El juez archiva la causa por estafa en las preferentes de Caja Madrid y Bancaja

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha archivado este viernes la causa por estafa en la emisión de participaciones preferentes de Caja Madrid y Bancaja –entidades extintas integradas en Bankia-. El magistrado coincide con el informe de la Fiscalía Anticorrupción y considera que la investigación “no ha acreditado” que las cúpulas de ambas cajas lanzaran las preferentes “con el objeto de engañar a los inversores de forma global a sabiendas de que no iban a recuperar su inversión”.

El juez Andreu afirma también que los contratos de venta de estos productos financieros de riesgo a inversores individuales “se formalizaron por lo general adecuadamente”, y recuerda que Caja Madrid corrigió los defectos detectados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El magistrado afirma que tampoco existen indicios de que los directivos ordenaran a las sucursales comercializar las preferentes entre clientes inexpertos en materia financiera.

La ausencia de ánimo de engañar cierra la vía penal para los denunciantes. El informe del fiscal considera que es “cierto” que “ha podido haber graves deficiencias en la comercialización del producto” y que “incluso han podido primar los propios intereses de los vendedores por encima de los de sus clientes”. El juez, de acuerdo con este escrito, considera que los afectados minoristas deberán defender sus intereses en la jurisdicción civil, donde numerosos inversores han recibido ya sentencias favorables.

La investigación inicial se centraba en dos emisiones de Bancaja en 1999 y 2000 por valor total de 600 millones de euros y otras dos de Caja Madrid de 2004 y 2009 por importe de 1.140 y 3.000 millones de euros respectivamente. El ministerio público circunscribió las pesquisas a la última de las cuatro, ya que sobre las dos primeras era “insostenible plantear” que respondiera a una situación de deterioro patrimonial de Bancaja, que solo afloraría una década después. Sobre la emisión de Caja Madrid de 2004, el fiscal recuerda que “los preferentistas obtuvieron sin problemas la ganancia prevista”.

Sobre la última emisión, la de 2009, concebida para que Caja Madrid reforzara su capital, la fiscalía recordaba que el folleto destacaba todos los factores de riesgo de la inversión. La emisión, por 3.000 millones, de los cuales 1.892 fueron para nuevos preferentistas, “ni fue una decisión aislada de Caja Madrid ni desconocida por las autoridades reguladoras y supervisoras”, que “la autorizaron expresamente”. “No puede afirmarse que la emisión de participaciones preferentes entre minoristas con el objeto de mejorar la capitalización de la entidad fuera en sí misma delictiva, ni siquiera que revistiera alguna irregularidad significativa”.

Sobre la comercialización, la fiscalía recuerda que la CNMV recabó informes a Caja Madrid y le hizo “recomendaciones”, pero que no le hizo ningún “requerimiento” ante incumplimientos normativos. Ello no es incompatible, señala el auto, con la existencia de numerosas reclamaciones de inversores que manifiestan haber recibido una información verbal contradictoria con los documentos que firmaron.

Iniciadas en 2013, las pesquisas se dirigían contra los antiguos máximos responsables de Caja Madrid, una lista en la que actualmente no figura quien fuera presidente de la entidad entre 1996 y 2010, Miguel Blesa, contra el que quedó extinguida cualquier tipo de responsabilidad tras su fallecimiento en julio de 2017.

En concreto, pretendían esclarecer "si para paliar, retrasar u ocultar de alguna manera" el deterioro patrimonial de Bankia, las cajas "utilizaron la emisión de deuda subordinada y/o participaciones preferentes como una manera de captar activos y disfrazar la situación de insolvencia".

La decisión llega casi dos años después de que el magistrado reactivara esta parte del caso y requiriera al Banco de España las agendas de las reuniones que mantuvo el organismo con directivos de la entidad entre 2009 y 2010 a fin de conocer toda circunstancia que pudiera tener un "impacto real o potencial relevante en la solvencia, liquidez o rentabilidad" de la caja.