Estas son las 300 sociedades catalanas con vigilancia especial de Hacienda para evitar pagos para el referéndum

El subsecretario del Ministerio de Hacienda, Felipe Martínez Rico, envió, pasadas las 22 horas del martes, una carta a los primeros ejecutivos de la Asociación Española de Banca (AEB), CECA y Cooperativas de Crédito. En ella les urge a que sus entidades eviten cualquier pago de la Generalitat que se dirija “a la financiación de actuaciones ilegales, o contrarias a las decisiones de los tribunales”. El mensaje de Hacienda, al que ha tenido acceso EL PAÍS, les explica el sistema ideado por el Gobierno para controlar que ningún pago que realice la Generalitat se desvía hacia algo que no sea un servicio público. En las instrucciones del Gobierno también se adjunta “el listado de entidades de la Comunidad Autónoma de Cataluña, incluidas en el ámbito” de la orden ministerial de 15 de septiembre pasado, es decir, aquellas a las que se aplicará el control especial.

Los pagos se dividen en dos: los que requieren fiscalización previa y los que no. Las primeras corresponden a los gastos de servicios esenciales cuyo pago asumirá directamente el ministerio de Hacienda a cuenta de los 1.400 millones del sistema de financiación que recibe mensualmente Cataluña. En ese caso, solo se precisará una comunicación de la Generalitat para que Hacienda se encargue de los pagos. En el otro caso, aquellos que requieren una fiscalización previa son aquellos que paga la propia Generalitat con cargo a los ingresos que obtiene con sus impuestos propios. En este caso, para pagarlos el interventor tendrá que emitir un certificado en el que garantice que no están destinados a sufragar la consulta ilegal.

Para los que requieren fiscalización especial, la idea básica es que los bancos no deben tramitar ningún pago que la Generalitat quiera realizar sin que haya certificados de Hacienda de por medio. “Para que la Comunidad Autónoma de Cataluña pueda ordenar la realización de pagos por medio de las entidades de crédito, deberá acompañar el correspondiente certificado del Interventor, que se ajustará al modelo facilitado por Hacienda”. El Interventor deberá comprobar que el pago es “en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales” en Cataluña.

Para los que no requieren fiscalización previa del Interventor, aun así el Gobierno central exige que los bancos se aseguren de que “junto con la orden de pago, se acompaña una declaración responsable”, de que persiga “el interés general" y que esté “firmada por los titulares de las entidades y órganos competentes de la Comunidad Autónoma, acorde con el modelo de Hacienda”. El Ministerio de Cristóbal Montoro adjunta las plantillas correspondientes que se deben rellenar cuando se trate de pago por remesa, individual, cheque o pagaré.

Esas certificaciones y declaraciones responsables deben enviarse al Ministerio. Si la Administración catalana no lo hace, recuerda la carta, “dará lugar a la eventual exigencia de las correspondientes responsabilidades de todo orden que procedan, incluida la penal, en su caso”. Una vez que Hacienda haya recibido estos documentos, “dará traslado a las entidades que prestan el servicio de pago a los efectos de que tengan garantías de que el servicio no financia ninguna actuación ilegal”.

Para agilizar los pagos, se explica a los bancos que la Agencia Estatal para la Administración Tributaria (AEAT) “está implementando una plataforma electrónica en la que se recibirán dichos certificados remitidos por la Comunidad Autónoma y a la que se facilitará el acceso a las entidades de crédito que presenten servicios a dicha comunidad”. Esta plataforma será accesible por la Generalitat y por los bancos para “contrastar la información” y asegurar que se cumple el acuerdo del Gobierno. Por último dice que los bancos “pueden plantear sus incidencias y cuestiones relativas al procedimiento de pago” a una dirección de correo de la AEAT.

Listado de entidades con control especial

El listado que remite Hacienda a los bancos incluye entes públicos, sociedades mercantiles, universidades, organismos autónomos, consorcios y fundaciones a través de las cuáles el Gobierno considera que hay que vigilar para evitar que la Generalitat financie los gastos del referéndum.

En el fichero figuran 297 sociedades médicas, culturales, deportivas, ecológicas e industriales de todo tipo. La lista incluye agencias de aguas, turismo, salud, la Agencia Tributaria de Catalunya, la sociedad de aeropuertos públicos, la autoridad de Competencia, la de Proceso de Datos, la Biblioteca de Catalunya, el centro de atención de urgencias, el centro de la propiedad forestal, el Circuit de Catalunya, los centros de atención primaria, los centros de estudio, los de transportes, los parques científicos y tecnológicos, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, los consorcios de todos los puertos, los centros urbanísticos de desarrollo, la empresa de ferrocarriles, el instituto de arqueología, el instituto catalán de Oncología, el Parlamento de Catalunya, todas las universidades públicas, fundaciones hospitalarias y la fundación privada Jove Orquesta Nacional de Catalunya, entre otros muchos.