El FMI insiste en la unión fiscal

El FMI insiste en la unión fiscal, y aunque reconoce la dificultad política de esta nueva configuración institucional, interpreta que es una necesidad económica. Es decir, advierte que sin ella (al menos en un cierto grado), la eurozona seguirá estando expuesta a riesgos existenciales que sus autoridades harían mal en descartar. La idea no es nueva y hace tiempo que se está desarrollada. Tras el estallido de la crisis de deuda en 2010, concentrada en aquellos estados miembros que habían mentido respecto al estado de sus cuentas públicas, se pensó en crear un Ministerio de Economía de la Unión Europea que tuviera poder de acción sobre las economías que confrontaban el bloque. La cara más visible de esta propuesta era Alemania, que por entonces debía de afrontar la responsabilidad de encontrar la dirección de la salida de la crisis. Pero otros, con Francia a la cabeza, eran más reacios a esta posibilidad, ya que entendían que estaban cediendo soberanía a la UE, en la que Alemania tenía un gran poder de decisión.

El FMI también se ha mostrado partidario de crear una nueva institucionalidad en la Eurozona y ahora, vuelve a insistir con la idea, según un artículo reciente publicado por los expertos del organismo Helge Berger, Giovanni Dell'Ariccia y Maurice Obstfeld (2018). Según estos expertos la eurozona está experimentando una recuperación vigorosa, pero la arquitectura sobre la que se asienta la unión monetaria sigue estando incompleta y la deja vulnerable a futuras crisis financieras.

Se han dado pasos importantes para corregir algunas deficiencias, como la introducción de servicios de préstamos condicionales y aspectos básicos para lograr una unión bancaria. Sin embargo, el informe advierte que la eurozona tiene que ir armando los elementos de una política fiscal común, lo que incluye una distribución más amplia del riesgo fiscal, con el fin de preservar la integración y la estabilidad financiera y económica. 

El FMI se refiere a la Unión Económica y Monetaria (EMU), evaluando que si esta fuera como cualquier otra zona monetaria importante, como Estados Unidos, habrían dotado de facultades a un gobierno central o contarían con instituciones que actuarían de forma comunitaria, de manera mancomunada, para poder abordar la situación de las entidades financieras en dificultades, garantizar los depósitos bancarios y brindar un alivio fiscal a aquellos estados miembros que atraviesen recesiones particularmente profundas.

Pero la eurozona no es un ente político y sus miembros retienen mucha autonomía, lo que les deja expuestos a choques graves idiosincráticos, tanto económicos como financieros, sobre todo en los casos en que los niveles de endeudamiento público ya son elevados y cuando los gobiernos no disponen de mucho margen para responder con políticas fiscales. Asimismo, estiman que los bancos de la eurozona son propietarios de cuantiosas sumas de deuda externa soberana o pública, lo que deja la puerta abierta a un círculo vicioso en que los problemas soberanos y financieros se agravan mutuamente. Como ya demostró la crisis financiera, esta dinámica puede dar lugar a una propagación de efectos de contagio negativos a otros estados miembros de la UE, dentro y de fuera de la eurozona.

El informe insiste en que la eurozona sigue funcionando sin políticas unificadas que respalden un sistema eficaz de garantía de depósitos en toda la eurozona y sin un mecanismo común de apoyo para el Fondo Único de Resolución (SRF). Pero la unión bancaria, si bien es vital, no es todavía suficiente. Mientras que las uniones monetarias establecidas cuentan con mecanismos automáticos de distribución del riesgo, que protegen frente a los riesgos relacionados con los ciclos económicos, los mercados privados no ofrecen cobertura suficiente para hacer frente a las caídas del consumo durante una crisis económica. Si bien una opción es aumentar el gasto público, esta opción puede llevar aparejada aumentos de impuestos y reducciones de gasto más adelante, con lo que tal vez no es una opción cuando, además, la deuda pública es todavía muy elevada.

La opción ideal sería establecer un sistema mediante el cual, los estados miembros, se puedan cubrir, mutuamente, compartiendo el riesgo fiscal. Para poder lograrlo y, al mismo tiempo, tratar de evitar las transferencias permanentes de fondo, se han hecho propuestas a favor de establecer un sistema de seguro de desempleo para toda la eurozona para estabilizar los ingresos privados. Sin embargo, un mecanismo específico fiscal centralizado, que podría recaudar las contribuciones anuales de los estados miembros a cambio de transferencias vinculadas a los choques nacionales, cuando estos ocurran, ofrecería los mismos beneficios, sin tener que exigir la armonización del seguro de desempleo.

En principio, la participación en este mecanismo también podría estar condicionada al cumplimiento de ciertas reglas fiscales o de reformas estructurales para poder ayudar a reducir la probabilidad de que la distribución del riesgo diera lugar a las transferencias unilaterales a largo plazo. Los tres autores citados estiman que siguen existiendo otros problemas persistentes, tales como los préstamos morosos, que deberían de abordarse por separado. La realidad económica tiene medios para hacerse valer, al margen de las mareas políticas de cada momento. A pesar de los diez años que han pasado desde la Gran Crisis Financiera de 2008, los populismos siguen estando todavía vivos y con fuerza en la mayoría de los países de la eurozona: de extrema izquierda en la mayoría de países del sur y de extrema derecha en la mayoría de países del norte. 

Hay que tener en cuenta que la movilidad del empleo entre los estados miembros es todavía reducida. Aunque contribuye a compensar un choque asimétrico a medio o largo plazo entre un estado miembro o varios, dicho proceso tarda en promedio dos veces más tiempo que en el caso de los Estados Unidos, por las diferencias de lengua y cultura que la suelen limitar.

Asimismo, la prohibición de un financiamiento monetario por el BCE a los estados miembros en el artículo 23 del Tratado de la Unión Europea se ha interpretado como que la entidad presidida por Mario Draghi no puede actuar como freno monetario de última instancia de estados miembros solventes pero potencialmente ilíquidos. Por esta razón una falta de liquidez en un estado miembro puede convertirse en una amenaza a su solvencia.

Como conclusión, se puede decir que la realidad se muestra muy tozuda, ya que siempre termina imponiéndose a los deseos políticos de unos determinados partidos o, también, de unos determinados estados miembros. Pero si resulta que, al final, no se llega a alcanzar una cierta unión fiscal, la eurozona podría llegar a desaparecer en una próxima crisis, lo que sería el acontecimiento más grave de la ya larga historia de la Unión Europea.

Guillermo de la Dehesa es presidente honorario del Centre for Economic Policy Research (CEPR) de Londres.