El mundo paralelo del vicepresidente Junqueras

"Ya veremos. Vaticinios de este tipo se han hecho otras veces y de momento no han sucedido nunca". Oriol Junqueras, vicepresidente económico del Ejecutivo catalán, respondía así el pasado día 5 ante la posible marcha de Banco Sabadell. Lo decía minutos después de que la entidad comunicara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que esa tarde su consejo iba a decidir su traslado. Apenas cinco horas después, esa realidad se consumaba: el Sabadell no solo se llevaba su sede social, sino también su domicilio fiscal a Alicante. Desde entonces, y pese a la salida masiva de firmas, el discurso de Junqueras ha consistido en minimizar la fuga de empresas, advertir de que regresarán cuando se consume la independencia y culpar al Gobierno central de esas salidas.

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Los movimientos empresariales habían empezado ya en septiembre, cuando multitud de multinacionales empezaron a parar inversiones y preparar su salida en función de lo que ocurriera a partir del 1 de octubre. Algunas compañías ni esperaron al referéndum para llevar la sede a Madrid, como la gestora de inversiones GVC Gaesco. Tras el referéndum, la actividad en los despachos de abogados y consultas se multiplicó, y varias empresas decidieron activar el plan B: llevarse su domicilio social y fiscal fuera de Cataluña. Cuando esa fuga ya había empezado, Junqueras negó la mayor. "No va a haber huida empresarial", afirmó pocas horas antes de que los bancos y las empresas del Ibex 35 aprobaran su traslado y otras anunciaran que tenían esa opción sobre la mesa.

Advertencias de fuera

El empresariado trató de convencer al Govern que echara el freno. Lo hizo el Círculo de Economía, en una reunión privada con el presidente Carles Puigdemont dos días antes de su comparecencia ante el Parlament, pero también los más cercanos al soberanismo. Tras su discurso, siguió el reguero de empresas que buscaron la protección de sus clientes y accionistas fuera de Cataluña. Los traslados no se ceñían solo al sector financiero ni al Ibex. Pequeñas y medianas empresas, unas 1.300 según admitió la patronal Pimec, seguían los pasos de las grandes. Las advertencias llegaban también de fuera: del Fondo Monetario Internacional, de las agencias de calificación y de inversores internacionales. Según un informe de la consultora de relaciones públicas Kreab, el 55% de los inversores internacionales "no van a tener en cuenta Cataluña como destino de inversión".

Junqueras aceptó la situación ante la cascada de marchas, pero le quitó hierro. "El movimiento de una sede social no tiene ninguna afectación en la realidad productiva de las empresas", sostuvo el vicepresidente, quien obvió que los traslados también afectan al domicilio fiscal de las compañías. Y eso supone la marcha de cuadros directivos. En el Govern se impuso el relato de que las empresas se iban presionadas por el Gobierno central y que "ya volverían". Pero algunas, como Planeta, anunciaban que la decisión adoptada era "definitiva".

Todas esas ideas fueron plasmadas en el documento elaborado por el departamento de Junqueras que llegó a la mesa de inversores y consultoras. En él se daba cuenta de los buenos datos de crecimiento, inversión extranjera o exportaciones. Pero todos anteriores a la fecha del referéndum. El informe concluía que, dado que las compañías conocían "la voluntad de Cataluña para convertirse en un Estado", el procés no iba a afectar a la economía. Pero varias fuentes explican que a los inversores les inquietó sobremanera la segunda parte del documento, en la que se consideraba "poco probable" que Cataluña quedara fuera de la UE y se anunciaba la intención de crear un Banco de Cataluña. Junqueras tenía previsto el viernes reunirse con multinacionales, pero el encuentro fue suspendido.

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Ante la marcha de las empresas y el deterioro de la economía, la diputada del PSC Alícia Romero pidió el pasado día 17 la comparecencia de Junqueras en el Parlament, sin que esta aún se haya producido. El pasado viernes, los socialistas anunciaron que tratarían que el vicepresidente acudiera a la comisión de Empresa, en cuya mesa el bloque independentista está en minoría, junto al consejero Santi Vila. Este último, explican fuentes de la patronal, está lidiando con la situación y reuniéndose con los agentes económicos catalanes. "Él sí es consciente de la gravedad de todo cuanto está sucediendo, pero me temo que el president no lo escucha lo suficiente", explican fuentes de la patronal catalana.

El papel de Vila

Cuando Junqueras descartaba una fuga de empresas, Vila decidió crear un gabinete de crisis que periódicamente analiza todos los indicadores de coyuntura y atiende a patronales, gremios o sindicatos. A ese gabinete han acudido los comerciantes, por ejemplo, para pedir que el Gobierno evite que las movilizaciones se produzcan en días laborables. Según fuentes del Ejecutivo catalán, la realidad que llega a ese órgano es distinta de la que ve Junqueras. "Los números no son los que da a conocer el Gobierno central, pero sí vemos caídas de actividad, como en el turismo", sostienen estas fuentes, que confirman la preocupación de Vila. "Lógico, está en el día a día", añaden.

Vila rechazó el viernes la movilización promovida por Òmnium Cultural, que consistía en llamar a los ciudadanos a que retiraran efectivo de los cajeros. Junqueras, en cambio, no condenó la iniciativa de esa entidad, cuyo portavoz, Marcel Mauri, fue fichado en septiembre como asesor especial del vicepresidente. "Así como respetamos la libertad de empresa, hacemos lo mismo con la de consumo", zanjó Junqueras en una entrevista en Catalunya Radio.

El día anterior, Junqueras había participado en un acto de la Cámara de Comercio de Barcelona. Junto a él, estaba Albert Martínez Lacambra, consejero delegado de Agbar, que ha trasladado su sede a Madrid. Por primera vez, Junqueras admitió que esas marchas no le "satisfacen", pero recordó que "260.000 empresas han decidido quedarse". Ese dato se ha integrado en el discurso del Govern. Aunque, de nuevo, obvió que en esa cifra se incluyen autónomos, que las grandes empresas suponen casi el 40% del PIB catalán y que solo cien compañías concentran la mitad de las exportaciones. En lo que va de mes, 1.300 empresas ya se han ido.

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