Las querellas contra la liquidación del Popular se acumulan en la Audiencia Nacional

Las querellas y denuncias por la intervención del banco Popular, y su posterior venta al Santander por un euro, dejando que los accionistas carguen con todas las pérdidas, se acumulan en la Audiencia Nacional. Al menos tres despachos de abogados han presentado iniciativas penales por estafa y delitos de falsedad contable contra la destituida cúpula de la entidad, presidida por Emilio Saracho; y la anterior, encabezada por Ángel Ron. Las acciones penales, que todavía no han sido admitidas a trámite, también se dirigen contra la auditora PwC.

La última querella contra la cúpula del Popular –en este caso la encabezada por Ron- la ha interpuesto este lunes la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), “en defensa de los 300.000 pequeños inversores y accionistas” de la entidad que han visto como el valor de sus títulos pasaba a cero en la noche del martes al miércoles pasado. La organización ha recurrido al despacho Ius + Aequitas, que ya ha actuado contra los anteriores dirigentes de la energética Abengoa y que ejerce la acusación particular por estafa en el fichaje del delantero del FC Barcelona Neymar.

La OCU considera que la información contable “auditada, pública y supervisada” con que contaron los accionistas del Popular a la hora de adquirir o mantener sus títulos “se ha revelado finalmente muy alejada de la realidad”. Según la organización de consumidores recuerda que hace menos de un mes, los documentos registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cifraban en 10.777 millones de euros el valor patrimonial del Popular. En los últimos días, según la organización, 9.000 afectados ha acudido a la OCU para informarse de posibles acciones para recuperar su inversión.

El jueves pasado otro despacho, Fonfría Abogados, lanzó la primera querella contra el Popular y contra la auditora PwC por delitos societarios, en contra del mercado y los consumidores. Según este bufete, tanto Saracho como su antecesor Ron, “ocultaron pérdidas que tendrían su origen en determinadas provisiones”.

Al día siguiente, viernes, Durán y Durán Abogados presentó una denuncia en la que destaca la vinculación de Saracho, antes de incorporarse al Banco Popular este año, con el Banco Santander, donde fue director general adjunto, y con la empresa financiera JP Morgan. Según este bufete resulta “sospechoso” que el Consejo de Administración que presidía Saracho encomendara la venta del banco a JP Morgan.

Según la denuncia, el día que Saracho fue nombrado presidente del Popular, la entidad tenía una valoración bursátil de 5.000 millones de euros y él siempre sostuvo que el banco era “solvente y cumplía con los requisitos”. “Pese a ser plenamente consciente de la situación financiera del Banco Popular, el presidente no ha cumplido con las obligaciones que le incumbían legal y estatutariamente, llevando la compañía a la intervención e incumpliendo absolutamente con el deber de información a los propietarios del banco, es decir, a los accionistas”, señala la denuncia, citada por Europa Press.

Otro letrado que tiene previsto presentar en los próximos días una querella contra la cúpula del Popular es Andrés Herzog. En este caso, lo hará como acusación particular en nombre de los perjudicados. Herzog ha llevado el peso de la acusación en el caso de la salida a bolsa de Bankia, cuya investigación ha concluido recientemente y está pendiente de juicio.