Crece el rechazo autonómico al plan de Empleo para parados sin ingresos

El Ministerio de Empleo ha conocido este martes oficialmente el rechazo mayoritario de las administraciones autonómicas a su oferta de reestructuración de las ayudas de último recurso a parados de larga duración. Y es mayor aún del que se preveía al comienzo de la reunión con los responsables de Empleo regionales. No fueron nueve, como le habían anticipado en la reunión preparatoria del lunes, sino 11, según se ha evidenciado en la conferencia sectorial de Empleo, nombre oficial del órgano que agrupa al Ministerio y la 17 consejerías del ramo.

Lo previsto era que Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Baleares y Navarra —un colectivo mayoritariamente con gobiernos del PSOE— rechazaran la oferta que hace Empleo para reestructuras el plan Prepara, el Programa de Activación para el Empleo (PAE) y la Renta Activa de Inserción (RAI). En la reunión se sumaron País Vasco y Canarias. Tres fuentes presentes en el encuentro apuntan que en el caso vasco, el rechazo se debe a que reclama la gestión de la nueva ayuda (Renta Complementaria de Desempleo, RED). En el otro, el motivo de la negativa se acerca mucho al de las otras: el diseño presentado por Empleo deja fuera de beneficiarios que con la estructura actual podrían acceder a la RAI.

El pasado septiembre el ministerio y las consejerías de Empleo —también los agentes sociales— se comprometieron a negociar y pactar una reordenación de las tres ayudas para los desempleados que se encuentran en peor situación (más de un año sin trabajo y sin ingresos). Lo hicieron tras dos sentencias del Tribunal Constitucional que declaraban ilegales la gestión del Prepara y el PAE por invasión estatal en competencias autonómicas.

Hace unas semanas el Departamento que dirige Fátima Báñez remitió a comunidades, sindicatos y empresarios su propuesta. En ella, se unifican las tres ayudas y en alguno caso se aumenta el periodo que el parado puede cobrar prestación hasta 72 meses.

Desde las comunidades críticas, se rechaza este diseño porque dejaría fuera a parte de los actuales potenciales beneficiarios de la RAI. Esta posición se acerca a la que defienden los sindicatos UGT y CC OO, que también ven que la oferta ministerial supone un recorte de cobertura. El Ministerio rechaza esta opción. “La amplía la protección”, apuntaba una fuente de Empleo.

Justo al acabar la reunión, en la que también se repartieron a las comunidades 2.055 millones para políticas activas de empleo, los responsables autonómicos de Empleo de Andalucía, Extremadura y Baleares todavía salían del encuentro debatiendo, en tono cordial, con el secretario de Estado, Juan Pablo Riesgo. Este apuntaba que en la contraoferta de las comunidades críticas, con Baleares a la cabeza, hay un problema de competencias y la ayuda tendría un carácter más asistencial que laboral al renovarse cada seis meses sin límite de prórrogas. Riesgo también subrayaba que él pretende llegar a un acuerdo. La otra parte respondía que también ellos lo querían, pero que debía tener contenido y no dejar fuera a los actuales beneficiarios de la RAI: “Esta ayuda no está cuestionada por el Constitucional”.

Después de este capítulo, Riesgo respondía a este diario que su intención es sacar adelante esta ayuda a través de un acuerdo. Para llegar a ese punto, todavía hay dos semanas de plazo.