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El Gobierno promete a Bruselas una reforma laboral para atajar la temporalidad

Ofrece desincentivar la contratación temporal, un contrato con protección creciente y limitar el uso de eventuales en la negociación colectiva

El Gobierno ha incluido en el plan presupuestario remitido a Bruselas el compromiso de adoptar una nueva reforma laboral que ataje el problema de la temporalidad. Se trata del tipo de cambios que ya negoció con Ciudadanos y en los que ahora se está avanzando con patronal y sindicatos en el marco del diálogo social. Estas medidas contemplan desincentivos para las empresas que abusan de la temporalidad o un contrato con protección creciente del trabajador temporal. Sin embargo, queda por ver si conseguirá los apoyos suficientes para aprobarla.

La ministra de Empleo, Fátima Bañez(d), durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Seguridad Social de Motril (Granada). En vídeo, declaraciones de Luis de Guindos, ministro de Economía. FOTO: EFE / VÍDEO: ATLAS

El Gobierno ha enviado a Bruselas una lista de “medidas para impulsar la contratación indefinida”. Estas iniciativas todavía se están negociando con los sindicatos y la patronal. Y luego tendrían que ser pactadas con los partidos en el Congreso. Sin embargo, el Ejecutivo ya ha avanzado un bosquejo a las autoridades europeas, que han pedido en diversas ocasiones que se ataje este problema. Pese a la recuperación del mercado laboral, el número de contratos temporales alcanza cotas récord. En la última Encuesta de Población Activa, el 73% de los nuevos empleados eran temporales. Incluso las empresas grandes aumentan la contratación a golpe de temporalidad, según se infiere de datos del Banco de España.

Tal y como se recoge en el documento enviado a la Comisión Europea, el paquete de medidas para tratar de atajar la temporalidad consta de cuatro pilares. El primero se basa en reducir a tres las modalidades de contrato: uno indefinido; otro para la formación y un contrato de protección creciente que sustituya a los temporales. Este último se inspira en el contrato único y ya estaba recogido en el programa que suscribieron PP y Ciudadanos.

En este se flexibilizan las causas por las que se puede contratar de forma temporal. Pero a cambio solo se puede estar tres años así contratado como máximo. En el primero se despide con 12 días por año; en el segundo, con 16 días, y en el tercero con 20. La teoría en la que se apoya es que los derechos se van adquiriendo poco a poco, y eso permite que el trabajador se vaya ganando el puesto fijo en la empresa conforme gane en productividad. Sin embargo, no todo el mundo piensa igual. Así que el Gobierno tendrá que sortear muchos escollos para su aprobación. Esta propuesta se modificará en las negociaciones que el Ministerio de Empleo mantendrá con los agentes sociales hasta diciembre. Y, por ahora, el PSOE se ha mostrado muy crítico con esta fórmula.

El segundo pilar consiste en “reforzar el principio de causalidad en la contratación temporal en el marco de la negociación colectiva y determinar el volumen de contratos de duración determinada”. Esto implica que las empresas y trabajadores en sus negociaciones podrían controlar y especificar las condiciones en que se hace uso de la temporalidad.

Dentro de este capítulo, también se promocionará la contratación indefinida y la transformación de los contratos temporales en indefinidos, sostiene el Ejecutivo. Según datos de Eurostat, menos de uno de cada diez trabajadores temporales pasaron a tener un contrato indefinido en 2016.

En tercer lugar, se intentará establecer un esquema de desincentivos que penalicen las cotizaciones de las empresas que abusen de la contratación temporal y presenten una rotación excesiva de su plantilla. Es lo que en la jerga se conoce como malus. Para determinar el grado de abuso, se comparará con la media del sector. También se fijará un nuevo incentivo o bonus en las cotizaciones de aquellas compañías que posean una ratio mayor de contratos indefinidos en comparación con la media de su sector. Esta medida podría ser del gusto del PSOE, pero podría tener la oposición de las empresas una vez se entre en el detalle.

Por último, el documento señala a Bruselas que se reforzará la inspección de trabajo y que se aumentarán las sanciones por fraude en la contratación.

2.000 millones para el rescate de las autopistas

El Gobierno estima en “más de 2.000 millones de euros” la factura del rescate de las nueve autopistas de peaje quebradas, que se formalizará el próximo mes de enero para volver a sacarlas a concurso cediendo de nuevo su explotación a empresas privadas, según consta en el plan presupuestario que se acaba de enviar a Bruselas.

Se trata del importe que el Ejecutivo reservará en el Presupuesto prorrogado del ejercicio 2018 para atender la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) ante los actuales concesionarios.

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