Los ingresos tributarios de América Latina dependen cada vez menos de las materias primas
El último informe tributario de la OCDE ve avances en la diversificación de los ingresos estatales
El peso de las materias primas en los recursos tributarios de los países de América Latina es cada vez más bajo. La relación promedio con el Producto Interior Bruto (PIB) cayó del 3.5% en 2015 al 2,3% en 2016. El porcentaje subirá levemente en 2017, impulsado por una mejora en los precios de los commodities, pero seguirá por debajo del 3%. Las cifras surgen del informe Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe, elaborado por la OCDE y presentado este martes en Santiago de Chile. El texto destaca que depender menos de los ingresos provenientes de los recursos naturales no es necesariamente una mala noticia. Si bien “refleja la disminución de estos recursos”, muestra también “una mayor movilización de los ingresos procedentes de otras fuentes”, dice la OCDE, en línea con sus recomendaciones a los Estados latinoamericanos para que diversifiquen lo más posible sus fuentes de ingreso.
El informe de la OCDE tiene este año un apartado especial que analiza las tendencias en los ingresos fiscales de 12 grandes productores de recursos naturales no renovables. La caída de los precios internacionales del crudo afectó especialmente los ingresos fiscales relacionados con hidrocarburos, que pasaron de representar el 5% del PIB en 2015 a 3,4% del PIB en 2016. “Aunque los precios de las materias primas claves han aumentado en 2017, se prevé que los ingresos provenientes de hidrocarburos bajen ligeramente hasta llegar al 3.3% del PIB en 2017”, anticipa la OCDE. La novedad es que los ingresos tributarios totales no han caído de la misma forma. En 2016, la economía de la región se contrajo 1% y el porcentaje de ingresos tributarios con respecto al PIB cayó apenas tres décimas, lo que muestra la creciente desconexión de los ingresos por commodities.
Para la OCDE, ese ese el punto que debe ser destacado. “En el auge de los commodities, los ingresos del sector representaban entre un tercio y hasta la mitad de los recursos públicos totales. Hoy no son más que el 10%. Pero el mantenimiento general de los ingresos tributarios en un escenario de desaceleración económica de la región es un buen punto de partida. Hubo avances significativos en la administración tributaria en países como Argentina, Perú y Colombia, donde aplicaron, por ejemplo, la factura electrónica. Son esfuerzos que explican por qué los ingresos se han mantenido. Esa llamada que hemos hecho a América Latina para diversificar las fuentes de financiamiento se ha cumplido.”, dice a EL PAÍS Ángel Melguizo, jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE.
El peso tributario de los recursos naturales renovables, en cambio, es aún modesto. Con las únicas excepciones de Argentina y Paraguay, donde representan el 0,45% y el 0,16% del PIB, respectivamente, en países como Brasil implican sólo el 0,01% del PIB. El informe advierte que las cifras deben ser tomadas con cautela porque la información estadística es escasa. “Si bien estos ingresos son susceptibles a la volatilidad que surge de las condiciones climáticas o cambios en la producción mundial de productos específicos, su tamaño relativo limita su impacto en las cuentas fiscales generales”, dice el informe.
La apuesta de la OCDE es, en cualquier caso, diversificar lo más posible las fuentes del dinero que va a parar al financiamiento de las políticas públicas. “La región puede aspirar a más y debe compensar la caída del precio de los commodities”, dice Melguizo. “Por eso alentamos a un sistema tributario más estable y más sólido. Hay margen todavía para que suba el impuesto a la renta de las personas de mayores ingresos, por ejemplo. Eso permitirá aligerar la carga tributaria a las empresas y al consumo" a través del IVA”, explica. El otro gran desafío, dice Melguizo, es neutralizar la creciente desconexión entre la gente y el Estado, que lleva a altas tasas de evasión. “Para eso”, dice, “hay que mejorar la calidad de los servicios públicos, de la educación, la salud y el transporte. Los Estados deben ser más transparentes y duros contra la corrupción”. Se trata, en suma, de que los ciudadanos confíen en que el dinero que aportan en impuestos va a donde debe ir.
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