El juez niega a Ángel Ron la indemnización millonaria que pide al Popular

La sentencia del magistrado José Pablo Aramendi Sánchez es tajante. Relata la relación laboral de Ángel Ron (Santiago de Compostela, 1962), que arranca el 1 de agosto de 1984 cuando es contratado como auxiliar administrativo. Después señala que en 1998 cobraba 105.077 euros anuales, una cantidad que se convirtió en mensual cuando dejó la entidad en plena crisis: exactamente 106.281 euros.

En enero de 1999, 15 años después de entrar en el Popular, se le nombra director general. En marzo de 2002 accede al cargo de consejero delegado y, el 19 de octubre de 2004, el consejo de administración le convierte en presidente ejecutivo hasta el 20 de febrero de 2017, que le cesa en el cargo. 107 días después, el banco fue vendido por un euro al Santander tras ser declarado “inviable” y los accionistas y bonistas han perdido todo su dinero.

Sin embargo, según el relato de la sentencia, hay otra fecha clave en el relato: el 25 de febrero de 2015. Para entonces el banco ya había atravesado las pérdidas de 2.461 millones de 2012, que habían repercutido en la cotización, y había pedido 2.500 millones a los accionistas en la primera ampliación de capital. Ese día “el demandante y el banco suscriben un contrato como presidente del mismo”. En la cláusula tercera se indica: “Se reconoce que, como consecuencia de su nombramiento como consejero delegado, la relación laboral común que Ron venía manteniendo hasta la fecha de dicho nombramiento con el Popular quedó formalmente en suspenso”. En el momento del cese Ron firmó un documento por el que rechazó “pedir indemnizaciones por ningún concepto”.

Autocontratación fraudulenta

El juez afirma, en contra de los intereses de Ron, que “desde el 2002 la relación contractual entre las partes no era laboral, ni común ni especial”. Afirma que “resulta significativo que cuando el demandante se integra en el consejo en 2002 nada se diga de la pretendida suspensión de la relación laboral común y, años más tarde, cuando ocupa la cúspide del consejo, en 2015, se revive, con efectos retroactivos, la suspensión de la relación laboral”.

Y continúa con la más grave acusación velada: “Con independencia de las sospechas que este pacto suscita acerca de una posible autocontratación fraudulenta, cuestión en la que no se incide por no alegada, lo acordado carece de validez, la relación contractual laboral estaba extinguida porque era imposible dejar suspendida una relación inexistente y nos encontraríamos ante un contrato nulo”.

Fuentes de la defensa señalaron que Ron presentó la correspondiente demanda “porque al abandonar la entidad, el banco le dijo que le pagaría la indemnización correspondiente si la reclamaba por vía judicial y luego no lo hizo. La sentencia es incoherente”.

En declaraciones a ABC, el 12 de junio, Ron afirmó que su salida del consejo “sería lo mejor para que el banco recuperara la estabilidad. Me parecía un interés superior proteger al banco que mi permanencia en el mismo”.

El expresidente del Popular en ninguna ocasión ha realizado autocrítica de su gestión. Este jueves, en unas declaraciones a elindependiente.com, Ron comentó que su sucesor, Emilio Saracho, “decía que la acción estaba cara, que había que hacerla caer, aunque fuese a costa de asustar al mercado y a las instituciones. Claramente quería bajar su precio”.

Ron, que afirma estar tranquilo ante las posibles demandas que puedan llegar, dice estar “perplejo” por la crisis de la entidad, “que era solvente” y que se hubiera salvado vendiendo negocios. Preguntado por si se equivocó por no traspasar los activos tóxicos al banco malo, afirma: “No, lo volvería a hacer” (no enviarlos).