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EDITORIAL

Formación y trabajo

Hay que analizar las exigencias de las empresas, pero también evitar los eventuales abusos a los que se presta esa posibilidad de trabajo barato

La economía española sigue destacando internacionalmente por el mantenimiento de un desempleo elevado y con una composición inquietante. Tenemos una de las tasas de paro juvenil más elevadas y una formación de base no adecuada a las exigencias de las empresas. Entre las causas de ese elevado desempleo juvenil está el abandono prematuro de muchos jóvenes del sistema educativo. La traslación a nuestro país del modelo de “formación dual” experimentado en varios países como Alemania, Suiza o Dinamarca, prometía una reducción de ese desequilibrio entre los jóvenes, pero los resultados se están haciendo esperar. La empresa y el centro educativo convienen en la distribución de las horas de docencia y las de estancia en la empresa con el fin último de que las habilidades y competencias obtenidas se adecúen a las exigencias de las empresas. Con ello se trata de reducir no solo la asimetría entre el tipo de conocimientos que se imparten en los centros educativos y lo que las exigencias productivas requieren, sino adecuar igualmente las actitudes, habilidades y competencias de los que acceden al mercado laboral por primera vez. Esa formación dual suele girar en torno a ciclos de dos años, aun cuando la legislación española admite que lleguen a tres. La idea es válida y bien instrumentada, y es compatible con otros itinerarios desde los sistemas educativos al mercado de trabajo.

Conceptualmente, el sistema es de todo punto conveniente, no obliga a esperar al término de los estudios de formación profesional para encontrar un puesto de trabajo, garantizando la disposición de experiencia laboral antes de concluir formalmente sus estudios. Intenta conciliar la capacitación de los estudiantes teniendo muy presente las necesidades de las empresas. Para estas, les facilita la transición a la satisfacción de las necesidades de personal familiarizado con la propia empresa. Esa combinación de la formación reglada en los centros educativos con la realización de prácticas en las empresas llega a un porcentaje de estudiantes españoles poco menos que testimonial. Y, a diferencia de otros países de donde se importó el sistema, el encaje en el mercado es bajo. En Alemania, por ejemplo, la coexistencia de forma intercalada entre las prácticas y los estudios suele durar dos años y el 68% de los estudiantes que siguen esos programas consiguen empleo en la misma empresa en la que llevan a cabo las prácticas.

En el éxito de un modelo tal, la desaparición de los prejuicios acerca de la formación profesional es una condición necesaria. Pero lo es igualmente la interacción entre los centros educativos y las empresas, incluso al nivel de los propios profesores que son los que en última instancia han de encauzar a los estudiantes y buscar el encaje adecuado en las empresas. En nuestro país no existen pautas suficientemente concretas al respecto, como tampoco existe una suficiente uniformidad en las distintas comunidades autónomas en aspectos básicos, como la remuneración de las prácticas en las empresas, que depende en última instancia de la voluntad de las empresas.

Revisar críticamente las insuficiencias que ha aportado el rodaje del sistema en nuestro país, en directo contraste con lo que ocurren en aquellos donde su funcionamiento es aceptable es una prioridad. Ello exige, desde luego, analizar las exigencias de las empresas, pero también hacerlo con la calidad de la formación que obtienen los estudiantes y los eventuales abusos a los que se presta esa posibilidad de trabajo barato, especialmente en términos de la obtención de las habilidades en las que se confía.