El empleo ante un conflicto prolongado

La mejora del mercado laboral se muestra, por ahora, insensible a los sobresaltos del conflicto político. En el tercer trimestre, el número de ocupados superó ligeramente los 19 millones, medio millón más hace un año. Ningún país europeo ha conseguido crear tanto empleo en ese periodo. La tasa de paro se queda en el 16,4%, una caída anual de dos puntos y medio —el mejor resultado en Europa—.

Además, todos los colectivos parecen beneficiarse de la recuperación; en especial, los jóvenes. Su tasa de paro se ha reducido en 20 puntos desde el inicio de la recuperación, el doble que para el conjunto de la población. Las mujeres y los trabajadores de más de 55 años han sido menos castigados por la crisis que en anteriores recesiones.

Asimismo, se reduce el paro de larga duración. El 36,5% de los parados encadenan 24 meses de búsqueda de empleo. La tasa es cinco puntos menos que hace un año, aunque se mantiene entre las más altas del mundo desarrollado. La mejora llega hasta los “inactivos”, que empiezan a animarse a participar en el mercado laboral. Esta evolución es llamativa, teniendo en cuenta las barreras a las que se enfrenta este colectivo, que incluye trabajadores desmotivados, en baja por enfermedad o incapacidad laboral, prejubilados y padres con hijos pequeños, entre otros.

Lástima que se anuncien tiempos menos favorables. La economía ha entrado en fase de desaceleración, a lo cual se añaden las incertidumbres generadas por el conflicto catalán. Además, las heridas causadas por la crisis financiera no han cicatrizado. Todavía no se han recuperado cuatro de cada 10 empleos perdidos en la Gran Recesión. El paro y la precariedad se mantienen como las principales preocupaciones de los españoles.

Es prácticamente imposible que se cierre esa brecha en un plazo previsible. Dos años es probablemente el periodo máximo en que la economía seguirá beneficiándose de condiciones monetarias excepcionalmente favorables. El BCE acaba de anunciar una reducción del volumen de compras de bonos. La normalización debería completarse en 2019 con un aumento de tipos de intervención, que se reflejará en las condiciones de acceso al crédito. Para entonces, todavía faltarían medio millón de puestos de trabajo para acabar con la crisis.

Por otra parte, muchos de los desequilibrios que caracterizan el mercado laboral español no se han corregido. La precariedad se recrudece. Cuatro de cada 10 empleos son temporales o por cuenta propia. Se trata de dos colectivos distintos y heterogéneos, pero que comparten una menor protección social que para los asalariados con contratos indefinidos a tiempo completo.

Los salarios se han estancado. La remuneración media por hora trabajada cayó un 0,3% durante la primera mitad del año, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo teniendo en cuenta el encarecimiento de los alquileres, la electricidad y los alimentos. La moderación salarial es más acusada que en la mayoría de países desarrollados, en buena parte a causa de la precariedad de muchos de los empleos creados y porque el todavía elevado nivel del paro mantiene los sueldos bajo presión.

Estos desequilibrios tienen consecuencias para la economía. Ante la contención de sus ingresos, muchas familias recurren al endeudamiento para hacer frente a sus gastos. El crédito al consumo es el que más crece. El desendeudamiento de las familias se ha detenido, como lo confirman las últimas cuentas financieras. Los pasivos superan el 80% de la renta disponible, lo que expone a muchos hogares —sobre todo los que tienen una situación laboral más precaria— a un encarecimiento de las cargas financieras que acabará por ocurrir a medida que el BCE normaliza su política.

La creación de empleo perderá dinamismo ante la perspectiva de una desaceleración de la economía. Pero también se resentirá de la dualidad y las desigualdades que caracterizan el mercado laboral de manera estructural. Existen remedios a estos males, pero la ventana de oportunidad se cierra ante la perspectiva de un conflicto prolongado en Cataluña.

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