Un afectado por las preferentes en el Congreso: “No es el mercado, fue una estafa”

La comisión de investigación de la crisis financiera del Congreso es noticia cuando va Rodrigo Rato o algún exministro, pero no mucho cuando aparece por allí gente corriente. Esta mañana de martes ha pasado por fin por la comisión el primer ciudadano que no es político, banquero o responsable de alguna institución, Xesús Domínguez, miembro de la Coordinadora de Plataformas de Afectados por las Participaciones Preferentes y Obligaciones Subordinadas. Era la primera vez que pisaba el Parlamento y, según señaló, tampoco ha sido recibido nunca por autoridades y ni siquiera le han llamado nunca de algún medio de comunicación público. En fin, se desahogó bastante, pero con una intervención minuciosa, demoledora y leída con calma. Para lo que es investigar la crisis este hombre se la tenía muy bien investigada, pero en carne propia, que se investiga más. Una idea que respondía a una ocurrencia chulesca de Rodrigo Rato el otro día en esta misma comisión (“Es el mercado, amigo”) fue la síntesis de su mensaje: “No es el mercado, fue una estafa”. Según su análisis, “la banca necesitaba dinero en efectivo y diseñó una campaña para apropiarse de los recursos de sus clientes”.

La sala no ardía de expectación precisamente, y eso que era el primer protagonista directo de los efectos de la crisis, no de las causas. Había solo nueve diputados, más tres en la mesa, y menos uno que se fue al cabo de un rato. Y dos periodistas presentes. Lo de las preferentes ya queda lejos, tanto que se puede comprender mejor lo que pasó. En su resumen, se trató de una estafa masiva de 42.500 millones, que afectó a un millón de personas, que tuvieron que comerse quitas de hasta el 70% y contribuir de rebote al rescate bancario con 13.000 millones de euros. “No hay directivos de banca condenados por las preferentes y ningún político fue responsable ni ha hecho autocrítica”, denunció Domínguez. Y a bancos y cajas les salió casi gratis, reprochó. La CNMV sancionó con 6,7 millones a las entidades herederas, pero es que habían vendido 4.500 millones en preferentes y subordinadas. Los bancos de Galicia, por ejemplo, vendieron 1.832 millones de euros y se las arreglaron con una multa de dos millones. “Ganaron 1.830 millones. Sale a cuenta cometer grandes delitos. Si yo robo a punta de navaja 50.000 euros y me multan con 10 euros al día siguiente vuelvo a robar”, dijo Domínguez para redondear el concepto de forma comprensible. Y eso que se evitó entrar en detalles conocidos como que en ocasiones los contratos fueron colados a ancianos despistados, menores de edad y personas sin en el menor conocimiento financiero. Se llegaron a abonar en preferentes indemnizaciones de accidentes de tráfico. Los inversores profesionales se deshicieron de las preferentes en 2007, quienes no sabían se hundieron con ellas.

Artífices de esta “trama” fueron, tuvo a bien recordar el ponente, unos bancos y cajas que entre 1996 y 2010 tuvieron ganancias de 169.281 millones, según el Banco de España, y que aun así recibieron un rescate de 61.000 millones entre 2009 y 2015, un dineral del que se han perdido 47.966 millones, según datos de la Comisión Europea. Domínguez también consideró oportuno hacer memoria de que las preferentes comenzaron a ser emitidas en paraísos fiscales en 1998, desde las islas Caimán, por decenas de bancos y grandes empresas (Repsol, Telefónica, Endesa, Unión Fenosa, Sol Meliá…), luego fueron legalizadas por el Gobierno de Aznar y solventado el pecadillo con una amnistía fiscal para los años anteriores. La legalización, subrayó, fue obra de Rodrigo Rato y su secretario de Economía de entonces, Luis de Guindos, hoy ministro, y que también fue presidente de Lehman Brothers en España entre 2004 y 2008, entidad que también vendió preferentes, al menos hasta que quebró como símbolo de la crisis.

Pero más allá de estos números, no por repetidos menos olvidados, el relato de este líder de las protestas gallegas tocó un aspecto que hasta ahora no había salido en la comisión, porque faltaba ese lado del problema: cómo reaccionó la autoridad, no a la crisis, sino a la reacción de los ciudadanos a la crisis. “Pasamos de ser ignorados por las administraciones a ser tratados como delincuentes y cosidos a multas para criminalizarnos e intimidarnos y que así cesáramos en nuestras justas reclamaciones”, aseguró Domínguez. “No éramos afectados, no éramos ciudadanos, no éramos estafados… Éramos subversivos”.

Mantuvo que las movilizaciones de afectados “fueron siempre pacíficas y ejemplares”, pero a partir de 2013 empezaron a caer decenas de sanciones de más de 20.000 euros, si bien más tarde serían anuladas por los tribunales. “En la actualidad y con la ley mordaza sería multas de millones de euros y penas de cárcel”, apuntó. Recordó a Domitila Vicente, una señora de 82 años multada con 100 euros por su actitud “agresiva” y por saltarse una valla en una protesta aunque caminaba con andador. Encierros de hasta seis meses en los ayuntamientos. “Fueron imprescindibles para que nos hicieran caso y recuperar el 90% de los ahorros en los tribunales”, concluyó.

Aunque los tribunales no salieron baratos, porque el ministerio de Justicia impuso tasas que no existían hasta ese momento para encarecer la reclamación judicial, de 150 a 1.200 euros por demanda, más una cantidad variable según la cuantía que podía llegar a 10.000 euros. En total, quienes demandaban desembolsaron unos 500 millones de euros. El Constitucional anuló en 2016 algunos apartados de la ley y algunos importes desproporcionados. Y tampoco fue fácil cobrar: “En la práctica fueron los bancos los que decidieron a quién devolvían el dinero”. Domínguez habló de su experiencia concreta en Galicia y contó, con una grave acusación, cómo el PP llegó a convertir la recuperación del dinero en promesa electoral: “Los alcaldes en el sur de Pontevedra, en la zona cero de esta historia, hacían listas en los actos de campaña de la gente, las pasaban al banco y el banco se las pasaba a Price Waterhouse Cooper, y los que no eran afectos, pues no”.

Los portavoces de los partidos tuvieron intervenciones comprensivas y de solidaridad, menos el PP, al que en estos casos le sale el tic de que no fue para tanto y lamenta que se caiga en la demagogia. “Por favor, no hable de estafa, se lo admito que lo use como opinión, pero el delito de estafa lo debe decidir un juez. Le ruego que cuando lo utilice, lo haga con más sentidiño, que decimos en Galicia”, le sugirió el portavoz popular, Juan Manuel Juncal. La primera víctima de la crisis que va a la comisión todavía se tuvo que ir con un tirón de orejas, por falta de sentidiño.