Guindos cifra en 5.000 millones el impacto de la crisis de Cataluña

En el mundo preocupa la desaparición de la inflación, la normalización gradual de las políticas monetarias de los bancos centrales, el aterrizaje de China. En Europa, las grandes dificultades para acordar un presupuesto del euro para luchar contra las crisis. España tiene otros quebraderos de cabeza: el ministro de Economía, Luis de Guindos, cifró ayer en medio punto de PIB —unos 5.000 millones— el impacto del desafío independentista catalán. Guindos, eso sí, cree que ese problema se solucionará y el crecimiento de 2018 batirá esa previsión.

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“Es más fácil creer que saber”, decía uno de los grandes escritores catalanes de todos los tiempos, Josep Pla. Las previsiones económicas son espejismos organizados y entran más en el ámbito de las creencias que en el de los saberes, pero aun así la crisis catalana obliga a preparar escenarios: el impacto económico estará entre los 2.000 y los 12.000 millones, según el BBVA; el Gobierno se sitúa prácticamente en el centro de esa horquilla y prevé un efecto negativo de medio punto de PIB sobre el crecimiento de 2018. La economía española crecería en torno al 2,8% el año próximo sin el desafío independentista; el Gobierno ha enviado unas previsiones a Bruselas que dejan ese guarismo en un 2,3%. La diferencia, en euros contantes y sonantes, asciende a unos 5.500 millones.

La crisis de Estado en Cataluña se deja notar ya en las cifras de empleo, en el turismo o en la huida de empresas y bancos. Pero el Ejecutivo cree que si el problema se acaba encauzando, las consecuencias pueden ser menos graves. “Estoy convencido de que el problema catalán se solucionará y el crecimiento económico se iría por encima de ese 2.3%”, dijo Guindos al entrar al Eurogrupo.

Berlín se alinea con Madrid. El ministro en funciones alemán, Peter Altmaier —que sustituye al poderoso Wolfgang Schäuble—, apuntó que “una solución basada en la Constitución y el Estado de derecho”, como la que busca el Gobierno de Rajoy con la aplicación del artículo 155, “ayudará a limitar las consecuencias económicas” del desafío secesionista.

El Eurogrupo abordaba anoche el futuro del euro y la sucesión del holandés Jeroen Dijsselbloem: no hubo fumata blanca para ninguno de esos asuntos. Con Alemania pendiente de formar Gobierno, Italia a la espera de elecciones y una crisis de Estado en España, fuentes europeas admiten que hay “enormes diferencias” en la eurozona. Berlín no quiere ahora un presupuesto común del euro para luchar contra futuras crisis, aunque Dijsselbloem admitió que hay “un gran número de Gobiernos” favorables a activar esa función de estabilización de la eurozona: España está entre ellos. Alemania y su sempiterno nein: la locomotora de Europa rechaza las propuestas del francés Emmanuel Macron y del jefe de la Comisión, Jean-Claude Juncker.

Dijsselbloem dejó otra mala noticia para el Sur: la eurozona se centrará a partir de ahora más en la reducción de deuda que en el déficit. Grecia o Portugal tienen serias dificultades por ese flanco, pero Italia o España también pueden tener problemas.

Ni siquiera en asuntos de menos calado, como la jefatura del Eurogrupo, hay nada parecido a un acuerdo. Los ministros deben tomar una decisión en diciembre. Solo el eslovaco Peter Kazimir y el portugués Mario Centeno han dado a entender que podrían ser candidatos; el favorito es el francés Bruno Le Maire, que oficialmente aún no lo es. Salvo que al final las reglas cambien y esa presidencia deje de ser para un ministro y pase a ser un cargo permanente: en ese caso suena el italiano Pier Carlo Padoan y podría tener alguna opción —remota— el español Luis de Guindos.

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