Los retos económicos del nuevo presidente colombiano

Colombia eligió a Iván Duque (Bogotá, 1976) para dirigir su destino durante los siguientes cuatro años. Unas elecciones memorables por la tranquilidad, en un país acostumbrado a ver los comicios afectados por el conflicto, y la elevada participación ciudadana. El presidente Duque llega a dirigir una economía que ha sorteado muy bien el choque negativo que recibió por la caída en los precios del petróleo, y que ya está en una senda de recuperación gradual. La capacidad de respuesta ante el choque mostró las fortalezas institucionales, de política económica y de protección a la población más vulnerable que Colombia construyó en los últimos 20 años. Pero también dejó al descubierto las tareas pendientes que tiene el nuevo presidente para aumentar el crecimiento potencial y disminuir la desigualdad.

El nuevo Gobierno debe consolidar la recuperación económica en marcha construyendo los elementos para un mejor desempeño económico en el mediano plazo. Un crecimiento que ya no dependerá sólo de inversiones de capital y del crecimiento de la población. Se requerirá la integración del 48% de los ocupados informales a la formalidad y un aumento de la productividad. Ya, en su primer discurso como presidente electo, Duque hizo énfasis en su objetivo de reducción de la evasión y la simplificación tributaria que ayudarían a romper este círculo.

En términos de inversión y productividad, durante la campaña varios de los candidatos, incluido Duque, propusieron la rebaja de la tasa impositiva para las empresas. Sin embargo, ante la estrechez de las cuentas fiscales, es necesario que cualquier rebaja esté precedida de un aumento de la recaudación, prioritariamente a través de una disminución de la evasión.

Por lo tanto, dado que este proceso no es inmediato, el nuevo Gobierno debe trabajar rápido, aprovechando su capital político, apostando por reformas que promuevan la productividad, ya que en esto el país ha avanzado poco en los últimos 30 años. Temas como la disminución de la informalidad van en esa dirección, pero también es necesario promover el uso de las nuevas tecnologías, en la manera en que se relacionan los individuos, las empresas y el Estado, para reducir los costes de transacción de la economía. La digitalización y la reducción del uso del efectivo hacen transparentes las relaciones, disminuyen los riesgos de corrupción y aumentan la productividad. También se deben hacer reformas para promover la integración del campo al resto de la economía, lo cual es esencial para disminuir la desigualdad. Esto exige una oferta integral de bienes públicos y la promoción de industria agrícola. En definitiva: los retos no son pocos y las aguas no están calmadas a nivel internacional. Buena mar al presidente Duque.

Juana Téllez, de BBVA Research