Los centros de refugiados no quieren vigilancia ‘low cost’

Los directores de los cuatro Centros de Acogida al Refugiado (CAR) que hay en España (dos en Madrid, uno en Valencia y otro en Sevilla) han dicho basta. No quieren que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social renueve el contrato de vigilancia y seguridad de sus centros con la empresa que actualmente presta el servicio. Una compañía conocida y temida a partes iguales en el sector por reventar precios con su convenio colectivo: Sinergias de Vigilancia y Seguridad, relacionada con el rey de la seguridad low cost, Miguel Ángel Ramírez.  

Sinergias se subrogó a los trabajadores de la anterior contrata hace casi un año, tras ganar la licitación que convocó Empleo, y pasó a aplicarles su convenio colectivo, que reduce en más de un 40% los sueldos. Los responsables de los centros han remitido cuatro escritos al ministerio que dirige Fátima Báñez en los que describen el resultado de ese cambio: "La fuerte bajada salarial se ha traducido en una pérdida de motivación e interés hacia el servicio [...] pues difícilmente pueden concentrarse en la prestación del mismo si no pueden hacer frente a sus gastos familiares e hipotecarios", escribe uno de los directores.

Estas cartas han llegado en pleno proceso de renovación del contrato. Desde hace unos meses se ha puesto en marcha el concurso para la adjudicación o renovación del servicio. La decisión tiene que llegar este mes, apuntan varias fuentes.

En las misivas se apunta que no es solamente la "malísima relación laboral entre la empresa y sus trabajadores" con "el CAR como testigo" lo que preocupa a los responsables de estos centros, sino los incumplimientos del contrato y las incidencias que ha protagonizado Sinergias desde que entró a prestar el servicio. "Las inspecciones no se están realizando con la frecuencia comprometida", se queja uno de los directores. Otro recuerda que esas inspecciones tienen que ser diarias, y que eso no se ha cumplido en su centro ni de lejos, con meses en los que ha habido entre 24 y 29 días sin inspecciones.

Estas visitas son importantes porque permiten mantener la calidad del servicio. Una de las cartas enviadas a Empleo pone varios ejemplos de las consecuencias de esa ausencia de inspección, como la falta durante días de material necesario o problemas con las cámaras de seguridad. Cosas tan prosaicas como la falta de pilas en la linterna con la que los vigilantes hacen la ronda del turno de noche, o que el teléfono móvil de la empresa, con el que los vigilantes se comunican con la empresa y fichan en las rondas, estuviera estropeado durante días.

"La falta de regularidad en las inspecciones se traduce en falta de orientación y de directrices para los inspectores", señala una de las misivas. Las cuatro concluyen su "insatisfacción con la prestación del servicio" y enumeran otros incumplimientos de la empresa, como la ausencia de cursos de formación que exigía el contrato. Se trata de formación en extinción de incendios, prevención del racismo, la xenofobia y la homofobia, identificación de víctimas de trata o de técnicas de mediación, conciliación, manejo de situaciones de conflicto y arreglo pacífico de controversias.

"Alarma entre los residentes"

El conflicto que mantienen los trabajadores con la empresa por sus condiciones laborales ha acabado afectando a los residentes de los CAR, según relata uno de los directores. Una de las manifestaciones, con trabajadores, sindicatos y medios de comunicación, "creó alarma en alguno de nuestros residentes, que ante las bocinas y alarmas que activaron durante horas les recordó situaciones difíciles vividas con anterioridad en sus países", escribe.

Los propios trabajadores, que perciben sueldos que apenas superan el salario mínimo interprofesional, han escrito al Ministerio de Empleo para informarle de su situación. Entre las fotocopias de sus nóminas hay al menos dos casos en los que dos vigilantes no llegan al salario mínimo ya que "se ha 'inflado' la remuneración con la parte proporcional de la paga extraordinaria", relata uno de los escritos de los responsables.

Sinergias se ha hecho con al menos una treintena de contratos de vigilancia y seguridad para la Administración en 2017, según los datos de la Plataforma de Contratación del Estado. Entre otros, ha conseguido las licitaciones de varias oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social y de delegaciones provinciales del Instituto Nacional de Seguridad Social, ambos dependientes del Ministerio de Empleo. En esta ocasión en el concurso de vigilancia de los CAR ha reducido el peso del precio en la puntación: de un 80% en el contrato actual al 55% en su renovación.

La Audiencia Nacional anuló en julio pasado el convenio colectivo de Sinergias de Vigilancia y Seguridad. La sentencia afirma que las "irregularidades" del convenio "conculcan la legalidad vigente en materia de capacidad y legitimación para negociar". La demanda fue presentada por UGT, y posteriormente se adhirió USO.

Poco a poco los tribunales van anulando los convenios de este tipo de empresas de seguridad low cost, igual que ha pasado con los de otra cincuentena de multiservicios. Estas compañías pactan convenios con plantillas cortas poco sindicalizadas que luego crecen por la mano de obra barata. Para evitar estas tretas, la nueva Ley de contratación pública otorga prioridad en los concursos públicos a las empresas que respeten los convenios sectoriales.