La pequeña fábrica que hizo temblar la lucha europea contra el cambio climático

Las alarmas saltaron el pasado lunes a las 12.00, cuando Bruselas difundió el registro de los gases de efecto invernadero expulsados en 2016 por las más de 12.000 instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de emisiones de Europa (ETS). La previsión era que en 2016 estas emisiones de gases —principalmente, CO₂— caerían entre el 2% y el 4%. Pero el infinito archivo de Excel que la Comisión Europea colgó en su web mostraba otra realidad: el sector industrial y de generación de electricidad —al que se corresponden esas más de 12.000 fábricas y centrales— había aumentado sus emisiones, según calcularon los analistas.

Tras cinco años consecutivos de descensos, se rompía la buena racha europea en este apartado de la lucha contra el cambio climático. Las emisiones que están dentro de este régimen de comercio europeo suponen el 45% de todo el CO₂ que la economía de la UE expulsa a la atmósfera.

Al repasar el registro, la culpable era una desconocida y minúscula —en comparación con las gigantes centrales térmicas— fábrica de fertilizantes del sur de Francia. Había nacido un coloso de las emisiones: la factoría que el grupo noruego Yara tiene en Ambès, en el sur de Francia, que cuenta con 90 empleados.

En 2016, según el registro, había emitido casi 53 millones de toneladas de CO₂ equivalente, la unidad de medida con la que se contabilizan los gases de efecto invernadero. Para hacerse una idea: las 15 centrales españolas de carbón expulsaron, juntas, 52 millones de toneladas en 2015. De hecho, los datos que figuraban en el registro situaban esta fábrica como la instalación de toda la UE con más emisiones en 2016, por encima de la megacentral de carbón polaca de Elektrownia Belchatów, que solo el año pasado registró 35 millones de toneladas y encabeza el ranking europeo de instalaciones contaminantes.

Evidentemente, había un error. "En el registro de emisión de Yara Ambès hubo una confusión entre toneladas y kilogramos", explica la compañía a través de un correo electrónico. "Ocurrió cuando la administración regional francesa hizo una actualización de la entrada de datos, que condujo a la información incorrecta", añade la empresa. En realidad, lo que había emitido durante 2016 eran 54.597 toneladas. De haber sido cierta la primera cifra errónea, y tomando de referencia de un precio de cinco euros por tonelada de CO₂, la fábrica tendría que haber pagado 260 millones de euros. La ruina. Y la realidad —como se podía observar en el documento corregido que Bruselas publicó la tarde del mismo lunes— es que la fábrica no tendrá que pagar nada porque ha emitido menos CO₂ del que tenía asignado.

"No recuerdo un error así de grande", dice Marc Falguera, responsable de Vertis, compañía especializada en mercados de carbono. Los analistas se percataron pronto del fallo al comparar los datos de la fábrica con los de 2015. Pero, en un primer momento, el precio de la tonelada de CO₂ en los mercados creció. Un aumento de las emisiones de Europa suponía que habría menos derechos disponibles en el mercado.

Reforma del sistema

El régimen de comercio de emisiones de Europa es el más grande y antiguo del mundo. Nació en 2005 con el objetivo de que, al ponerle un precio al CO₂ que se expulsa, las empresas se descarbonizarían. El problema es que ese mercado está sobreofertado: hay circulando muchos más derechos de emisiones de los que se demandan. Y por tanto el precio de la tonelada está por los suelos, entre cuatro y cinco euros, cuando debería rondar los 25 euros para ser realmente desincentivador.

Los Gobiernos reparten asignaciones gratuitas de derechos entre sus fábricas, con el argumento de que no se les puede restar competitividad, ya que compiten en un mercado global y las limitaciones a las emisiones solo están en Europa. Por otro lado, cada año se inyectan en el mercado derechos que tienen que comprar, por ejemplo, las centrales térmicas, que no suelen tener asignaciones gratuitas. Pero en estos momentos en el mercado hay millones de toneladas más de derechos de lo que realmente emiten las instalaciones cubiertas por el sistema ETS.

Las instituciones europeas están ahora negociando una reforma que incluirá una especie de banco central —con reservas de derechos— que intervendrá en el mercado para intentar subir el precio del CO₂.

Pese a todo, el sistema europeo sigue siendo un referente en el mundo. Y permite cada año conocer la evolución de los gases de efecto invernadero expulsados. En 2016 —una vez corregido el dato de la factoría de Francia— las emisiones de esas más de 12.000 instalaciones europeas que están dentro del modelo ETS cayeron alrededor de un 2%, según los cálculos de la analista de Vertis Bernadett Papp.