encabezados por los expresidentes de la caja Miguel Blesa y Rodrigo Rato, responderán por los gastos efectuados entre 2003 y 2012, y que suman 12,03 millones de euros. Aquellos cargos realizados con anterioridad se dan por prescritos.
Las dos primeras sesiones de la vista oral, hoy y mañana, en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, se dedicarán a la exposición de las llamadas cuestiones previas. Se trata de un trámite en el que las partes plantean causas que aconsejen la suspensión del juicio, alegaciones sobre pruebas propuestas por las partes o posibles causas de nulidad de la vista oral.
Los abogados defensores incidieron en tres ideas básicas. La primera es la nulidad de la principal prueba de cargo: las hojas de cálculo Excel en las que quedaron consignados todos los gastos que los acusados cargaron a las tarjetas opacas. Dolores Márquez de Prado, defensora de Ángel Gómez del Pulgar, miembro de la Comisión de Control de la caja a propuesta del PSOE, y que supuestamente gastó 149.000 euros con su black, resumió así su petición de que esta prueba básica sea sacada del juicio: “Ni conocemos el Excel ni la custodia que ha tenido. Además, está plagado de errores, gastos duplicados y de sitios en los que mi cliente no ha estado jamás, y no hay soporte que acredite la realidad de los gastos”.
Carlos Pardo, abogado del expresidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, también atacó la prueba de cargo fundamental. Según él, la hoja Excel “no tiene ningún tipo de validez formal” y es “una chapuza hecha por un mero colegial”. El abogado de Gonzalo Martín Pascual, consejero de Caja Madrid por UGT, sostuvo que la hoja de gastos de la tarjeta de su cliente contiene “datos falsos, engañosos y simulados”.
Bankia no es parte
La segunda gran línea en las cuestiones previas buscaba expulsar a Bankia, a su matriz Banco Financiero y de Ahorro (BFA) y al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) —el fondo estatal para sanear entidades en problemas— de la acusación particular. Los abogados sostuvieron que la entidad que sustituyó a Caja Madrid y el fondo de rescate no tienen legitimidad para acusar, ya que “no son perjudicados ni ofendidos” al no ser formalmente sucesoras de Caja Madrid, entidad que, según ellos, no ha perdido su personalidad jurídica.
“Ni Bankia, que nació al margen y después de Caja Madrid, ni el FROB, que interviene después de la segregación del negocio, pueden entenderse como perjudicadas (…) No tienen vela en este entierro”, afirmó el abogado de Estanislao Rodríguez Ponga, exsecretario de Estado de Hacienda con José María Aznar, y que supuestamente cargó 255.372 euros a la tarjeta black.
El tercer eje de los abogados defensores es que los supuestos delitos, en el caso de realmente se produjeran, no pueden juzgarse por haber prescrito. Fuentes jurídicas albergaban ayer grandes dudas de que alguno de los tres argumentos fuera atendido por el tribunal.
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