La UE redacta una directiva contra los abusos en el sector agrario

Esta propuesta está previsto que se presente en el Consejo de Ministros de Agricultura, el próximo 16 de abril, y que pase por el Parlamento Europeo para su aplicación antes de dos años.

Para la elaboración de esta iniciativa, Bruselas llevó a cabo en el último año una consulta pública en la que hubo más de 1.500 respuestas donde la mayoría coincidía sobre su necesidad, por considerar que en un 90% de los casos existían prácticas desleales, sobre todo en los plazos de pago y los cambios en las condiciones de venta.

La propuesta de directiva contempla, además de las condiciones ya citadas, la aplicación de efectos retroactivos en materia de entregas, calidades, volumen o exigir a los proveedores el coste de las pérdidas en la distribución por causas como roturas, etc. Se contempla la necesidad de que en cada país exista una autoridad para vigilar el comportamiento de la misma, así como un mecanismo sancionador. Esta directiva no contempla la venta a pérdidas ya regulada en otra disposición.

España, con la Ley de la Cadena Alimentara en vigor desde 2014 y con la Agencia para su control en marcha, fue pionera en la Unión Europea en la lucha contra las prácticas abusivas para buscar un equilibrio entre los diferentes operadores. Agricultura no pudo incluir en la Ley la lucha contra la venta a pérdidas por la oposición de otros ministerios económicos.

Una ley muy reclamada

En los últimos años, la Administración española ha sido una de las principales impulsoras en Bruselas de una normativa comunitaria en esta materia, una demanda muy reclamada desde la Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas, ante la existencia de grandes operadores comunitarios comprando en España.

Para el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, se trata de un paso importante en Europa para la defensa de los intereses del sector agrario y alimentario. Agricultura ha defendido siempre en Bruselas una disposición contundente contra este tipo de prácticas, aunque Cabanas considera que ahora habrá un equilibrio entre las posiciones de los países del Norte, opuestos a la misma, y las demandas de los países del Sur.

Con este paso se refuerza la filosofía de la normativa española y no se impedirá, en ningún caso, que en la Ley de la Cadena Alimentaria se mantengan las actuales exigencias, como la obligación de suscribir contratos. En todo caso, desde la Administración y la UPA se valoró positivamente este avance. Cooperativas Agroalimentarias, Asaja y Coag, también habían reclamado una normativa comunitaria para atajar este problema.