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La Audiencia Nacional ve indicios para juzgar a la excúpula de Pescanova

El juez de la Mata cierra la instrucción y cree que se deben sentar en el banquillo 19 imputados por falsedad y estafa, entre otros motivos

El caso llamado caso Pescanova estalló en 2013. La compañía no presentó a tiempo ante el regulador bursátil la contabilidad de 2012 y admitió "discrepancias" entre las cifras publicadas y la deuda bancaria. Poco a poco, de debajo de la alfombra fue saliendo un presunto maquillaje contable fraguado durante años que terminó con la salida de la cúpula y su imputación. La empresa entró en concurso, se partió en dos y sus accionistas perdieron prácticamente toda la inversión. Los restos del naufragio se agruparon en otra empresa, Nueva Pescanova, que ha logrado salir adelante. Casi cinco años después, la Audiencia Nacional da por terminada la instrucción del caso y pide que 19 imputados, entre ellos el expresidente Manuel Fernández de Sousa, se sienten en el banquillo.

Sede principal en Chapela (Redondela) de la empresa Pescanova.
Sede principal en Chapela (Redondela) de la empresa Pescanova. EFE

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado auto de procedimiento abreviado y considera que hay indicios para juzgar a Fernández de Sousa-Faro y la excúpula de la sociedad por delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, estafa, alzamiento de bienes o blanqueo de capitales, insolvencia punible, falsedad en documento mercantil, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo superior. Con este supuesto maquillaje contable, engañaron a las autoridades, los accionistas, quienes acudieron a la ampliación de capital de 2012 y los bancos que les fueron dando más financiación.

En el auto en el que pone fin a la instrucción, De la Mata considera que deben ser juzgadas por estos hechos un total de 19 personas como investigadas y 12 sociedades, entre ellas la propia Pescanova SA. La resolución, que archiva la causa para César Mata, da ahora a las partes un plazo de treinta días para pedir la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento.

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El magistrado señala que la situación de insolvencia que atravesaba Pescanova, un conglomerado con más de cuarenta sociedades participadas, motivó que en lugar de presentar la situación real, decidiera alterar los estados financieros que periódicamente presentaba al mercado, mediante determinadas prácticas contables irregulares, con el fin de que las consecuencias económicas derivadas de esas operaciones comerciales irregulares no quedaran registradas en su contabilidad, ni afloraran en sus cuentas anuales ni en los informes y documentos que venían obligados a presentar ante la CNMV.

"Con estas prácticas los investigados minoraron indebidamente la deuda financiera a contabilizar por el Grupo Pescanova —constituida prácticamente por deuda con entidades de crédito— en cantidades muy importantes, lo que les permitía elaborar sus cuentas anuales y demás documentos contables e informativos consignando deliberadamente en ellos resultados positivos que no se correspondían con la realidad, pues tanto Pescanova SA como el Grupo consolidado presentaban patrimonios netos y resultados negativos millonarios", afirma De la Mata.

Relata el juez todas las prácticas contables y de financiación irregulares desplegadas por los investigados para conseguir financiación por importes millonarios, si bien esa creciente deuda financiera no se consignaba luego en los balances del grupo. La financiación externa fue aumentando el nivel de endeudamiento hasta límites de riesgo muy elevados y para sortear esa situación y seguir obteniendo financiación externa algunos responsables de Pescanova "decidieron realizar ciertas prácticas comerciales irregulares aún a sabiendas de que con ellas inevitablemente agravaban su situación financiera y patrimonial, la cual habrían de ocultar a su inversores, accionistas, acreedores y al organismo regulador".

Falseamiento de cuentas

Según el titular del Juzgado Central 5 de Instrucción desgrana, la contabilidad maquillada  se remontaría al menos al periodo entre 2009 y 2011, la misma dinámica que habían preparado para las de 2012, que hicieron saltar las alarmas. Ninguna de esas cuentas anuales concluye de la Mata reflejaba la imagen fiel de Pescanova S.A.

Al actuar así, dice el magistrado, proporcionaron públicamente una imagen irreal de su situación económica y patrimonial, hasta el punto de que, como ponen de manifiesto algunos de los querellantes, entre los meses de agosto de 2012 y enero de 2013 varios analistas financieros recomendaron la inversión en esos valores atendiendo al signo positivo de aquella información. Esta actuación provocó el consiguiente perjuicio para los que posteriormente suscribieron acciones de la mercantil cotizada.

Además, esa misma información maquillada es la que se usó en la ampliación de capital que se lanzó en julio y agosto de 2012 para captar 124 millones de euro. El folleto emitido para los inversores, según el juez, no reflejaba ni la información de solvencia publicitada y divulgada ni la situación económica financiera real de la sociedad. "De lo actuado se desprenden indicios de que no solo se habría producido esa falsa información al inversor, sino que se habría llegado a producir el resultado lesivo para este último, dado que tal y como obra en autos, se llegó a producir un perjuicio para los nuevos accionistas, quienes basaron su inversión en una información y unos datos que resultaron ser falsos".

Una pieza separada para la familia Sousa

En otro auto, De la Mata abre una pieza separada para investigar a la mujer de Fernández de Sousa, María Rosario Andrade, y dos de sus hijos en relación con unas cuentas abiertas en una entidad bancaria de Andorra que los anteriores no han declarado ante la Hacienda Pública, de acuerdo con el modelo 720 de la declaración de bienes en el extranjero.

De acuerdo con la investigación, el 29 de octubre de 2015 se bloquearon tres cuentas de los tres investigados en Andbank por un total de 3.266.385 dólares, 262.887 libras y 522.045 euros, correspondientes a diversos ingresos y sus rentabilidades y cuyo origen último de los fondos, dice el juez, se desconoce y que permancieron ocultas en todos momento a la hacienda pública española".

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