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Siete directivos y exdirectivos del Santander y tres de BNP, imputados por la lista Falciani

El juez de la Mata investiga los mecanismos bancarios que permitieron a Emilio y Jaime Botín ocultar la titularidad del 8% de Bankinter

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Entrada del complejo del Santander en Boadilla del Monte.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado este miércoles como investigados —nueva denominación de los imputados— a siete directivos del Banco Santander y a otros tres del BNP Paribas por supuestos delitos de blanqueo de capitales. Los ejecutivos, pertenecientes a las áreas de cumplimiento normativo y de vigilancia antiblanqueo de ambas entidades, supuestamente taparon la operativa bancaria utilizada por el fallecido presidente del Santander Emilio Botín y su hermano Jaime Botín para ocultar que poseían, en cuentas fuera de España, el 8% de acciones de Bankinter.

La investigación forma parte de una pieza separada del caso Falciani, sobre los delitos fiscales de ciudadanos españoles conocidos gracias al robo de datos de clientes del banco suizo HSBC que llevó a cabo el informático Hervé Falciani. El juez ha puesto en esta ocasión la lupa sobre el sistema de traspaso de valores y transferencias en blanco entre el Santander, el BNP y el HSBC que servía para ocultar al propietario real de los fondos. Esta operativa se realizaba a través de las llamadas cuentas ómnibus, por las que transitaban los valores de manera anónima, al menos hasta que en 2009, la normativa obligó a identificar a los ordenantes y beneficiarios. Solo entre 2005 y 2008, el Santander realizó 1.070 operaciones de este tipo, por importe de 73,9 millones de euros.

Alrededor de las 21 horas de este miércoles, el Grupo Santander emitió un comunicado en el que afirmó que "ha colaborado de forma activa con el juzgado, dando respuesta con diligencia a todos los requerimientos que ha recibido, lo que ha supuesto la aportación de toda la documentación requerida, así como las aclaraciones y adiciones que en cada momento se han solicitado".

En cuanto a los hechos del auto, el Santander manifestó que "en su operativa como banco corresponsal con HSBC Private Bank Suisse —vigente hasta el 25 de octubre de 2012— ha cumplido escrupulosamente la normativa y los estándares aplicables en cada momento".

Por último, añadió que "continúa colaborando con la justicia para prestar cuanta colaboración sea requerida, ya que es el más interesado en que quede claro cuanto antes que ha actuado correctamente".

Ocultación del 8% de Bankinter

El juez dedica la parte central de su resolución a analizar cómo los hermanos Botín ocultaron al erario público y al mercado la titularidad del 8% de las acciones de Bankinter. Por este incumplimiento en el deber de comunicación, a ambos banqueros se les abrió un expediente administrativo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aunque evitaron una causa penal porque la entidad optó por no denunciarlos. El procedimiento se inició en 2013, se anuló en 2014 por exceder el tiempo de tramitación, se tramitó de nuevo a continuación y el 4 de febrero de 2016, el Ministerio de Economía, a propuesta de la CNMV, sancionó a Jaime Botín con 500.000 euros por ocultar las acciones de Bankinter.

El juez recuerda que, tanto los hermanos Botín como sus respectivos hijos, vieron archivada una denuncia por delitos contra la Hacienda Pública tras regularizar su situación con el fisco español.

Los convocados como imputados, entre el 12 y el 14 de junio próximos, son, por parte del Santander, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, presidente del comité de análisis y resolución entre 2005 y 2014 (y actualmente consejero externo); José Manuel Arraluce, director de Cumplimiento en las mismas fechas; Carlos Infesta, responsable de Prevención en banca mayorista entre 2008 y 2010 (actualmente coordinador de regulación y proyectos); Carlos Fernández, director del departamento de prevención del blanqueo hasta 2013. Dentro de este departamento, también se imputa a Jesús Álvarez, encargado de banca privada; Jesús Rivero y Marta Mora. Todos ellos siguen en el banco excepto José Manuel Arraluce y Carlos Fernández, que salieron con las últimas prejubilaciones.

Por parte del BNP, se cita a José Andrés Fernández, director de cumplimiento normativo entre 2005 y 2011; Lucía Cuartero, integrante del mismo departamento y Cristina Arévalo, miembro del órgano de control interno de la entidad.

Movimiento de las acciones

La operativa, a grandes rasgos, consistía en que las acciones se pusieron a nombre de una sociedad panameña, aunque, gracias a las cuentas ómnibus, figuraba como titular el propio HSBC suizo. En esta cuenta, vinculada a su vez al BNP Paribas, se realizaron todos los movimientos de capital de Bankinter. En 2003 se produjo la entrada de 2,08 millones de acciones de esa entidad, que generaron 25 movimientos por cobro de dividendos. En septiembre de 2005, los Botín vendieron el 50% de este capital por 45,3 millones de euros, que fueron transferidos por la sociedad panameña a una cuenta del JP Morgan de Ginebra.

En 2007, las acciones restantes, a través de un split –desdoblamiento para ajustar el valor de los títulos-, las acciones pasaron a ser 5,21 millones, que fueron vendidas en agosto de ese año por 64,7 millones de euros.

“La propiedad formal de los títulos era ostentada por la sociedad panameña North Star Overseas Enter Inc, siendo su titularidad real de Emilio Botín Sanz de Sautuola y Jaime Botín Sanz de Sautuola”, afirma el juez De la Mata. “Esta titularidad se mantuvo oculta al erario público español, a los accionistas de Bankinter y al mercado en general, al mantenerse como registro de titularidad al HSBC Private Bank Suisse como consecuencia de la opacidad de las cuentas ómnibus”, añade el magistrado.

Falta de diligencia

El auto analiza las supuestas faltas de diligencia ante el HSBC mostradas por los directivos del Santander y del BNP. El juez señala que ambas entidades son miembros fundadores de la asociación Wolfsberg, un grupo de bancos contra el lavado de dinero, y que, en esta condición deberían haber rechazado las transferencias anónimas o haber pedido datos de los ordenantes de los movimientos de capitales.

El magistrado recuerda que el HSBC fue sancionado en España por mantener entre 1994 y 2000 un total de 138 contratos de carteras de clientes no identificados, vinculados con el caso Gescartera, y que, en 2012 pactó un pago de 1.900 millones de dólares (1.698 millones de euros) con la Reserva Federal estadounidense por no cumplir la normativa antiblanqueo de ese país. Además, los peritos del Banco de España han analizado cientos de operaciones del HSBC con el Santander y el BNP, y casi todos los propietarios reales permanecen ocultos. Solo se ha logrado identificar a aquellos que figuraban en la lista Falciani.

Pese a todos estos indicios, el magistrado reprocha a los responsables del Santander que calificaran de “bajo” el riesgo de blanqueo del HSBC, lo que permitía unas medidas de control simplificadas. Solo en 2016 los directivos de cumplimiento elevaron el riesgo a “medio”.

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