La cultura del privilegio

Muchos bienes públicos (la educación, la sanidad, el medio ambiente, la seguridad, la habitabilidad del lugar en que se vive, etcétera) y distintos derechos civiles y sociales (el conjunto del sistema de reglas que garantiza la igualdad de oportunidades) no llegan de igual manera a todos los ciudadanos. A este hecho es a lo que la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), organismo de las Naciones Unidas, ha denominado “la cultura del privilegio”. Un ejemplo sería el sistema fiscal de muchos países, tan desigual en la aplicación de exenciones, elusiones, la evasión, o el diferente trato que dan a las rentas del trabajo y del capital. Ello se ha agravado en la última década.

Esta “cultura del privilegio” está desarrollada en uno de los últimos estudios de la institución que preside la mexicana Alicia Bárcenas, titulado La ineficiencia de la desigualdad, que ha sido presentado en Cuba hace unos días con el propósito de alinearse con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en especial con la intención de no dejar a nadie atrás. Una reflexión oportuna es la de si sus conclusiones y sus tendencias (desde luego no sus datos concretos) valen para el resto del mundo. Entre aquellas se pueden destacar las siguientes:

• Que la desigualdad (de medios, de oportunidades, de capacidades y de procedimientos) no sólo es injusta, sino que genera límites al crecimiento, como desde hace algún tiempo muestran algunos economistas y el propio Fondo Monetario Internacional en alguno de sus informes, en contra de la “gran disyuntiva” que defendió en la década de los setenta el economista Arthur Okun (un menor crecimiento es el coste que la sociedad debe pagar para reducir las desigualdades que surgen de los mercados).
• Que hay una creciente desconexión entre los ciudadanos y las instituciones públicas por mor de esa desigualdad creciente, que se manifiesta en la caída de los niveles de confianza en esas instituciones, en la falta de empleos de calidad (trabajo decente) y en una menor satisfacción en el funcionamiento de los principales servicios públicos del Estado de Bienestar como la salud y la educación.

Según el estudio citado, la desigualdad de renta y de riqueza potencia la desigualdad de oportunidades y limita la sostenibilidad del crecimiento. Nuevos datos sugieren que, en general, la concentración de la riqueza (lo que se posee) es superior a la de la renta (lo que se gana). Según el Informe de la Desigualdad 2018, en todos los años entre 1980 y 2016, el 1% más rico concentra entre el 16% y el 22% de la riqueza total, cuando el 75% más pobre nunca llega al 10%. En España, durante el mismo periodo, el 10% de los hogares más ricos concentran entre el 50% y el 60% de la riqueza nacional, mientras que la riqueza en manos del 50% no llega al 9% del total.

Esta desconexión debilita el contrato social existente desde el final de la Segunda Guerra Mundial y apremia a crear uno nuevo entre el triángulo compuesto por el Estado, los ciudadanos y el mercado. La extrema polarización conduce al desastre.