El consejo del Banco Popular cobró siete millones antes de la quiebra

Los últimos meses de vida del Banco Popular salieron caros para los accionistas. La entidad, que según las cuentas oficiales publicadas ayer perdió 12.218,4 millones el primer semestre, entregó 7,27 millones a los administradores. Entre enero y junio, el Popular —hoy en manos del Santander tras pasar a cero el valor de las acciones y parte de los bonos—, entregó 2,22 millones como retribución fija y cinco millones como variable. Estos emonumentos suponen casi tres veces más que los cobrados en el primer semestre de 2016, con 2,58 millones.

El expresidente Emilio Saracho, que ocupó el cargo 107 días, cobró una prima de contratación de cuatro millones, que se entregó en “metálico y de una sola vez”, según los documentos del Popular. Saracho, que era vicepresidente de JPMorgan, renunció a cobrar otros cuatro millones que tenía acordado para su salida, aunque no iba a ser fácil materializar ese pago. Además, tenía un salario fijo anualizado de 1,5 millones. El ex consejero delegado, Pedro Larena, que dejó el banco en abril, tenía una prima de un millón por fichaje y otro millón de sueldo. Procedía de Deutsche Bank. Su sustituto fue Ignacio Sánchez Asiaín.

Los 7,27 millones incluyen el sueldo de 650.000 euros de Francisco Aparicio, consejero ejecutivo y secretario del consejo. No obstante, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) dice que estas cantidades podrán cobrarse siempre que el banco posea una base de capital sólida. Oficialmente el Popular fue intervenido por falta de liquidez, pero su problema de solvencia también era muy importante.

86 millones en fondos de pensiones

Además, el Popular aportó 3,4 millones para las pensiones de los consejeros (frente a 1,08 millones de junio de 2016) y elevó hasta 86,7 millones las obligaciones para pensiones futuras. Esta cifra supone 10 millones más que en junio de 2016. Los 86 millones son derechos acumulados (que incluyen a Ángel Ron y Francisco Gómez, anterior presidente y consejero delegado), pero aún no se han entregado a los titulares.

En junio, la tasa de mora del Popular era del 21,32% del crédito, con unas pérdidas de 12.218,4 millones. Esta cifra es consecuencia, entre otras cosas, del efecto de poner “a valor razonable” todos los activos, que es lo que exigen la contabilidad cuando se vende una empresa. El Santander hizo este cálculo y atribuyó una pérdida de 7.800 millones a la cartera de inmuebles porque la vendió de golpe y con rapidez; 1.137 millones más por la pérdida de valor de la informática y el fondo de comercio del Banco Pastor, 982 millones por los activos fiscales diferidos (créditos fiscales) incobrables y 900 millones más que se ha gastado en el bono de fidelización de clientes del Popular. En conjunto, el Santander ha calculado minusvalías de 11.181 millones de euros en

Popular tras su resolución.

Los resultados del banco reflejan que sus fondos propios cayeron hasta los 332,3 millones, cuando en junio de 2016 estaban en 14.543,5 millones. En cuanto a los recursos gestionados de los clientes, éstos cerraron junio en 78.343,3 millones, un 27,2% menos que en el primer semestre de 2016 (108.291,2 millones). Mientras, el crédito bruto a la clientela se redujo un 18,6% en el periodo, al pasar de 104.960,8 millones a 85.343,3 millones.

Respecto a los riesgos totales, la cuantía era de 95.688,4 millones (por debajo de los 113.651,4 millones de un año antes). Mientras, los deudores morosos subieron en 4.000 millones, hasta alcanzar 20.397,2 millones. A finales de junio, el Popular contaba con un total de 9.209 empleados y 1.416 oficinas.

En el informe remitido a la CNMV, la entidad señala que "desde el comienzo del año se ha producido un progresivo deterioro del nivel de actividad del banco con importantes bajadas de negocio, especialmente en depósitos de clientes". Además de la bajada de depósitos, el nivel de nueva producción de créditos "ha sido especialmente bajo", subrayó el banco.

Por otra parte, Popular explicó que los resultados están "fuertemente" afectados por el registro de determinadas provisiones al recoger los estados financieros cerrados al 30 de junio de 2017 nuevas estimaciones como consecuencia del proceso de resolución.