Estudiantes hipotecados de por vida por unos créditos trampa

Hace 11 años se creó un sistema de préstamos que parecía ideal para que ningún estudiante se quedara sin un máster por no tener dinero, pero se convirtió en una tragedia para miles de los que pidieron estos créditos. En 2007, el Gobierno socialista creó unos préstamos al 0% que, en un principio, solo se devolverían si el estudiante alcanzaba una renta de 22.000 euros a los 15 años de acabar el postgrado. Sin embargo, los años siguientes se endurecieron las condiciones de los créditos y, con la llegada de la recesión y el paro, estudiantes como Idaira Santana, en paro y con un hijo discapacitado, quedaron entrampados. De momento, el Gobierno no les ofrece una solución.

En junio de 2007, el Ministerio de Educación, dirigido entonces por Mercedes Cabrera, hizo público un plan de financiación del máster y postgrado, “experimentado con éxito en algunos países de nuestro entorno”.

El responsable de los créditos era, y sigue siendo según la normativa, el Ministerio de Educación, que cedió los fondos al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que los repartiera entre los bancos y que estos los hicieran llegar a los estudiantes que los solicitaran. Hoy, el Ministerio niega tener responsabilidades sobre los fondos repartidos e impagados en parte, mientras que el ICO asegura que ellos no concedieron los créditos ni asumen la morosidad.

Los Préstamos Renta Universidad se concedían “sobre el honor” de los que lo recibían, por lo que no se exigieron garantías. Tenían carencias de pago que iban desde los dos a los cinco años, pagados al 0% de tipo de interés, con un plazo de amortización de hasta 15 años y no se debían devolver hasta lograr una renta de 22.000 euros. Si pasados 15 años no se alcanzaba este nivel económico, la obligación de pago desaparecía.

A este plan siguieron otros en 2008, 2009, 2010 y 2011, pero se fueron endureciendo las condiciones: se acortó el plazo de devolución, se elevaron los interes hasta el 5,4% y desapareció la condición de no devolver el dinero si no se llegaba a los 22.000 euros de renta anual. A la vez, los jóvenes se enfrentaron a una crisis de una virulencia desconocida, que disparó la tasa de paro juvenil hasta el 44% en 2011. Los bonitos planes de los créditos universitarios descarrilaron y se tornaron en tragedia en miles de casos. Algunos jóvenes afectados aseguran que la web informativa no se actualizó y, aunque pasaron los años, seguían apareciendo las idílicas condiciones de 2007; después, descubrieron las reales.

En 2012, ya con el PP en el Gobierno, se acabó con los programas “porque eran una trampa para los estudiantes”, según explican fuentes del Ministerio de Educación. Pero eso no evitó que los impagos siguieran creciendo y, con ellos, los problemas de los afectados. Según los datos oficiales, se concedieron 15.628 préstamos por unos 375 millones. Nadie reconoce cuántos impagos existen, pero los bancos consultados —Santander, CaixaBank, Unicaja, Sabadell y Bankia—, admiten unos 1.500 casos (1.050 solo en el Santander). Sin embargo, la Plataforma de Afectados por los Préstamos Renta Universidad eleva a unas 5.000 la cifra de afectados.

El miércoles pasado, el PSOE presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para reinstaurar las condiciones de 2007 y que ningún banco pueda embargar a los estudiantes endeudados. Solo Unidos Podemos apoyó la enmienda. El asunto había vuelto a la actualidad porque la semana pasada Unicaja embargó a Marta S. G. por una deuda de 18.755 euros, que incluía 4.000 euros en costas. Marta no tenía fondos, por lo que se le embargó todo lo que había en su cuenta, 800 euros, y le dejaron un descubierto de 200 euros. Todo ocurrió el mismo día que nació su hijo. Tras las protestas de Miguel Ángel Llamas, abogado de la Plataforma y de Marta S. G., la entidad admitió que no podía embargarle porque el dinero procede de Educación y pidió el desistimiento del procedimiento; además dice que le devolverá los 1.000 euros reclamados.

Situaciones desesperadas

Pero hay más situaciones desesperadas. Por ejemplo, la de Idaira, de 33 años, residente en Las Palmas, a la que prestaron 14.000 euros en 2009 para cursar un máster de Producción Artística en Valencia. Licenciada en Bellas Artes, asegura que vio en la convocatoria las buenas condiciones de 2007, aunque ese año ya no estaban en vigor. El año que empezó el máster tuvo a su hijo José, con trastorno generalizado del desarrollo y una dependencia severa de grado 2 y una minusvalía del 38%. El padre del niño murió en 2014. Idaira ahora cobra la ayuda para parados de larga duración y la pensión de orfandad del niño, que asciende a 198 euros; por la dependencia recibe algo más de 200 euros.

Pese a que la ley se lo impide al banco, Idaira cuenta que empezó a recibir cartas del Santander advirtiendo de que le iban a meter en el archivo de morosos. En 2017 dejó de recibir esos avisos, justo cuando la Plataforma de Afectados reclamó la responsabilidad patrimonial de Educación tras admitir el Ministerio fallos en el sistema de créditos.

Rayko Jiménez, también canario, sí paga letras mensuales de más de 70 euros para devolver el préstamo de 13.200 euros que el Banco Santander le concedió en 2008 para hacer un máster, aunque tampoco gana 22.000 euros al año. Está en paro, tiene un hijo de un año y prepara oposiciones. Se siente engañado por el Estado, al que acusa de haber cambiado las condiciones del préstamo. Todavía debe 9.000 euros.

La cuota mensual a la que hace frente Ismael, de Murcia y 41 años, es más elevada, de 220 euros. Separado y con una hija de nueve años, este licenciado en Historia y con dos másteres, que hizo con los 14.000 euros del préstamo de 2010, trabaja en una gasolinera y gana 895 euros. Entre el alquiler, la pensión alimenticia de la niña y la letra del banco, el dinero se esfuma. “La publicidad del Santander decía lo de la renta de 22.000 euros”, apunta, aunque admite su “ingenuidad” por no leer detenidamente lo que firmó ante el notario.