El inspector del Banco de España que detectó ajustes pendientes en el Popular comparece en el Congreso

Ignacio Pardo, inspector del Banco de España en el Banco Popular en los años 2009, 2010 y 2011, comparece este martes en la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera del Congreso de los Diputados. Pardo fue el inspector “cabecera” en dicha entidad, el responsable in situ del grupo de inspectores y el que reportaba al jefe de grupo, quien a su vez dependía de un coordinador ejecutivo de departamento.

Fuentes financieras afirman que Pardo, que tras pasar al Banco Central Europeo (BCE) siguió, transitoriamente, a cargo de la inspección del Banco Popular, es uno los inspectores que pueden dar respuesta a lo que parece la clásica pregunta del millón: ¿había que intervenir en 2012 el Banco Popular con los datos que él recopiló en varios informes trimestrales de seguimiento?

En su comparecencia del pasado 10 de abril, el entonces gobernador del Banco de España, Luis Linde, abordó el interrogante del diputado socialista Javier Lasarte.

“Efectivamente, post factum, uno se pregunta si realmente eso fue una decisión [dejarle salir adelante por su cuenta] buena o mala. Porque es verdad que aunque el Popular entonces tomó esas decisiones y saneó, quizá no fue lo suficiente. Era un problema demasiado grave y demasiado importante quizá como para salir adelante por su cuenta solo. Pero esto se ve ahora, claro”.

Precisamente, el inspector Pardo puede responder al planteamiento hecho por Linde en su última comparecencia, antes de cumplir su mandato de seis años al frente del Banco de España, el pasado mes de junio.

El Banco Popular suspendió en septiembre de 2012 los tests de esfuerzo o examen de solvencia que realizó la empresa Oliver Wyman, contratada por el Ministerio de Economía. Dicho fracaso siguió al éxito conseguido poco menos de un año antes, en 2011, al superar las pruebas de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

El Popular, pues, lanzó en noviembre de 2012, una ampliación de capital por valor de 2.500 millones de euros, cuyo objetivo declarado, sin ambages, según se dejó constancia en el folleto aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), era realizar saneamientos y provisiones, esto es, cubrir pérdidas. Dicha ampliación fue seguida por otra, en 2016, de 2.500 millones de euros, sin informar, como en 2012, que se trataba de seguir tapando agujeros (pérdidas). En la cuenta de resultados correspondiente a 2012 se informaba que dichos saneamientos habían sido realizados.

Fuentes del sector financiero señalan que Pardo elaboró una serie de informes trimestrales de seguimiento en 2009, 2010 y 2011, según los cuales ya podían identificarse unos ”ajustes pendientes” –el apodo que usan los inspectores para referirse a las pérdidas que van detectando- acumulados de 2.000 millones de euros.

Pardo, empero, no continuó como inspector “cabecera”. La entonces coordinadora ejecutiva de bancos del tamaño del Banco Popular, Margarita Delgado, hoy una de las seis directoras adjuntas de supervisión en el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) del BCE, con quien Pardo coexistió durante algunos meses de su trabajo en el Banco Popular, decidió asignarle otro destino.

Fuentes del sector señalan que Delgado estuvo a punto de ser nombrada directora general de Supervisión del Banco de España en febrero de 2017 al dimitir Mariano Herrera por su imputación en la investigación del caso Bankia en el juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, imputación que acabó en archivo. Delgado también ha sonado como candidata a subgobernadora del Banco de España.