El juez pide el embargo de la pensión de Ron, el expresidente del Popular

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha solicitado el embargo de 2,9 millones correspondientes al plan de pensiones del expresidente del Banco Popular Ángel Ron, a fin de asegurar las posibles responsabilidades civiles derivadas de la causa que investiga su gestión.

El titular del juzgado central de Instrucción número 4 ordena dicho embargo preventivo "con la celeridad que requiere el asunto", solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, de modo que se aseguren las "responsabilidades civiles y pecuniarias" de los implicados. Se trata de 2,9 millones de euros suscritos en una póliza de seguros con Allianz, que "ya ha sido reclamada" por Ron.

Según consta en el texto, al que tuvo acceso Efe, ha sido la propia compañía aseguradora la que ha comunicado al juzgado la solicitud del expresidente del Popular, entidad ahora englobada dentro del Grupo Santander tras su resolución y posterior venta al precio simbólico de un euro. Ron solicitó el cobro de este dinero por su pensión "acumulada durante 32 años de servicio al Popular", según la nota de sus abogados.

Fuentes del mercado consideran que la actitud de Allianz, que fue uno de los accionistas más importantes del Popular bajo la presidencia de Ron, es la prolongación de las disputas vividas en el consejo del banco. Allianz dejó de apoyar a Ron y facilitó su relevo por Emilio Saracho. Tras la quiebra del Popular, la aseguradora alemana perdió cientos de millones por la desaparición del valor de las acciones que tenía en el banco. Además, la tenedora de bonos Pimco, propiedad de Allianz, reclama otros 280 millones invertidos en bonos que también pasaron a valer cero.  

Esta noticia llega semanas después de que el Santander negara el cobro de la retribución variable, incluyendo las prejubilaciones, a Ángel Ron así como a dos consejeros delegados: Francisco Gómez y Pedro Larena. Les impide cobrar unos 25 millones. En el caso de Ron y Gómez, además, les reclama en una demanda la devolución de algunas cantidades ya entregadas. Todavía no se han pronunciado los tribunales sobre este caso.

Cobro ilícito

El aviso que Allianz amparó en "la notoriedad de las querellas presentadas contra Ángel Ron y la posibilidad de que pudiera llegar a entenderse que la prestación de pago derivada de la póliza constituya una retribución de su cargo como consejero del Popular y, llegado el caso, considerada ilícita, como el resto de conceptos salariales objeto de la investigación".

La reacción de Ron, a través de su defensa, ha sido doble. Por un lado ha recurrido el auto del juez, pero además está preparando reclamaciones ante la Dirección General de Seguros y acciones contra Allianz, "dado que su proceder, además de vulnerar la legalidad, ha creado, tanto ante el órgano judicial, como ante la opinión pública, una sospecha absolutamente injustificada hacia la actuación de Ángel Ron", según una nota de defensa, llevada por José Antonio Choclán.

Este prestigioso abogado cree que Allianz "presentó un escrito informando, sin requerimiento previo alguno por parte del juzgado, de la reclamación de estos derechos por Ángel Ron, induciendo al Juez a error al hacer sospechoso dicho cobro e invitándole a acordar el embargo preventivo de tales derechos económicos. De esta forma, Allianz incumple los términos de la póliza de seguro suscrita y las normas sobre contratos de seguros, además de las obligaciones de protección de datos, sin informar previamente al asegurado". Esta actitud "causa alarma para el asegurado" por "vulnerar las más elementales normas éticas profesionales, confidencialidad de datos y normativa vigente sobre contratos de seguros, e incluso mediando engaño ", añaden.

La medida va en la pieza separada que investiga la ampliación de capital realizada de 2016 por 2.505 millones de euros, de la que la Fiscalía y las acusaciones particulares señalan a Ron como principal responsable.

Al margen de esta, el juez Andreu abrió una segunda investigación por posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios, ya con Emilio Saracho al frente.

Las acusaciones atribuyen a Ron, Saracho, sus respectivos consejos de administración y la firma auditora PwC presunta falsedad societaria, administración desleal, falsedad documental y un supuesto delito contra los consumidores y el mercado, si bien ninguno de los investigados ha sido citado a declarar por el momento.