Las aportaciones del Estado a Muface crecerán casi un 6% el próximo año

El Ministerio de Hacienda prevé aumentar cerca de un 6% las transferencias a Muface, la mutua que cubre las prestaciones sociales de buena parte de los funcionarios. Así constará en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, según fuentes conocedoras del proyecto. El presupuesto de años anteriores fue de unos 1.200 millones.

La nueva inyección a Muface permitirá atraer a nuevas aseguradoras después de la fuga de años anteriores. Además, también permitirá mejorar algunas prestaciones tras años de recortes durante los peores años de la crisis. El departamento de Cristóbal Montoro ha diseñado un concierto para la mutua, controlada por la Administración, para garantizar su sostenibilidad, que estaba en entredicho durante los últimos años.

Hace un par de años las aseguradoras de salud (Adeslas, Asisa, DKV) que prestan servicio a Muface decidieron dejar de ofrecer asistencia en los centros hospitalarios del Grupo Quirón. Además, hace tres años Sanitas abandonó el convenio que mantenía con Muface y desde entonces no presta servicios con este sistema a los funcionarios.

Hacienda pretende ahora impulsar la mutua pública, a la que están adscrita más de 1,5 millones de funcionarios. Ultima un plan para reafirmar su apoyo a la institución para dejar claro que tiene su futuro asegurado. Desde el ministerio de Hacienda, del que depende la mutua pública en última instancia, esperan que las actuales aseguradoras mantengan su compromiso y animan a otras compañías a sumarse al proyecto.

Entre las novedades del nuevo convenio que ha redactado Hacienda figura un impulso a la asistencia en el medio rural. El ministerio prevé crear un sistema de convenios de colaboración con las comunidades autónomas que amplía la cobertura.

La mejora de las prestaciones incluirá la cirugía robotizada y la radioterapia intraoperatoria. Además, se prevé ampliar el período asistencial a recién nacidos hasta el alta hospitalaria (y no sólo hasta los 15 días desde el nacimiento como hasta ahora).

Por último, se pretende establecer el derecho a la atención de urgencias en centros hospitalarios públicos en situaciones críticas agudas en que no haya centro concertado.

Sin acuerdo salarial

Por otra parte, ayer se reunió la mesa general de la Función Pública. En ella se constató que, por el momento, no hay acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno sobre salarios y jornada laboral. Pepe Fernández, de CC OO, apunta que seis comunidades se mostraron partidarias de que se permita la aplicación de las 35 horas semanales, una posición similar a la reivindicación sindical.

La negativa del Gobierno a esta reivindicación “ha sido un elemento de bloqueo”, coincide Frederic Monell, de UGT, que también señala que la oferta salarial de Hacienda “no alcanza los mínimos que pedimos”.

CSI-F, que también rechazó la oferta de Hacienda, anticipaba ayer que el Gobierno tendría problemas para sacar los presupuestos adelante “si no mejora la oferta salarial para los empleados públicos”.