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Un Estado más pequeño

Debilitar lo público significa reducir las posibilidades de supervisión y de protección social

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, junto con Alberto Nadal, secretario de Estado de Presupuestos, y Enrrique Moya, de Hacienda, antes de presentar los Presupuestos.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, junto con Alberto Nadal, secretario de Estado de Presupuestos, y Enrrique Moya, de Hacienda, antes de presentar los Presupuestos.

Una de las lecciones centrales que parecían haberse sacado de la década de la Gran Recesión era la necesidad de Estados fuertes, al menos por dos motivos: para poder supervisar y regular con eficacia los aspectos de la vida económica y financiera que tienden al abuso permanente, y para proteger con medios suficientes a todos aquellos ciudadanos que, crecientemente, se quedan por el camino en tiempo de dificultades. El problema fue, pues, de Estados débiles, no de Estados fuertes, como siempre defendían los partidarios del pensamiento dominante y del statu quo.

El partido que gobierna España desde hace casi siete años no comparte en la práctica esta lección. Los Presupuestos que con mayor o menor fortuna han aprobado, el modo en que los han aplicado, y el marco en el que se contextualizan (el Programa de Estabilidad 2017-2020) van en la dirección opuesta: la de empequeñecer el Estado (ya de por sí menor que el de muchos de los países de nuestro entorno, con los que habitualmente nos comparamos). Es muy difícil explicar la política de los Gobiernos de Rajoy si no es por motivos ideológicos. El Programa de Estabilidad contiene, entre otras muchas, estas tendencias: los ingresos públicos deben pasar del 37,9% del PIB en 2016 al 38,7% en 2020, cuando el promedio de la eurozona es del 46,1% (7,4 puntos más); el gasto público español ha de disminuir del 42,2% del PIB en 2016 al 39,2% al final del periodo, mientras el promedio de la eurozona está ahora en el 47,2% (ocho puntos más). Pocos ingresos y menos gastos públicos: empequeñecimiento del Estado.

El proyecto de Presupuestos del Estado para lo que resta del año en curso tiene cuatro características centrales: son unos presupuestos electorales, con zanahorias selectivas y arbitrarias para los colectivos más irritados por la acción del Gobierno (pensionistas más modestos, funcionarios,…); son tardíos, porque en el mejor de los casos solo tendrán efecto sobre medio ejercicio; entran al Congreso sin tener asegurada su aprobación por falta de apoyos partidistas; y la declaración tópica de que son “los Presupuestos más sociales de la democracia” es simplemente increíble.

Estas circunstancias de fragilidad no deberían impedir, sino todo lo contrario, un debate parlamentario a la altura del hecho de que los Presupuestos son la principal herramienta de la política económica nacional. Un debate tan significativo al menos como el del estado de la nación, en el que todas las formaciones políticas deberían retratarse con sus alternativas: qué ocurre con reformas estructurales como la fiscal, la de la transición energética y de lucha contra el cambio climático, la de la Seguridad Social (pensiones), la laboral para reducir la precariedad estructural y el empleo temporal, la de la financiación autonómica, etcétera; qué tipo de Estado de Bienestar se defiende, sus prioridades, y cómo se va a financiar; o que tratamiento dar a una deuda pública, alrededor del 100% del PIB, que muchos organismos consideran imposible de reducir a corto y medio plazo, y que habrán de pagar sobre todo las generaciones futuras.

Ello, cuando se inicia el quinto año de crecimiento económico sin reparto.