México prepara propuestas para tratar de llegar a un acuerdo sobre el TLC antes de mayo

Los negociadores mexicanos tratan de acortar los tiempos para alcanzar la fumata blanca en las arduas conversaciones para la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). El tiempo apremia: la campaña electoral de las elecciones presidenciales mexicanas echará a andar en menos de dos semanas y el Gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI) sabe que la única opción para llegar a la cita electoral con un pacto bajo el brazo es tener listo un principio de acuerdo antes de que termine abril. Hasta esa fecha solo queda una ronda negociadora más entre México, Estados Unidos y Canadá -la que se celebrará la segunda semana de ese mes en Washington- y para entonces la delegación mexicana pondrá encima de la mesa su propia propuesta para reformar el capítulo de reglas de origen en el sector automotor, uno de los que más fricciones ha provocado entre los tres países.

En octubre del año pasado, durante la cuarta ronda de negociación, la delegación estadounidense se descolgó con una propuesta rápidamente calificada de inviable tanto por las autoridades mexicanas y canadienses como por la industria ensambladora de los tres países: elevar del 62,5% actual al 85% el porcentaje de piezas fabricadas en la región de un coche producido en cualquiera de los tres países y fijar un contenido mínimo estadounidense del 50%. En enero llegó la contrapropuesta canadiense: un nuevo esquema de medición del contenido regional que primase los gastos de ingeniería, investigación, desarrollo y otras tareas de alto valor agregado -las que más y mejores puestos de trabajo generan- acometidas en la región. La primera reacción, furibunda, de los negociadores estadounidenses fue un no rotundo. Sin embargo, con el paso de las semanas parece haberse abierto un margen para el diálogo.

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A México lo puesto encima de la mesa por Ottawa le sonaba bien -mucho mejor, al menos, que la propuesta “disruptiva e inaceptable” de EE UU-. Pero en la séptima ronda, celebrada en México a finales de febrero, la inesperada marcha del representante estadounidense en la mesa en la que se negocian los asuntos del sector automotor pospuso la presentación de una contrapropuesta formal sobre la que construir un acuerdo aceptable para las tres partes en liza. Tras ese retraso, la octava cumbre trilateral será, si nada se tuerce, aquella en la que el país latinoamericano desvele finalmente sus cartas: el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y su equipo llevan semanas de conversaciones formales con la patronal automotriz mexicana (AMIA) sobre la forma en la que México debería afrontar la cuestión de las reglas de origen. A diferencia del Gobierno mexicano, que con el paso de las semanas ha abierto la puerta a concesiones en un tema especialmente simbólico para la Administración Trump, los industriales se mantienen en sus trece: no quieren mover ni una coma de la actual redacción del acuerdo en lo tocante a su propio sector.

Pero esa apuesta por el inmovilismo parece tener sus horas contadas. Guajardo, en calidad de máximo representante político mexicano en las negociaciones, aprovechó el encuentro con la prensa posterior a la séptima ronda para enviar un mensaje nítido a los representantes de la industria mexicana: “Tenemos la obligación de escuchar a todos los sectores productivos, pero las decisiones del Estado mexicano no están condicionadas por uno solo porque en tanto así lo hiciéramos podríamos estar secuestrados por sus intereses. Quien define si hay o no una propuesta en la mesa no es el sector, es quien está como responsable de la negociación”. En otras palabras: el Gobierno mexicano es consciente de que el acuerdo pasa, sí o sí, por un cambio en las reglas de origen y presentará una contrapropuesta le guste o no a la AMIA.

El esquema que México pondrá encima de la mesa seguirá la estela de lo propuesto por sus pares canadienses, según han confirmado a EL PAÍS tres fuentes involucradas en la negociación. Kenneth Smith y su equipo defenderán la ampliación de los componentes que deben ser rastreados por las armadoras para ser tenidos en cuenta en la cifra final, un cambio que a la postre se traducirá en un mayor contenido regional. También una serie de primas para que las empresas busquen proveedores de cualquiera de los tres países norteamericanos para los componentes con mayor carga tecnológica. Pero México no propondrá, al menos de primeras, un aumento explícito en la regla de origen regional para el sector automotriz como el que quiere EE UU ni, sobre todo, una cifra específica de contenido estadounidense. Este último punto sigue siendo la gran línea roja de las autoridades mexicanas y canadienses en la negociación. Y el gran anhelo de la Administración republicana.

El Ejecutivo de Peña Nieto ve ahora un 60% de posibilidades de que la negociación llegue a buen puerto, tal y como admitió la semana pasada Guajardo. Una probabilidad que ha aumentado en las últimas semanas por dos factores. En primer lugar, el reciente acercamiento de alto nivel, uno de los puntos que hasta ahora ha fallado en la negociación: el representante comercial de Trump, Robert Lighthizer, y la canciller canadiense, Chrystia Freeland, limaron asperezas la semana pasada en una reunión de casi cuatro horas y ambos plantean un encuentro trilateral con Guajardo para antes de la cumbre de Washington en el que el tema de las reglas de origen ocupará un lugar destacado. El trabajo técnico está encarrilado; ha llegado la hora de la política.

El segundo factor que en la Ciudad de México se percibe como positivo es la distracción de Trump con otros temas: desde los aranceles al acero y al aluminio -de los que México y Canadá han sido finalmente excluidos- hasta la nueva vuelta de tuerca en la trama rusa, pasando por las recientes dimisiones o destituciones de personas clave de su equipo. El ascenso del asesor Peter Navarro y la designación de Lawrance Kudlow como consejero económico también han insuflado confianza: ambos son marcadamente proteccionistas, pero su mayor enemigo es China -con quien cabe recordar que EE UU tiene un déficit comercial cinco veces superior al existente con México- y no sus vecinos de América del Norte.

“Si EE UU cede un poco, puede haber acuerdo ya. Si mantiene todos sus objetivos de máximos, no”, subraya una fuente cercana a las conversaciones para la actualización del mayor tratado comercial del planeta. México y Canadá son conscientes de que el acuerdo pasa por otorgar una victoria política a Trump que pueda vender ante sus votantes. No en vano fue el propio magnate republicado el que decidió abrir el melón de la modernización del TLC contra la voluntad del resto de actores implicados. Sin embargo, esa cesión tiene que ser también políticamente aceptable en su propia arena política nacional, máxime cuando el país latinoamericano celebrará comicios presidenciales en julio y Canadá tendrá elecciones en dos provincias clave -Ontario y Quebec- en junio y en octubre. Por ese difícil equilibrio pasa ahora mismo un acuerdo que muchos consideraban inviable hace pocas semanas, pero que podría ser la sorpresa positiva para México en esta primera mitad del año.