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Los inspectores de Hacienda alertan: “La Agencia Tributaria está al límite”

El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, José Luis Groba, advierte sobre la alarmante pérdida de recursos de la institución

Jesús Sérvulo González

Los inspectores de Hacienda se quejan con dureza de la situación alarmante que, según ellos, sufre la Agencia Tributaria. El presidente de la organización de Inspectores de Hacienda (IHE), José Luis Groba, asegura que el Gobierno "está cometiendo una irresponsabilidad" con el tratamiento presupuestario de la Agencia. Alertan sobre la falta de recursos de la institución. "Está al límite de su capacidad operativa. Está a punto de explotar", señala. Advierte además de que la Agencia no podrá gastar todos los recursos que se les asignan por las cláusulas ocultas en los Presupuestos.

Instalaciones de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Instalaciones de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.Luca Piergiovanni (EFE)

Muchos de los 24.839 funcionarios que forman la plantilla de la Agencia Tributaria están molestos por la situación presupuestaria del organismo. Son unos 3.000 funcionarios menos que en 2009. Solo este año se espera que se jubilen cerca de 700 trabajadores. Y los inspectores de Hacienda creen que la situación es insostenible. "El poder político no es consciente de lo que está ocurriendo en la Agencia Tributaria", advierte José Luis Groba, presidente de la organización de inspectores de Hacienda (IHE), una organización sindical que representa a los más de 1.500 actuarios de la Agencia. Este hombre, que hasta ahora se había mostrado prudente y contenido, ha decidido explicar el malestar que cunde entre los empleados de la institución encargada de recaudar los principales impuestos.

"Estamos molestos. El Gobierno está cometiendo una irresponsabilidad. Tarde o temprano acabarán resintiéndose los resultados de la lucha contra el fraude", desliza por teléfono. Groba considera que aunque en los Presupuestos del Estado figura un importante aumento de los recursos, en realidad no se gastará ni lo presupuestado en 2016. Explica cómo la Ley de Presupuestos está repleta de cláusulas y vericuetos legales que impiden gastar el incremento de 100 millones de euros pactado con Ciudadanos. La Agencia dispondrá de 964,54 millones de euros este año, un 11% más que el año pasado. A esta cantidad hay que añadirle otros 31,93 millones de transferencias de capital, según figura en las cuentas de 2017.

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No se gastará los presupuestado

Groba cita al artículo 18.8 de la ley de Presupuestos para ilustrar los agujeros que, a su juicio, impiden cumplir lo comprometido: "Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores al 1% deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo". En opinión del representante de los inspectores esta cláusula impide que se les apliquen los incentivos pactados, lo que supone una merma salarial.

Recuerda también cómo en los últimos años se han jubilado cientos de funcionarios. Sobre todo de niveles superiores e intermedios. Los técnicos más especializados que tenían firma. "Ahora tenemos un vacío en esos puestos, que requieren experiencia y formación", prosigue. Cuenta cómo la dirección de la Agencia ha recurrido a cargos intermedios e inferiores para ocupar esos puestos. "Están asumiendo responsabilidades que no les corresponden y no se las reconocen. Algunos han acudido a los tribunales y han ganado; otros están aguantando como pueden", se queja.

"Antes, la Agencia Tributaria era un destino deseado por muchos funcionarios. Era un destino atractivo. Ahora no quieren venir", insiste Groba, que cuenta cómo este sentimiento de alarma se ha extendido entre casi todos los trabajadores de la institución.

Mermas en la plantilla

Los inspectores alertan sobre la alarmante situación de la Agencia por la continua pérdida de personal. El Gobierno ha establecido una tasa de reposición —las sustituciones por cada jubilación— del 100% este año. "En los próximos meses se jubilan unos 700 trabajadores. Como mucho estaremos igual que el año pasado, si no peor", insiste Groba. Y añade: "En determinados niveles de responsabilidad hay desiertos de personal. Necesitamos una tasa de reposición superior al 100%. Aunque nos han asignado recursos para ello, no se podrán gastar". Los nuevos que se incorporen, explica, tendrán que formarse y coger experiencia, pero mientras hay un vacío.

Groba zanja: "Parecía que el Gobierno había dado un giro en la política de recortes, que tenía otra actitud. Pero en realidad solo quería sacar adelante los Presupuestos porque está en minoría. Eso tiene un nombre: engaño".

Estatuto de la Agencia

El presidente de los inspectores remarca cómo con el anterior secretario de Estado de Hacienda, Migue Ferre, con el que coincidió durante un año en su cargo, se reunió en varias ocasiones y mantuvo frecuentes conversaciones telefónicas. "Después de siete meses el nuevo secretario de Estado, José Enrique Fernández Moya, aún no nos ha llamado ni nos ha recibido", lamenta.

Los inspectores reclaman a los partidos la aprobación del estatuto de la Agencia Tributaria, que regula las relaciones laborales, las categorías y las carreras profesionales. Aseguran que la dirección de la institución tiene listo un borrador, y que ellos mismos tienen redactado otro documento. "No hay ningún impedimento para que puedan aprobarlo antes de final de septiembre", concluye Groba.

Las cifras de la institución

Plantilla. La Agencia Tributaria contará con 24.839 funcionarios este año, casi 3.000 menos que en 2009.

Presupuesto. La institución recibirá una transferencia de 964,59 millones de euros, un 11,6% más que el año anterior. A esta cantidad hay que añadir otros 31,9 millones por transferencias de capital.

Aumento. El Gobierno pactó con Ciudadanos aumentar el presupuesto de la Agencia en 100 millones de euros para este año.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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