La Auditoría mexicana constata pagos “en exceso” de Pemex a Odebrecht por 40 millones de dólares
La dirección de la petrolera estatal marca distancias con la época de Emilio Lozoya y dice que "no habrá impunidad"
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mexicana considera probado que Pemex realizó pagos "en exceso" al consorcio brasileño Odebrecht por valor de casi 787 millones de pesos (41,6 millones de dólares al tipo de cambio actual) en el marco de dos contratos de "acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el aprovechamiento de residuales" y de "suministro de agua para rellenos" en su refinería de Miguel Hidalgo (Tula de Allende, Estado de Hidalgo, centro del país). Los sobrecostes superan el 60%. Durante años, la constructora Odebrecht tejió una enorme trama de corrupción con ramificaciones en varios países de América Latina, entre ellos México.
En total –sumando otros contratos en los que Odebrecht no figura como prestador del servicio– la pretrolera estatal mexicana realizó pagos "improcedentes" por valor de casi 1.250 millones de pesos (casi 66 millones de dólares) en dos proyectos: el citado de Tula de Allende y otro de características similares en Salamanca (Guanajuato, centro de México). La ASF considera ese monto "recuperable" para el erario mexicano. El grueso de esa cantidad (937 millones de pesos) tiene que ver con la no revisión por parte de Pemex de que los precios contratados fueran "razonables y convenientes en relación con las obras o trabajos similares".
En el caso del primer contrato con Odebrecht, en el que se documentan irregularidades por más de 707 millones de pesos, el órgano federal que se encarga de fiscalizar las cuentas públicas en el país norteamericano constata que los precios unitarios acordados fueron "altos, debido a que (...) se consideraron costos fuera de mercado y rendimientos bajos de los insumos". Para probarlo, la ASF compara estos precios con los que figuran en otro contrato para un proyecto similar en su refinería Antonio M. Amor de Salamanca. La fecha de ejecución del proyecto iba del 17 de febrero de 2014 al 17 agosto de 2015, cuando Emilio Lozoya todavía era director de Pemex.
En el segundo contrato entre Pemex y el gigante brasileño de construcción involucrado en varios casos de soborno, la ASF presume un "probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal" por un monto superior a 79 millones de pesos.
En su dictamen, hecho público este miércoles pero fechado hace casi tres semanas, la ASF subraya que ha "analizado" la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada (Pemex) para aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas "con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares". Los contratos en cuestión fueron publicados por Pemex en abril de este año, en un intento por arrojar transparencia sobre unos hechos que han dañado la reputación de la empresa.
En un comunicado hecho público en la tarde de este jueves, Pemex afirma que "atenderá" las "observaciones de la ASF" una vez que las mismas sean notificadas y aportará "toda la información necesaria" para que se "determine y sancione cualquier acto ilícito cometido en contra de la empresa". Además, la petrolera estatal mexicana destaca su "estrecha colaboración" con la justicia desde que estalló el caso Odebrecht en Brasil.
La dirección actual de Pemex, comandada por José Antonio González Anaya, marca también distancias con la de su predecesor, Emilio Lozoya: "La actual administración ha fortalecido el área de Procura y Abastecimiento a fin de mejorar sus procesos de adquisición de obras y servicios mediante la realización de procesos competitivos y transparentes, en lugar de adjudicaciones directas", subraya la compañía en la nota de prensa. "Petróleos Mexicanos es el principal interesado en aclarar cualquier acto ilícito que se haya cometido. No habrá impunidad ni en éste ni en ningún otro caso donde se comprueben anomalías".
La ASF lleva a cabo controles regulares de cuentas a los tres poderes mexicanos, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y a los municipios de todo México. También a todo ente "que ejerza recursos públicos federales", incluidos los particulares. Conforme a su mandato legal, el propósito de este organismo es "verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas, y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público".
Caso Lozoya
La auditoría de las cuentas públicas de 2016 aumenta la presión sobre Emilio Lozoya. El nombre del exdirector de Pemex ha sido vinculado a las investigaciones que la Fiscalía y la Secretaría de la Función Pública han realizado sobre el supuesto pago de 10 millones de dólares en sobornos dados por directivos de Odebrecht a funcionarios de la petrolera mexicana desde marzo de 2012.
En agosto pasado, Lozoya trató de conocer mediante sus abogados si su nombre figuraba en las investigaciones dirigidas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. El fiscal, Santiago Nieto, deseaba saber si el dinero de la constructora brasileña había llegado a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, donde Lozoya era coordinador de vinculación internacional. El resultado de la pesquisa es incierto porque el Gobierno fulminó al fiscal el pasado 20 de octubre.
El papel principal de Lozoya al frente de Pemex fue preparar el terreno ante la inminente apertura a la competencia con la aprobación de la reforma energética, a finales de 2013. “Fueron 39 meses de un arduo esfuerzo para transformar la firma pública en una empresa moderna, eficiente y competitiva, dotándola de las herramientas necesarias para hacer frente a los retos y desafíos de un mercado abierto”, dijo Lozoya a los empleados el 8 de febrero de 2016, su último día en el cargo.
La Secretaría de la Función Pública también prepara una nueva línea de investigación que podría abonar a las sospechas que recaen sobre Lozoya. Este martes, un funcionario de la secretaría anunció en el Congreso que investigan el supuesto pago de un soborno de 4.5 millones de dólares dado por Braskem, una filial de Odebrecht, a autoridades mexicanas. La coima fue dirigida para facilitar la instalación de Etileno XXI, la mayor petroquímica de América Latina en Veracruz. En 2013, Marcelo Odebrecht supervisó los avances de la obra con Emilio Lozoya y el gobernador local, Javier Duarte. Dos años después, un funcionario de la constructora brasileña aceptó ante la policía que se habían pagado las mordidas.
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