Gas Natural prepara acciones legales tras liquidar Colombia su filial Electricaribe
La empresa española ha pedido al Gobierno de Santos que rectifique antes de decidir reclamar al Ciadi un arbitraje internacional
Gas Natural Fenosa prepara acciones legales contra el Estado colombiano tras decidir el Gobierno de Colombia la liquidación de su filial en el país, Electricaribe, que estaba intervenida desde el pasado 15 de noviembre. La Superintendencia de Servicios Públicos ha atribuido esta decisión al no considerar la compañía “en condiciones de prestar el servicio con calidad y continuidad”. El país iniciará ahora un proceso de subasta pública “para encontrar un operador que asuma la prestación del servicio de energía en la región Caribe”.
Mientras tanto, ha señalado este organismo, "Electricaribe continuará prestando el servicio de energía en el mercado de la costa bajo la administración temporal del agente especial designado por la Superintendencia". La firma tiene cerca de 2,5 millones de clientes repartidos en siete departamentos del país.
Gas Natural Fenosa intentó in extremis alcanzar un acuerdo antes de que venciera el plazo legal de la intervención. La dirección de la eléctrica, encabezada por el presidente, Isidro Fainé, se reunió ayer con el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, y el de Hacienda, Mauricio Cárdenas, para manifestar su intención de llegar a una solución pactada. Ante esta resolución, el grupo español, que controla el 85% de Electricaribe desde 2009, contempla la posibilidad de recurrir a un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
A pesar de esa hipótesis, el organismo público colombiano ha defendido su decisión. "Todas las decisiones son susceptibles de ser demandadas, pero la amenaza de una demanda nacional o internacionales no puede hacer que esta Superintendencia se abstenga de adherirse a los estándares legales cuanto se trata de una empresa en quiebra", ha afirmado su responsable, José Miguel Mendoza. El presidente del Gobierno colombiano, Juan Manuel Santos, ha resaltado que “el proceso de liquidación de Electricaribe es una decisión responsable”. “La prioridad es que ni usuarios ni empresas sufran por suministro de energía”, ha agregado en Twitter.
Gas Natural Fenosa, que entró en Colombia en 2000, comunicó en julio de 2016 a ese mismo organismo un conflicto en el acuerdo bilateral de protección de inversiones entre España y Colombia. Posteriormente, notificó un agujero de 1.259 millones de euros por impagos de clientes. Ante esta circunstancia, la Superintendencia de Servicios Públicos ordenó el pasado mes de noviembre “la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Electricaribe” y estableció que esa intervención se alargaría como mucho hasta el 14 de marzo. El pasivo de la compañía asciende ahora a 750 millones de euros, la gran mayoría correspondientes a entidades financieras.
Ante esta resolución, el grupo español tiene previsto recurrir a un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). La reclamación partirá del agujero de 1.259 millones de euros de la filial cuando perdió el control. A esa cantidad habría que añadir inversiones y perjuicios. GNF, que tiene provisionado el 83%, reclasificó su participación en Electricaribe como valor activo financiero por su valor contable de 475. “Obviamente, la reclamación internacional se hará por la totalidad de su justo valor, que es muy superior”, reconoce la empresa en un comunicado.
Mientras prepara las acciones, la empresa española trata de llegar antes a un acuerdo para que el Gobienro colombiano deje sin efecto la medida. Según un comunicado, la firma española considera que "la medida adoptada por la autoridad colombiana es contraria al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia conforme al Acuerdo de Libre Comercio e impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional".
En ese sentido, la firma ratifica su voluntad de mantener un diálogo abierto para alcanzar un acuerdo que, dotando a la empresa de un marco jurídico adecuado, establezca la necesaria regulación jurídica y económica que le permita continuar operando Electricaribe, y llevar a cabo las inversiones convenientes.
A su juicio, el Gobierno colombiano no puede ignorar que Electricaribe sufre una situación crónica de fraude e impagos desde hace años, con un impacto que asciende a 1.300 millones de euros, y cuya solución requiere el establecimiento de un marco jurídico seguro y razonable. La inversión de Electricaribe entre 2011 y 2015 ascendió a 255 millones de euros, que podría haber sido tres veces mayor de haber contado con medidas del gobierno para atajar el grave problema de fraude e impago señalados.
En 2016 Colombia recibió tres demandas ante el Ciadi de American Mobil (la firma mexicana de Carlos Slim), la estadpounidense Glencore y la canadiense Eco oro Minerals.
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