El déficit de la Seguridad Social supera los 1.000 euros por afiliado por primera vez

Desde que en 2011 el sistema de pensiones entró en déficit, el agujero financiero no ha dejado de crecer. Las reformas aprobadas desde entonces, destinadas a contener el aumento del gasto, todavía no han desarrollado todo el potencial de recorte que llevan implícito que, como han señalado desde diversos foros, aseguran la sostenibilidad del sistema a largo plazo a costa de la suficiencia de las pensiones futuras. Y el aumento del empleo, al menos este empleo, no está creciendo a un ritmo suficiente como para que los ingresos, al menos, reduzcan la brecha, según los datos provisionales de cierre de ejercicio que el Ministerio de Empleo ha facilitado a sindicatos y patronal.

La titular de Empleo, Fátima Báñez, ya adelantó en el Congreso que rondaría el 1,7% del PIB. Esta cifra está línea con las cifras suministradas a los agentes sociales que oscilan entre los 18.600 y los 18.800 millones, unos 2.000 millones más que el año anterior. El dato definitivo se conocerá esta misma semana, a tiempo para que sean públicos antes de que este mismo viernes se presenten los Presupuestos.

El motivo directo por el que este déficit no se reduce es porque los ingresos no aumentan a la velocidad necesaria para eso. Con los datos de noviembre, los últimos definitivos validados por la intervención del estado que se conocen, la Seguridad Social ingresaba sin contar las operaciones financieras un 2% más que el año anterior. Este porcentaje sube hasta el 3,15% si solo se toman las cotizaciones sociales, la fuente de financiación que está directamente relacionada con el empleo y la principal, ya que supone más del 80% de todo el presupuesto.

Una reforma pendiente

Pero ambos porcentajes, el 2% y el 3,15%, están por debajo tanto de la evolución mostrada hasta noviembre por el gasto en pensiones, que subía a un ritmo del 5,87%, como de la observada en el conjunto del sistema, un 5,95%. Agrava la situación el hecho de que la base sobre la que crecen los gastos es mayor que la de los ingresos.

En lo que va de año, la recaudación todavía crecería a un ritmo mayor de lo que lo hizo en 2016. Báñez apuntaba hace unas semanas que, según las cifras de la Tesorería de la Seguridad Social, el aumento era del 6,07%. El mismo mensaje han dado otros interlocutores del Ejecutivo a los partidos de la oposición al sondear su posición ante los presupuestos de este año. No obstante, hay que tener presente que ese porcentaje es un dato interno del instituto previsor que no es el que valida finalmente la intervención del Estado.

Para resolver esta situación y dotar de más ingresos al sistema, el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria donde se tratan los asuntos de pensiones, lleva meses escuchando expertos con diferentes propuestas sobre cómo cerrar el agujero. Al mismo, tiempo el Gobierno ha abierto conversaciones con los sindicatos CC OO y UGT y con las patronales CEOE y Cepyme. Pero en ninguno de estos frentes las negociaciones avanzan rápido y a estas alturas parece que no habrá un pacto rápido. Ayer mismo, la secretaria de Políticas Sociales de UGT, Maricarmen Barrera, apuntaba que la situación está en “stand by”.

El Gobierno repite siempre que tiene ocasión que la solución al déficit pasa por recuperar el empleo perdido. No obstante, a la luz de lo observado en los últimos ejercicios, es evidente que hace falta algo más para incrementar los recursos de la Seguridad Social. Por eso entre las opciones que hay sobre la mesa está la de un incremento indirecto de cotizaciones a través de la subida de las bases máximas que propone el Gobierno —CC OO también sugiere una subida de los tipos de cotización—, la aportación directa al instituto público de más dinero procedente de los Presupuestos y que el Ejecutivo asuma la pérdida de recursos que suponen los descuentos de cotizaciones para estimular la contratación o el autoempleo (en 2016 unos 2.500 millones).