Doce años sin piedad

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sentenció en el pleno del Congreso de los Diputados: “Dentro de tres años, en 2020, habrá acabado definitivamente la crisis económica”. Si así fuera, esta crisis habrá sido la más profunda, pero no la más larga de la historia de la democracia española. En 1993, terminados los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla que ahora se conmemoran con justicia, España entró en una rapidísima recesión, alcanzó un paro del 24,55% de la población activa, y no lo redujo a niveles semieuropeos (el 7,95%, la tasa más baja) hasta 14 años después, en el año 2007.

También dijo Montoro: en 2020 habrá 20,5 millones de ocupados, lo que “hará sostenible las pensiones, permitirá financiar servicios públicos de mayor calidad y reducirá la deuda pública”. Los pajaritos cantan y las nubes se levantan. El ministro recuerda a un chiste soviético: una maestra de una guardería de Moscú cuenta a los niños lo maravillosa que es la sociedad soviética; un niño se echa a llorar y la maestra, emocionada, le pregunta por qué. El niño le contesta que, oyéndola, le han entrado muchas ganas de ir a la URSS…

Mucho tajo le queda al Gobierno y a la sociedad española para llegar a ese panorama que describe Montoro. La comisaria de Empleo de la UE, la belga Marianne Thyssen, echaba la pasada semana un cubo de agua fría sobre las expectativas españolas: cómo es posible que un país que está en la cima del crecimiento (más del 3%) no consiga que la recuperación llegue al conjunto de la población; un país que tiene una tasa de paro (18,7%) —que se dobla para los jóvenes— sólo superada por Grecia (mientras que ya hay media docena de países europeos cercanos al pleno empleo, aunque creciendo menos); cuyo porcentaje de población en riesgo de pobreza (22,3%) está cinco puntos por encima del de la zona euro; con una desigualdad, medida por el índice de Gini, casi tres puntos superior a la de la precrisis y 3,7 puntos más que la eurozona. Buena paradoja es que la misma alta funcionaria que describía esta dolorosa situación, abundaba en el mismo tipo de políticas seguidas hasta ahora para corregirla. Sin piedad.

No son medidas homogéneas, pero vale la tendencia: casi al mismo tiempo, la organización no gubernamental Oxfam Intermon, presentaba un nuevo índice con el objeto de medir los esfuerzos que hacen 155 países para reducir la brecha entre ricos y pobres. De los 35 países de la OCDE, España está a la cola (puesto 24) de la lucha contra la desigualdad, lastrada por un mercado de trabajo que no funciona como tal pese a tantas reformas laborales, todas en la misma dirección, y de una política fiscal que no contribuye precisamente a la redistribución de la renta y la riqueza.

En los mismos días, el Instituto Nacional de Estadística publicaba el índice de confianza empresarial: crece al mayor ritmo en los dos últimos años y marca un récord desde el inicio de su elaboración en el arranque de 2013.