México inhabilita de nuevo a Odebrecht para participar en contratos públicos
La Función Pública impone una segunda sanción, esta vez de dos años, a la constructora brasileña por cobros indebidos a Pemex


México amplía la inhabilitación a Odebrecht para participar en contratos públicos. La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto este miércoles una sanción de dos años a la constructora brasileña, implicada en casos de corrupción a lo largo y ancho de América Latina, lo que le impedirá participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con dependencias y entidades federales y estatales en las que haya dinero público del Estado mexicano. La sanción deriva de un cobro indebido de 2,5 millones de pesos (130.000 dólares, al cambio actual) por duplicidad de servicios en un contrato de obras en la refinería Miguel Hidalgo (Tula de Allende, Estado de Hidalgo, centro del país) y se suma a la primera inhabilitación, por cuatro años, decretada en diciembre pasado. Varios contratos de la firma brasileña con Pemex en tiempos de Emilio Lozoya -exdirector general de la petrolera estatal mexicana, imputado por supuestos sobornos- son el principal foco de investigación por parte de la justicia.
En paralelo, el Estado mexicano ha inhabilitado por diez años y ha impuesto una sanción económica de 2,6 millones de pesos (138.000 dólares) a un funcionario adscrito a Pemex Transformación Industrial (una división de la estatal Petróleos Mexicanos) por autorizar indebidamente el pago a la firma constructora. Hace dos meses, ese mismo servidor público fue inhabilitado a una década y sancionado con una multa de casi 120 millones de pesos.
"Como resultado de la investigación aperturada el 22 de diciembre de 2016, la SFP ha iniciado hasta este momento ocho procedimientos administrativos: cuatro contra filiales de la empresa constructora, dos contra sus representantes legales y dos más contra servidores públicos de Pemex", añade la dependencia gubernamental en un comunicado hecho público este martes.
En diciembre, pocos días antes de que Odebrecht fuese inhabilitada por primera vez, un delator de la firma brasileña reconoció haber sobornado al exdirector de Petróleos Mexicanos con cuatro millones de dólares (3,4 millones de euros). "Le dije que estaríamos dispuestos a contribuir (...) para reconocer, digamos, la atención que nos había dedicado en los últimos años". Así narró Luis Alberto de Meneses Weyll, antiguo jefe en México de la constructora brasileña Odebrecht, el pago de un presunto soborno a Emilio Lozoya, que en 2012 era coordinador del área internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto.
Los tentáculos del caso Odebrecht se han extendido en los últimos años como una mancha de aceite por prácticamente todos los rincones del continente americano y han provocado escándalos políticos de magnitud en países como Perú, Colombia, Argentina o en el propio Brasil. En México, la purga de responsabilidades ha sido limitada, más allá de la salida de Lozoya de Pemex, pero sí se ha cobrado el cargo del fiscal de delitos electorales, Santiago Nieto, poco después de que asegurará haber recibido presiones de Lozoya para que se le declarara inocente y se le ofreciera una disculpa pública.
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