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UNIVERSIDAD PRÉSTAMOS

Primer embargo judicial por no devolver un préstamo universitario del ICO

Unicaja reclama 18.755 euros a una antigua estudiante, aunque ha decidido anular el embargo de bienes y "buscará una solución"

Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deportes.
Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deportes. EL PAÍS

El juzgado de primera instancia número 60 de Madrid ha admitido el embargo a una antigua estudiante, que ha sido madre hace unas semanas, por no devolver un Préstamo Renta Universidad, una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial para estudios universitarios de posgrado que se concedió entre 2007 y 2011. La línea tuvo cerca de 12.000 beneficiarios y lo creó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a través del Ministerio de Educación, que ahora dirige Íñigo Méndez de Vigo.

Este el primer caso conocido de embargo judicial de estos préstamos universitarios, tras la demanda de una entidad financiera por impago, en este caso Unicaja. Marta S. G. tenía unos 800 euros en la cuenta, y Unicaja le ha reclamado 18.755 euros: 14.427 euros "en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, más otros 4.328 euros en concepto de intereses y costas", apunta el auto.

Fuentes oficiales de Unicaja aseguraron este lunes a EL PAÍS que "se ha decidido paralizar el procedimiento de embargo y se pondrán en contacto con su cliente para llegar a una solución". Marta S. G. pidió 14.000 euros de crédito en 2010, cuando tenía 24 años, para estudiar un máster. En 2014 se ofreció la posibilidad de recibir el dinero abonado y Marta lo hizo. Posteriormente, "encontré trabajos precarios y no tenía dinero para pagar, así que ya no aboné las cuotas", recuerda Marte S.G. en declaraciones a EL PAÍS. El 27 de abril, el día que nació su hijo, Unicaja le embargó 1.000 euros de la cuenta; como solo tenía 800, se ha quedado con 200 euros de números rojos, añade.  

12.000 estudiantes con préstamos

Entre 2007 y 2011, con el Gobierno de Zapatero, el Ministerio de Educación concedió más de 12.000 préstamos renta universidad para financiar los estudios de máster y doctorado. El Ministerio creaba así un sistema de préstamos ligados a la obtención de una renta futura, de manera que los titulados universitarios solo debían devolver el dinero cuando tuvieran ingresos suficientes, en concreto una renta anual de 22.000 euros. Si no los alcanzaban, no tenían que devolver el crédito, que se convertía en una especie de beca. La deuda quedaba extinguida a los 15 años, si no se alcanzaba dicho nivel de ingresos. En un principio, el tipo de interés era cero, aunque en 2008, 2009 y 2010, las condiciones se endurecieron y desapareció la condición por la cual, si la renta del beneficiario no llegaba a 22.000 euros, quedaba libre de la deuda.

El cartel de promoción con el que en 2008 el Ministerio de Educación promocionaba los créditos Renta Universidad
El cartel de promoción con el que en 2008 el Ministerio de Educación promocionaba los créditos Renta Universidad

Con la llegada del Partido Popular al Gobierno, en noviembre de 2011, acabó con este programa. A través de una orden ministerial publicada en Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de marzo de 2012, el nuevo ministro de Educación, José Ignacio Wert, derogó la normativa que regulaba los préstamos Renta Universidad. Consideró que los créditos eran muy costosos y recordó que para hacer el máster ya había becas.

Ante estos problemas, los estudiantes presentaron una reclamación ante el Ministerio de Educación hace más de un año, que no ha sido respondida, según el abogado Miguel Ángel Llamas, representante de esta asociación. En 2007, 3.463 alumnos recibieron un total de 50 millones en la primera convocatoria.

A pesar del empeoramiento de las condiciones, 4.742 personas pidieron el crédito en 2008 y 5.183 en 2009. El deterioro de las condiciones del préstamo hizo que ya en 2010 —con la crisis económica en su apogeo— solo lo pidieran 2.235 personas. Así, en 2008 se dedicaron 150 millones de euros, en 2009 otros 75 millones de euros y 100 millones adicionales en 2010, según publicó Cinco Días. Un total de 375 millones.

Complejo sistema de créditos

El sistema de estos créditos era complejo: el Ministerio de Educación creó esta línea de préstamos e instruyó al ICO, en su función de Agencia Financiera del Estado, para su puesta en marcha, actuando como gestor financiero. El Ministerio fijó las condiciones de cada convocatoria: importe máximo, carencia, tipo de interés, amortización, supuestos de devolución, etc., recuerdan fuentes del ICO.

Así, Unicaja recibió los fondos del ICO, que estableció un tipo de interés y un plazo para su devolución. Este banco sostiene que son créditos privados, ya que Unicaja responde de los posibles impagos y debe reintegrar todo al ICO, que, a su vez, lo devolverá a Educación.

Al principio los préstamos no tenían intereses y solo se devolvían si se alcanzaba determinada renta, pero en 2008 empezaron a endurecer las condiciones

Sin embargo, Llamas, abogado de Marta S.G. afirma que es un crédito de naturaleza pública "por lo que el banco no puede reclamar el dinero ni el juzgado puede exigir el requerimiento del pago". Afirma que se ha producido un doble error y esta mañana ha presentado "la nulidad de las actuaciones para que el juzgado rectifique. Estoy convencido de que lo hará; creo que es un error debido al exceso de trabajo del juzgado", aclara Llamas.

Marte S. G. pidió su préstamo para cursar un máster en 2011.Tras los impagos, este lunes por la mañana se ha encontrado el auto. Llamas afirma que Unicaja no negoció con la afectada, algo que niega categóricamente la entidad financiera. "Marta no ha podido defenderse ni con abogado y procurador porque le ha llegado la notificación vía edicto", añade el abogado. El banco asegura que no hay ningún error y que ha negociado con su cliente durante años. El crédito estaba al 2,9% TAE.

Según la Asociación de Afectados por los Créditos Renta Universidad, con la llegada de la crisis, muchos estudiantes no han podido devolver el dinero por la escasez de salarios y la alta precariedad. "Deberían dar una demora de cinco años, un plazo en el que, se supone, que estos jóvenes tendrán ingresos suficientes para devolver el crédito", indica Llamas.

Reclamación de los bancos

"Los bancos colaboradores han comenzado a reclamar a miles de jóvenes la devolución del dinero y el cobro de comisiones e intereses de demora, e incluso los están incorporando en ficheros de morosidad", indica la Asociación en un comunicado. Llamas recuerda que en abril de 2017, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad, a propuesta de Unidos Podemos, que no se cobrara intereses ni comisiones de demora a los estudiantes morosos.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Educación han subrayado a Efe que los citados préstamos los concedían las entidades bancarias y no Educación, "eran acuerdos que los estudiantes firmaban con las entidades bancarias".

Las mismas fuentes han añadido que el Ejecutivo popular "eliminó estos préstamos en el minuto uno porque consideró que eran una trampa para los estudiantes".

La Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad ha solicitado una reunión urgente con el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, a fin de "solucionar la problemática y evitar la judicialización" del resto de casos de estudiantes que no han podido hacer frente a la devolución de estos créditos.

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