Los funcionarios estrenan el sistema que liga sus alzas al PIB

Los funcionarios que quieran planear sus finanzas de los próximos años deberán cargarse de paciencia y tener en cuenta un sinfín de factores. Y estos cálculos serán más complicados cada año que pase.

En 2018, será fácil: subida lineal del 1,75% para todos, independientemente de la evolución de la economía. Tan solo habrá dos décimas susceptibles de mejora (hasta el 1,95%) que serán decididos por cada administración a determinados colectivos.

Para 2019 la cosa se complica algo. Porque al 2,25% inmutable, se unen cinco centésimas de variación por cada décima que el PIB crezca por encima del 2%. La mejor situación para los funcionarios se produciría si la economía creciera al 2,5% o más —el Gobierno prevé un 2,3%—, caso en el que la variación sería del 2,5%. Y en 2020 se parte de un aumento asegurado del 2%, que en función de la coyuntura económica podría llegar hasta el 3%. Pero además ese año el crecimiento podría llegar a ser a incrementarse hasta al 3,55% si las Administraciones competentes cumplen sus objetivos de déficit.

Además de subidas salariales, las plantillas públicas se verán reforzadas, siempre y cuando las Administraciones públicas afectadas hayan cumplido las sacrosantas reglas de ajuste fiscal. Así, los cumplidores absolutos podrán cubrir el 100% de las bajas que se vayan produciendo y además contar con una bolsa adicional de entre el 8% y el 10% de las bajas en aquellos sectores que se considere necesario reforzar.

Los sindicatos representativos de la función pública (CSIF, UGT, y CC OO) mostraron su satisfacción el mes pasado, al firmar un acuerdo con el Gobierno que acababa con una larga época de recortes. “Ya nos tocaba. Cuando cayó la economía nos aplicaron el primer recorte y durante los años de crisis perdimos el 13,3% de poder adquisitivo. Cuando despertó, dijeron que aún no era el momento para recuperar lo que nos pertenecía. Este acuerdo representa solo el inicio de la restitución de nuestros derechos y la reparación del daño sufrido”, dijo entonces Julio Lacuerda, de UGT.