Bruselas propone que los campos de golf reciban ayudas agrarias

A partir de 2018, las grandes superficies de instalaciones deportivas como campos de golf, compañías que gestionen terrenos ligados a los aeropuertos, compañías de aguas, de ferrocarriles o terrenos de inmobiliarias, las englobadas en su día en la llamada "lista negra", podrían acceder a las ayudas comunitarias directas procedentes de la Política Agrícola Común. Es lo que se desprende de la propuesta de nuevo reglamento "ómnibus" para la simplificación de la PAC planteada por el comisario de Agricultura, Phil Hogan. Este reglamento que debe aprobar el Consejo y el Parlamento de la UE, según fuentes de la Administración, contiene una modificación de gran calado. Se deja en manos de cada Estado miembro la facultad de no aplicar la exigencia de la figura de agricultor activo como el destinatario de las ayudas, tanto a las personas físicas como a las empresas ligadas a las actividades incluidas en esa "lista negra". Esta es la cuarta oleada de medidas presentada por el comisario en el último año para la simplificación de la PAC, en este caso referida específicamente a la figura de los agricultores activos.

Frente a la corriente comunitaria partidaria de una mayor flexibilidad en los pagos a quienes ostenten unos derechos al margen de su actividad o rebajando las exigencias a mínimos, en España, el actual Ministerio de Agricultura, las Comunidades Autónomas y las organizaciones agrarias coinciden en la necesidad de restringir el acceso las ayudas. Por este motivo, parece difícil que el futuro Gobierno opte por ejercer esa facultad de pagos para todos, pero quedará en sus manos.

En Alemania hay unos 320.000 perceptores de estas ayudas, mientras que en Francia son alrededor de 350.000. En España, para un volumen de pagos similar, el número es mucho mayor. Hace tres años, el número de perceptores superaba los 900.000. Actualmente, esa cifra se ha rebajado a unos 797.000, especialmente por la exigencia de ser un agricultor activo para recibir la ayuda, así como por la prohibición de solicitar ayudas de menos 100 euros en 2014, menos de 200 en 2015 y actualmente 300 euros.

Desde el sector agrario se ha defendido radicalmente la necesidad de que las ayudas PAC fueran solamente para los profesionales, fijando la figura de agricultor activo como su destinatario. Para ser agricultor activo es indispensable que los ingresos por la actividad agraria supongan un mínimo del 20% de los ingresos de la explotación, pudiendo corresponder el 80% restante a ayudas públicas. A instancias comunitarias, esas exigencias se fueron rebajando y ahora, para cobrar las ayudas, basta con tener la tierra de laboreo o los pastos en buen estado, sin necesidad de producir, justificando gastos en su mantenimiento. Para las empresas que gestionan actividades de esa "lista negra", las exigencias para ser consideradas "activos" contemplaban que el importe total de sus ayudas directas de la PAC supusiera al menos el 5% de sus ingresos totales por actividades no agrarias o que su objetivo social y en la práctica tuviera una actividad agraria.

Los pagos directos suponen unos 5.000 millones de euros al año.