La pugna entre PP y PSOE deja sin paga de 430 euros a 800.000 jóvenes

El dinero estaba listo desde que en julio se aprobaron los Presupuestos del Estado: una partida de 500 millones para dar 430 euros mensuales durante año y medio para los jóvenes participantes en la Garantía Juvenil —unos 800.000 inscritos con datos de septiembre— que sean contratados con un contrato de formación y aprendizaje. Pero esa partida, cuyo fin último sería luchar contra el paro juvenil (una tasa del 36%), acabó intacta 2017. ¿Por qué? Esa ayuda todavía no se ha puesto en marcha ni hay un texto legal que la regule.

Todo parecía listo en septiembre: el Ministerio de Empleo acordó con empresarios y sindicatos su “implementación urgente”. Este paso sucedía al pacto con Ciudadanos, el partido que, como recuerda su portavoz económico, Toni Roldán, tuvo la idea original y la incluyó en el acuerdo de investidura de Mariano Rajoy.

Con estos escollos salvados, faltaba la aprobación parlamentaria. Pero más de tres meses después, este trámite ni siquiera ha comenzado, pese a que PP y Ciudadanos acordaron en diciembre en el Congreso instar al Gobierno a que la ponga en marcha. En Empleo señalan que la falta de apoyo de los socialistas lo ha impedido hasta ahora. “El PSOE tendrá que explicar por qué esa iniciativa [...] bendecida por sindicatos y patronal no le parece bien”, respondió el mes pasado Báñez en el Congreso. En el Ministerio también señalan que están negociando con el primer partido de la oposición.

“Un gasto sin criterio”

El responsable socialista de empleo, Toni Ferrer, admite las conversaciones, pero rechaza que ellos se opongan a un pacto fruto del diálogo social. “Nosotros le hemos dicho al Gobierno que estamos dispuestos a aprobar el decreto que canalice el acuerdo, pero exigimos que se tramite después como proyecto de ley”, añade. Aunque como añade a continuación, la intención de Ferrer es enmendar esa ayuda, porque “es un gasto sin criterio”. Para este antiguo sindicalista, la única intención de esta medida es gastar el dinero que Bruselas destina a España de la Garantía Juvenil para no tener que devolverlo una vez acabado el programa porque no se ha podido ejecutar.

“No entiendo que la izquierda bloquee esta medida”, critica el diputado de Ciudadanos, Toni Roldán. Para él, condicionar la aprobación de la ayuda a su tramitación como proyecto de ley es “una excusa”. “Lo que quieren es pararlo y me parece irresponsable”, prosigue.

Desde Empleo, también se achaca el bloqueo a la situación política en los últimos tres meses. O lo que es lo mismo: la crisis catalana. Esto viene a confirmarlo el portavoz del PdeCAT, Carles Campuzano: “Nosotros, en principio, no somos partidarios de una ayuda como esta. Pero, además, no estamos dispuestos a asumir ese coste en la coyuntura actual”.

Para UGT, el principal responsable de la situación “es el Gobierno, que es quien se comprometió con nosotros a sacar adelante el contenido del acuerdo”, señala Mari Carmen Barrera, su responsable de Empleo y Seguridad Social. A este sindicato, lo que más le duele no es la demora en la ayuda, sino que no salga adelante otro de los contenidos del pacto: las mayores facilidades para el acceso a la jubilación parcial de trabajadores mayores de 51 años y las bonificaciones para los contratos de quienes los sustituyan.

En CC OO tampoco se mostraron entusiastas con el complemento. Su titular de Empleo, Lola Santillana, lamenta que el Ministerio no haya puesto en marcha otro de los puntos del pacto: la apertura de una mesa de negociación que busque la regulación de las prácticas no remuneradas de los jóvenes para ponerles un límite temporal, vincularlas con becas y programas de formación o consensuar los requisitos que deben reunir las empresas e instituciones que recurran a ellas.

La idea inicial fue cambiada en Bruselas. La Comisión Europea, quien paga la Garantía Juvenil, “no prevé la financiación de complementos salariales” que abaraten los sueldos y los compensen. Así que Empleo modificó el plan inicial y lo convirtió en una ayuda que pudiera considerarse como política activa de empleo al vincular la ayuda a los contratos formación. Desde el Gobierno reiteran que con ese cambio, en la capital comunitaria ya no pondría problemas, pese a que tras la modificación pedían más garantías.