La justicia europea revisará la sanción a Intel por abuso de posición dominante

La justicia europea deberá volver a evaluar la multa de 1.060 millones de euros impuesta a Intel en 2009. Ocho años después de que Bruselas aplicara un castigo récord al fabricante estadounidense de microchips por abuso de posición dominante, el Tribunal de Justicia de la UE ha anulado la sentencia que obligaba a la compañía a efectuar el desembolso. En el dictamen publicado este miércoles, los jueces comunitarios devuelven por defectos de forma el asunto al Tribunal General, que en 2014 dio la razón a Bruselas. Ese regreso es una nueva oportunidad para Intel de esquivar la multa o ver su cuantía reducida, pero no implica que vaya a ser anulada, y puede suponer tan solo retrasar el momento en que Intel tenga que abonar la totalidad de la sanción.

Bruselas defiende que entre 2002 y 2007 la compañía llevó a cabo prácticas comerciales ilegales que dificultaron el acceso de sus rivales al mercado. La Comisión cree que la firma californiana concedió descuentos ilegales a fabricantes de ordenadores —sus clientes— a condición de que no trabajaran con su rival, AMD, y que hizo pagos a estas empresas y a otros distribuidores para que obstaculizaran la comercialización de productos de la competencia. Concretamente, Competencia culpó a Intel de ofrecer descuentos a cuatro grandes fabricantes de ordenadores (Dell, Lenovo, HP y NEC) a cambio de la exclusividad en la venta de sus procesadores x86. También le acusó de pagar a Media-Saturn para que solo vendiera ordenadores con sus procesadores. Y por último, señaló que Intel, con una cuota de mercado del 70%, había desembolsado dinero a tres fabricantes (HP, Acer y Lenovo) para que frenasen o retrasasen el lanzamiento de productos que incorporaban chips del único gran rival de Intel, AMD.

Los jueces no han entrado a valorar si los controvertidos descuentos que aplicó la empresa fueron dañinos para la competencia tal y como estima la Comisión. El TJUE se ha centrado únicamente en los defectos del procedimiento, y ha aceptado una de las alegaciones de Intel, que acusa al Tribunal General, la instancia por la que pasan los casos de Competencia, de incurrir en un error legal al dar su veredicto sin analizar los controvertidos descuentos.

El Tribunal General validó el argumento de Bruselas de que los descuentos concedidos por una empresa en posición dominante tienen, por su propia naturaleza, la capacidad de restringir la competencia. Eso llevó al Tribunal General a determinar que "no era necesario analizar todas las circunstancias del asunto" pese a que la Comisión había realizado en paralelo un examen en profundidad que también influyó en su decisión. El TJUE no lo ve así y ha reenviado el caso al Tribunal General para que esta vez analice los descuentos, pero sus conclusiones pueden ser las mismas que en 2014 y volver a fijar la sanción en los 1.060 millones que reclama Bruselas.

Junto al error en el procedimiento que sí ha tenido en cuenta el TJUE, Intel jugó otras cartas que han sido rechazadas por las autoridades judiciales. El tribunal no ha tenido en cuenta las alegaciones de Intel sobre la falta de competencia territorial de la Comisión Europea para sancionar el abuso, ni tampoco su denuncia de la existencia de vicios de procedimiento que habrían afectado a su derecho de defensa.

La elevada cuantía de la multa ha llevado a Intel a tratar de evitarla utilizando todos los medios legales a su alcance. Durante más de ocho años, ninguna otra compañía fue sancionada con una  cifra tan alta, pero en junio de este año la Comisión castigó las prácticas monopolísticas de Google con 2.424 millones de euros, más del doble que la impuesta a Intel.