El Gobierno deja sin gastar 1.600 millones del pacto con Ciudadanos

Desde las elecciones catalanas, Gobierno y Ciudadanos se han enzarzado en una escalada dialéctica a la caza del voto de centro derecha. En septiembre había un pacto casi cerrado para los Presupuestos de 2018 con medidas por valor de unos 8.000 millones. Pero desde entonces las relaciones se han enfriado. Ahora no está tan claro ese respaldo. “No es un cheque en blanco”, declaró Rivera hace apenas unos días. Sin embargo, a la vista de la ejecución de los Presupuestos de 2017, el cheque ha quedado unas tres cuartas partes en blanco: de los 4.100 millones que dijo Rivera, solo 2.500 millones eran nuevos. Y de ellos solo unos 750 millones se habrían desembolsado. Ciudadanos garantizó así la gobernabilidad. Pero desde septiembre todos sus esfuerzos se han concentrado en Cataluña, y eso ha impedido que la formación fiscalice como debiera el cumplimiento de los acuerdos. El Gobierno incluso ha dejado varias partidas a cero.

Entre sus anuncios, Rivera introdujo 1.200 millones para formación de parados que incluían los cheques formación. Sin embargo, esos 1.200 millones son las políticas de formación que ya se estaban gastando todos los años. Tan solo recogen un aumento del 5%, pero no hay 1.200 millones nuevos como se apuntó Rivera. Además, ese alza del 5% se corresponde más o menos con el incremento de la recaudación por cotizaciones de formación.

Por otra parte, el desarrollo del cheque formación fue tumbado por las comunidades del PSOE en una conferencia sectorial de diciembre de 2016. Las autonomías socialistas no lo aceptaban por el riesgo de fraude que entraña, y porque se corre el riesgo de que se emplee en cursos que carezcan de la orientación adecuada. Aun así, en 2017 se permitió que lo aplicase la que quisiera, pero solo Madrid ha empezado a ponerlo en marcha.

Y otro tanto sucede con los 285 millones para reactivar parados de larga duración. Este programa fue aprobado a mitad de 2016 con las comunidades, y ya se está desembolsando desde entonces.

Rivera también incluyó entre sus triunfos el complemento salarial para menores de 30 años. En junio del año pasado, lo presentaron juntos el portavoz económico de la formación, Toni Roldán, y la ministra Fátima Báñez. Hasta 600.000 jóvenes podrían beneficiarse de una ayuda de 430 euros al mes, afirmaron. El complemento salarial naranja, lo bautizó Roldán. La partida ascendía a 500 millones de euros en Presupuestos. Sin embargo, el complemento no cotiza; no está pensado para hacer más empleables a los parados; puede generar abusos y es un problema para la negociación colectiva porque podría hacer que un aprendiz cobre más que un empleado. A Bruselas no le entusiasmaba. Los sindicatos titubearon. Y cuando llegó el momento de llevarlo al Parlamento, el PSOE estaba dando su respaldo al Gobierno en Cataluña y no podía ceder más. Como resultado, esta iniciativa no se ha desembolsado a pesar de que sería difícil oponerse a ella si se presentase en el Congreso.

Rivera anunció además 500 millones para una Red Cervera de I+D. A imagen de la red alemana Fraunhofer, la idea era establecer un grupo de institutos tecnológicos especializados que pudiesen recabar fondos privados y cuyo personal tuviese su retribución ligada a resultados. Para su constitución, los presupuestos asignaron 500 millones. Sin embargo, tenían truco: solo 20 millones eran dinero contante y sonante. Los 480 millones restantes eran créditos, que muchas veces no se usan. Según datos de ejecución de la Intervención, en 2017 no se gastó ni un solo euro de los 500 millones anunciados.

Lo mismo sucede con 100 millones para reforzar la lucha contra el fraude de la Agencia Tributaria y los 100 millones para modernizar la Justicia. Según fuentes no oficiales de ambos ministerios, estas partidas tampoco se han desembolsado.

A falta de la liquidación total, fuentes de las comunidades constatan que la partida de dependencia no parece tener un incremento sustancial a pesar de que se comprometieron 100 millones más. La cuantía por dependiente atendido en el año 2017 ha sido idéntica a las anteriores desde 2012. Y resulta difícil elevar el gasto más allá debido a la limitada capacidad que tienen las autonomías para atender más dependientes con sus propios medios.

De los 342 millones que se habían comprometido para luchar contra la pobreza infantil, el Ejecutivo solo ha remitido a las comunidades entre un 5% y un 10%.

Respecto a las partidas de educación, los datos son preliminares y las comunidades brindan cifras distintas. En cualquier caso, parece que el plan contra el fracaso escolar ha quedado por debajo de los 30 millones anunciados a pesar de la alta tasa de repetidores que hay en España. Algunas sostienen que no han recibido nada; otras que menos de lo prometido. En cuanto a los libros gratuitos, Rivera habló de una partida de 50 millones. Solo que esa era la totalidad y, en realidad, el aumento era únicamente de 25 millones y sí que parece estar gastándose.

Lo que sí se ha cumplido

El Gobierno ha hecho de la inejecución de partidas un instrumento habitual para cumplir con los objetivos de déficit que le exigía Bruselas. Las cifras se ponían negro sobre blanco en los Presupuestos. Pero luego una parte se dejaba sin gastar. La I+D, Fomento, Agricultura o las inversiones en general han estado entre las rúbricas más damnificadas. Y estos datos apuntan que esa práctica también se ha extendido a los acuerdos con Ciudadanos.

Las cifras son aun peores si se comparan con el pacto que suscribió Ciudadanos para apoyar la investidura de Rajoy. Este recogía gastos concretos por valor de 5.000 millones y no de 4.100 millones, o de 2.500 millones como al final realmente se firmaron.

Por el contrario, sí que se han gastado dos partidas: los 480 millones de la ampliación de la tarifa plana y los 235 millones para ampliar la baja de paternidad de dos a cuatro semanas. Resta también la rebaja del IVA para los espectáculos en directo, que sí se ha puesto en marcha pero cuyo coste no se concretó.