La competencia como política social

Es bien conocido que una de las causas del mayor aumento comparado de la desigualdad y la pobreza en España es la caída de ingresos de los hogares. Una caída provocada, por un lado, por el mayor aumento del paro y, por otro, por la caída de los salarios. Especialmente los salarios de los trabajadores con menores ingresos.

Se conoce menos, sin embargo, que otra causa es la escasa competencia en muchos mercados de bienes y servicios. De forma especial, en los mercados de vivienda y de los servicios vinculados a ella (agua, electricidad, gas, telefonía). Esta falta de competencia hace que los precios de muchos bienes y servicios sean más elevados. Estos mayores precios son como sanguijuelas que detraen renta de los hogares.

Esto es otra forma de decir que la economía española tiene serios problemas de eficiencia. Los economistas llaman precios de eficiencia a los que están basados en costes. Por el contrario, los precios no eficientes responden a lógicas de formación de precios de monopolio, que aprovechan la disposición a pagar de los consumidores. Estos precios disminuyen el bienestar de los consumidores y aumentan el margen de los productores. El resultado de esta falta de eficiencia de los mercados es que los hogares con menos recursos quedan atrapados en una especie de trampa. Por un lado, los bajos ingresos provocados por el desempleo y los bajos salarios. Por otro, los elevados precios de los bienes y servicios que consumen. El resultado es el empobrecimiento.

Desde esta perspectiva, la política de defensa de la competencia es un vector básico de la nueva política social.

Pero a pesar de este elevado valor social, la defensa de la competencia y la lucha contra los monopolios tiene muy poco predicamento. La meritoria labor que desarrolló la antigua Comisión Nacional de Competencia y la actual Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia no tiene el apoyo necesario. No sólo por los gobiernos y las fuerzas políticas conservadoras, sino también entre los partidos de izquierda, que, en principio, parecen más interesados en los problemas de desigualdad y pobreza.

Esta falta de sensibilidad de la izquierda hacia la competencia posiblemente está relacionada con su tradicional recelo hacia el mercado. De forma general, ven el mercado como la causa de todos los males que padecen nuestras sociedades. No piensan que los problemas están relacionados más con las formas no competitivas que con el mercado. Tienen un prejuicio basado en la creencia de que el mercado es el reino del interés privado y no un instrumento para el bien común, como ha puesto de manifiesto Jean Tirole, premio Nobel de Economía de 2014.

Aunque es crítica con los monopolios privados, la mentalidad antimercado lleva a las nuevas izquierdas a pensar que los monopolios creados o favorecidos por las propias administraciones públicas son benéficos. Pero tienen el mismo efecto que los privados.

España es la economía europea con mayor número de monopolios y “carteles”. Sin embargo, no será fácil desmontarlos. El motivo es la colusión existente entre negocios y política en España. Es una relación incestuosa que viene de lejos. Sin tener que remontarnos al franquismo, con su política “concertada” entre la administración y los intereses particulares, la democracia y la integración en la UE no han significado el golpe de gracia que cabría esperar. De hecho, se han desarrollado nuevas formas de capitalismo monopolista concesional privado en el ámbito de las infraestructuras, de los servicios públicos y de la contratación pública en general. De aquí que en estos sectores tengamos un capitalismo muy alejado del principio de “riesgo y ventura” que legitima al capitalismo competitivo.

Para luchar contra los monopolios y defender la competencia es necesario democratizar la economía. Los intereses de los consumidores no están bien recogidos por el proceso político vigente de formación de políticas. Por el contrario, los intereses particulares tienen un acceso mucho más fácil a los legisladores.

Si los académicos, los expertos, los gobiernos y la Comisión Europea dedicaran a las ineficiencias de los mercados de bienes y servicios el diez por ciento del interés que dedican al mercado de trabajo, las ganancias de bienestar social serían considerables. Y no sólo los consumidores saldrían ganando, sino también las empresas que se mueven en mercados competitivos que se ven obligadas a pagar costes más elevados que sus rivales de otros países. Quizá ayude a cambiar el foco la conciencia de que, hoy por hoy, la defensa de la competencia y la lucha contra los monopolios es un vector fundamental de la que ha de ser una nueva política social.